“El valor que hay que sopesar es el grado de confianza o desconfianza que se puedan depositar en los imputados. Y la confianza o desconfianza no pueden fundarse en las calidades personales o en el desenvolvimiento en la vida privada. Acá, la mayoría es padre de familia y trabajadores, pero dentro de los estadios de fútbol son barras, donde media el fanatismo, y vaya a saber si también el consumo sustancias psicoactivas”.

Esas palabras fueron parte de los argumentos que brindó el viernes 1º de diciembre el juez de Garantías de Paraná, Mauricio Mayer, al resolver la prisión preventiva por 21 días, en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, para 13 barrabravas del club Patronato de la Juventud Católica.

A la cárcel fueron enviados César Follonier, Héctor Burgos y Claudio “Muñeco” Villagra, Diego Martínez y Enzo Martínez y Carlos Bravo, Sandro Godoy, Facundo y Maximiliano Altamirano, Cristian Andrés Ruhl, Jorge y Exequiel Luna y Gustavo Ríos.

Los hinchas están acusados de haber golpeado salvajemente a chicos y padres de un club de Strobel, en el partido entre el Rojinegro y Unión de Santa Fe, que se disputó el sábado 25 de noviembre en el estadio Prebístero Bartolomé Grella.

Los fiscales Ignacio Aramberry y Martín Giunta les imputan los delitos de coacciones agravadas por el uso de armas, robo agravado por el uso de armas, lesiones graves, todo en un contexto de un espectáculo deportivo.

Acorde con el planteo de los fiscales , el juez entendió que en prisión domiciliaria o en libertad los imputados podrían boicotear o frustrar la producción de pruebas en su contra. Los defensores manifestaron su desacuerdo e interpusieron un recurso de apelación para que se declare nula la resolución y se morigere la medida impuesta a los imputados. Ahora, los abogados esperan que se expida sobre el asunto y evalúan presentar un “pronto despacho”.

Corina Beisel, abogada de Diego Martínez y Enzo Martínez y Carlos Bravo, rechazó los fundamentos del magistrado y señaló que espera que conceda el recurso de apelación interpuesto para discutir en el tribunal de alzada una morigeración de la prisión preventiva.

Para la abogada, la conceptualización de barrabrava que formuló Mayer fue “absolutamente prejuiciosa”. “No está acreditado que pertenezcan a una barrabrava. Nada podemos decir si no acreditamos nuestros dichos. El juez sobrevoló en cuestiones generales porque se refería a un colectivo. Conociéndolo al juez Mayer, y su postura apegada a las garantías, esperaba otra cosa”, consideró.

En esa línea, cuestionó las expresiones del juez en cuanto a que “estos grupos generalmente consumen alcohol y estupefacientes y que en este estado pueden hacer cosas”.

“Eso fue un recurso que el juez tomó para fundamentar una prisión preventiva que sabía que carecía de fundamentos, y que además de ser prejuiciosa no está apegada a la evidencia que hay en la causa. Porque no está acreditado que estas personas hayan estado alcoholizados o bajo los efectos de estupefacientes”, dijo la letrada.

Beisel señaló que esperan que el juez resuelva cuanto antes si admite los recursos de apelación o los rechaza. “Lo que estábamos evaluando con el resto de los defensores es presentar un escrito para que el juez se expida a la brevedad”, señaló en diálogo con Entre Ríos Ahora.

Uno de los agravios de Beisel contra la resolución fue que Mayer haya considerado que los imputados pertenezcan a una barrabrava: “Él se refiere a los imputados como si pertenecen a un colectivo. Si concede el recurso, me voy a explayar en la audiencia que se fije ante el juez de alzada. Mayer convalida el planteo del fiscal, que para mí carece de solvencia en cuanto a la fundamentación, porque detienen a 13 personas por el solo hecho de aparecer en los videos”.

“La imputación no está bien formulada porque no se individualiza qué hizo cada uno. El fiscal dice que no se individualiza porque cada uno aporta con su accionar a un nexo causal. Para hacer una imputación, así sea general, tiene que particularizar al menos cuál fue el rol que le cupo a cada uno, sino estamos ante un embuste”, sostuvo.

En relación a la acreditación de los riesgos procesales, la abogada dijo que el juez no valoró “en forma individual de las personas imputadas” y agregó que en otras jurisdicciones “eso ha sido materia de pronunciamientos de nulidad”.

“Fundamentación vergonzosa”


Juan Carlín, es defensor oficial y en esta causa asiste a Sandro Godoy, un hombre de 37 años, con nueve hijos y que trabaja en una empresa de la construcción. En la audiencia del viernes 1º solicitó al juez que se autorice a su defendido asistir a su trabajo, pero no obtuvo una respuesta favorable a esa pretensión.

Consultado por Entre Ríos Ahora, dijo que la resolución de apelación “debería haber salido el viernes o el sábado”. Al igual que Beisel, para el defensor oficial la fundamentación de Mayer sobre barrabrava fue “vergonzosa y prejuiciosa”, porque “estamos hablando de la libertad de 13 personas que trabajan y tienen familia y que no se ha determinado quién ha sido parte de los hechos”.

En ese sentido, recordó que su defendido tiene nueve hijos, trabajo en blanco, que no tiene antecedentes penales y que transfiere en cuota alimentaria entre 14 y 15 mil pesos por mes.

“Si pierde el trabajo debería hacerle un juicio al Estado”, manifestó, al tiempo que agregó que esa posibilidad está fuera de su órbita y que de darse el caso su defendido debería hacerlo con un abogado particular.

“Dentro de los 13 hay gente que golpeó, gente que no hizo nada y gente que acompañó a la masa”, sostuvo Carlín y resaltó que en los videos se observa que “no son los 13 los que pegaron, y en ningún momento estamos en la situación que manifiesta la fiscalía de que hubo palos y cuchillos”.

Por otro lado, el defensor oficial consideró que la “presión de la opinión pública pesó” en la decisión del juez Mayer. “Tenía decidida la prisión, y básicamente no nos escuchó”, planteó.

Finalmente, el representante del Ministerio Público de la Defensa planteó que “para el Derecho Penal no son graves los hechos que se imputan, tiene todas penas condicionales, pueden terminar con una probation. No estamos hablando de un homicidio o robo con arma como pinta la fiscalía”.

“Podemos decir toda la vergüenza que nos da que esto ocurra, de ahí a tratar de homicida a estos muchachos falta muchísimo, más cuando Gustavo ‘Petaco’ Barrientos –ex líder de la barra- por dos muertos tiene once años de condena”, cerró.

 

 

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.