La carátula de la causa reúne a varias figuras del urribarrismo. “Urribarri Sergio D. , Báez Pedro A., Aguilera, Juan P., Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo F., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

 

La causa tiene pedido de elevación a juicio, pero ese trámite, último antes de sentar en el banquillo al exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, por ahora debe esperar. Los defensores de Urribarri han planteado un recurso de excepción por falta de acción: entienden que no hay delito para investigar y piden que el caso se  cierre.

El asunto se debatirá este lunes, a las 9, en audiencia pública en los Tribunales. Será una audiencia, entonces, para debatir un recurso de los defensores de Urribarri -Raúl Barrandeguy y Marcos Rodríguez Allende-, quienes han planteado una excepción por falta de acción, lo cual  significa que la Fiscalía no tiene argumentos para acusarlos por cuanto las acciones que les reprochan en la Justicia por irregulares ya han sido aprobados por el Tribunal de Cuentas y la Contaduría.

 

¿Y qué les reprochan a Urribarri, Báez, Aguilera y todos los demás en la Justicia?

El jueves 1° de febrero, los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la que también está directamente comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez.

El pedido de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: la petición de desafuero para los diputados Urribarri y Báez ; y un adelanto de la solicitud de la pena que harán durante el debate en juicio, 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y también para el cuñado Aguilera.

Más todavía: la Justicia resolvió, como medida preventiva, embargar a Urribarri en $26 millones.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.