La Justicia suele simbolizarse con una mujer con los ojos vendados, como muestra de imparcialidad; pero ese símbolo, que fue convertido en estatuas y sellos para decorar  Tribunales, se torna cada vez más difuso para el ciudadano de a pie. Sobre todo cuando un fallo no cumple con las expectativas de justicia que se espera.

El femicidio de Gisela López, la joven de Santa Elena que fue asesinada en abril de 2016, podría ubicarse entre los casos entre los que la Justicia, literalmente, no ve y tampoco escucha. No ve las pruebas que se le presentan, no valora globalmente las declaraciones de los testigos, no analiza “a la luz de la sana crítica racional”, como dicen los jueces en sus fallos judiciales. Para el Ministerio Público Fiscal, en el caso Gisela, el Tribunal que absolvió a los tres acusados cometió serios errores al valorar las pruebas.

“No existiendo testigos ni otras pruebas directas, ni indicios cargosos, categóricos, concordantes, graves, y unívocos que sindiquen claramente a los imputados como autores del sometimiento sexual y homicidio de la víctima, que nos permitan alcanzar la certeza necesaria e imprescindible para arribar a una sentencia de condena, y por consiguiente a la aplicación de una pena, se impone el dictado de la absolución de los imputados Mario Saucedo, Elvio Saucedo, y Matías Vega por los hechos que se le atribuyen”.

Con esas palabras, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Ricardo Bonazzola, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke, absolvió el 16 de mayo de este año, a los tres acusados del femicidio de Gisela López, la joven santaelenense de 19 años que desapareció el 22 de abril de 2016 y fue encontrada muerta 18 días más tarde, el 10 de mayo, en una descampado conocido como El Bajo, sobre la avenida Presidente Perón, cerca de su casa, en el barrio 120 Viviendas.

Sin embargo, los fiscales Carolina Castagno –de Coordinación interina- y Santiago Alfieri –de La Paz- , consideran que sí existen elementos para condenar a los Saucedo y a Vega.

Por esa razón, los representantes del Ministerio Público Fiscal interpusieron un recurso de Casación con el objetivo de que se revoque la sentencia que dejó en libertad a los Saucedo –padre e hijo- y Vega, acusados de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de autores en concurso ideal, con homicidio agravado, por tratarse la  víctima de una mujer en situación de violencia de género.

¿Dónde mataron a Gisela?


El lugar en el que fue hallado el cuerpo de Gisela fue motivo de discusión durante el juicio que se realizó en mayo de este año. Para Roberto Alsina, abogado defensor de los acusados, la joven fue asesinada en el lugar en el que fue encontrada, es decir, en la zona de El Bajo, y que en el hecho nada tuvieron que ver los Saucedo y Vega; la fiscalía, por su parte, planteó que los aberrantes hechos sucedieron en la casa o en el predio de Mario Saucedo, y que luego trasladaron el cuerpo al descampado donde finalmente fue encontrado.

El Tribunal coincidió con la defensa de los acusados, al considerar que “luego de un exhaustivo análisis del material probatorio y confrontando éste con los argumentos expuestos por las partes, de manera categórica concluyo a la luz de la sana crítica racional que le asiste razón a la hipótesis de la defensa, en cuanto a que todo el desarrollo del suceso se produjo en la zona de la desaparición de Gisela y el desenlace inmediatamente después de la captura violenta de la joven víctima, descartando de plano toda posibilidad del traslado de la misma hacia la casa de Mario Saucedo para someterla sexualmente, darle muerte y trasladarla nuevamente al lugar donde finalmente fue hallada, como postula el Ministerio Público Fiscal, por cuanto tal hipótesis carece de asidero probatorio objetivo, científico y resulta no sólo inverosímil sino contraria a toda lógica”.

Pero ahora los representantes Ministerio Público Fiscal atacaron el fallo en un pormenorizado escrito en el que desglosan lo que se discutió en el juicio. Hay una serie de detalles que los jueces no observaron y la fiscalía los puso de resalto. Algunos no pueden ser reproducidos, por respeto a Gisela, sus familiares y amigos.

No obstante, hay otros puntos remarcados por los acusadores públicos que pueden darse a conocer al público. En el recurso de Casación, los fiscales Castagno y Alfieri, señalaron, por ejemplo, que el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Gisela fue un montaje, y que el abuso sexual violento y el asesinato de la joven se dio en el predio habitado por los Saucedo, y que luego dispusieron el cuerpo en el descampado en la madrugada del 23 de abril de 2016 –Gisela fue vista por última vez el 22 por la noche-.

Destacaron los dichos del comisario Gabriel Doro, quien dijo que cuando fue al lugar donde se halló el cuerpo lo primero que vio fue una bota que le pareció que “estaba fuera de escena porque estaba encima de la vegetación, y además tenía muy poco material encima”.

La pregunta que se formuló la fiscalía fue ¿cómo una bota puede permanecer demasiado limpia en medio de un terreno húmedo y con vegetación? E incluso se precisó que la suela de la bota no tenía tierra adherida. Ese detalle, que parece nimio, sumado a que según los investigadores esa zona fue rastrillada, llevó al comisario a concluir que el cuerpo de Gisela no estuvo 18 días en el mismo lugar.

La fiscalía recordó que un informe de la División Química Forense y Toxicología de la Dirección Criminalística, concluyó que “las condiciones de la bota hallada en el sendero son bien distintas a las condiciones en que se encontraban los restantes elementos y prendas de vestir de la víctima”.

Para la fiscalía, el Tribunal también omitió lo dicho por el policía Ignacio Scaldaferro, quien sostuvo que se había rastrillado el lugar donde finalmente fue encontrado el cuerpo.  Además, recordó una conversación que mantuvo con Mario Saucedo el 9 de mayo de 2016, es decir, un día antes del hallazgo de la joven. “¿La buscaron bien en la parte honda? ¿no estará muerta? ¿la buscaron bien, bien en el monte?”, le habría dicho Saucedo a Scaldaferro, mientras le señalaba la zona en donde al día siguiente encontraron a Gisela.

El Tribunal, en cambio, consideró que esa declaración no aportó nada contra Saucedo. Respecto de los demás testimonios -17 de la fiscalía y 9 de la defensa-, los consideró carente de “fuerza probatoria y de la consistencia necesaria para fundar una acusación seria y, por ende, una sentencia de condena”.

Entorpecimiento policial


En el recurso, la fiscalía señaló que el Tribunal que absolvió a los acusados tuvo en cuenta los resultados negativos que arrojaron los procedimientos que se realizaron en la vivienda de Saucedo, padre e hijo, donde también habitaba Vega. No obstante, hicieron énfasis en que no se tuvo en consideración que “lo manifestado por los testigos en el marco del debate, en relación a la complicidad policial que entorpeció la investigación”.

Los acusadores recordaron que abrieron una investigación por falso testimonio y amenazas sobre Jorge Riquelme, alias “Carpincho”, que presta servicios en la División Investigaciones de la Jefatura de La Paz. Riquelme es hermano de la mujer de Mario Saucedo y tío del imputado Elvio Saucedo.

Testigos de oídas


En otro orden, la fiscalía resaltó las coincidencias de los relatos de tres testigos indirectos, que no se conocen entre sí, con las pruebas recolectadas, que llevan a desvirtuar la presunción de inocencia de los imputados. Por ejemplo, indicaron que dos de esos tres testimonios dieron detalles de cómo fue asesinada Gisela, y que lo sabían incluso unos días antes de que el cuerpo de la joven fuera hallado.

Esos testigos, sin embargo, no fueron valorados por el Tribunal por el hecho de que sus dichos no fueron ratificados por las personas a quienes se los escucharon decir, que paradójicamente tienen vínculos con los imputados.

Los tres testigos sostuvieron que Gisela fue retenida y abusada en el predio de Mario Saucedo. Además, todos ponen en escena a Vega, y uno de los testigos involucra a Elvio y a otras personas, detalla la fiscalía en su presentación.

Pero el Tribunal descartó sus dichos porque sus fuentes los contradijeron. La fiscalía cuestionó que no se haya soslayado quienes son las personas que dieron la información a los testigos y señalaron el vínculo que las une a los imputados. Una testigos se lo escuchó decir a Rocío Altamirano, pareja del imputado Vega; otro a Claudia Figueredo, expareja de Vega; y el tercero a la madre de Rocío, Mónica Barreto.

Conclusión


Por todo ello, y otros puntos que por su sensibilidad son irreproducibles, la fiscalía consideró que el Tribunal efectuó “un razonamiento que viola reglas elementales de la lógica formal; la regla de la no contradictoriedad, la ley de derivación lógica y el Principio de razón suficiente, inobservando así las reglas básicas de la sana crítica racional, dado que, pese al esmero argumentativo demostrado, puede afirmarse que no se realizó un análisis sistemático del cúmulo de elementos recabados para comprobar la autoría de los imputados, Mario Andrés Saucedo, Elvio Andrés Saucedo y Matías Alejandro Vega, en los hechos endilgados, sino antes bien, se optó por realizar un análisis fragmentario de la prueba producida, que condujo al fallo desincriminatorio”.

“Se recurre en Casación porque se considera que el Tribunal Superior debe custodiar la aplicación de estas reglas en la fundamentación de las sentencias, y verificar si, en su motivación, se han observado los principios lógicos que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuáles son verdaderos o falsos”, agregaron los fiscales en el recurso de Casación presentado y al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora.

En el escrito, los fiscales remarcaron que sostuvieron la acusación sobre los tres imputados “por haber considerado que con las probanzas producidas en el debate y las incorporadas al contradictorio, se logró acreditar en el grado de certeza que demanda este estadio del proceso, la participación de los mismos en carácter de autores, en el brutal atentado contra la integridad sexual de la joven, Gisela Alejandra López, y su muerte violenta”.

Mientras tanto, para la familia de Gisela, y la ciudadanía de Santa Elena, la justicia no ve y no escucha.

 

 

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.