La diputada María Alejandra Viola (Cambiemos) cuestionó la aprobación de la Ley de Responsabilidad del Estado, venida en revisión de la Cámara de Senadores. La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo,  ya había cosechado el rechazo de los diputados del bloque Cambiemos en una instancia anterior. Pese a eso, este martes fue aprobada por el cuerpo.

“No estamos dando garantías a los justiciables sobre la igualdad de trato ante la ley”, alertó Viola y puso como ejemplo la tragedia de Once: “Ese hecho derivó en un cambio abrupto sobre el tratamiento de la ley de responsabilidad del Estado. Se pretendía incorporar la responsabilidad del Estado al Código Civil y Comercial argentino y ese fatal accidente hizo que se sabotee el anteproyecto de ley”. En el mismo sentido, sentenció: “Dar este paso no es de justicia social, porque no estamos permitiendo la reparación integral del daño donde el Estado es responsable”.

 

“En la primera instancia nuestro voto fue negativo porque este proyecto trabaja a medias sobre una materia que sí es competencia de la Legislatura Provincial, como es el tema de Responsabilidad del Estado en cuanto ente administrativo. Pero la otra mitad del tratamiento de este proyecto es ajena a la Legislatura Provincial porque hace referencia al tema daños y es materia de competencia nacional y debió ser tratada en el Congreso de la Nación. De allí deviene el conflicto en el que nos encontramos”, planteó Viola en el recinto de la Cámara este martes.

 

Si bien la iniciativa ya pasó por el Senado Provincial y volvió con ciertas modificaciones a Diputados, a criterio del bloque Cambiemos, no está saneado el problema de origen: los daños, que son materia de derecho público nacional. “La ley nacional, cuando se trató el proyecto, recibió muchas críticas de todos los opositores porque estaban limitando la responsabilidad cuando el que causa el daño es el Estado. Sí queda claro que frente a un hecho dañoso el Estado debe responder. Cuando los jueces tienen que determinar la responsabilidad del que causó el daño, tienen que hacer el ejercicio de considerar quién lo causó y ahí se dirige a las normas locales. Por eso son dos aspectos: uno local y otro de derecho común, por eso es conflictivo el proyecto”, desarrolló.

 

En esa línea, la diputada acotó que “lo que menos ocurrirá es la certeza con este proyecto convertido en ley”. “Vamos a dejar a quienes sufran un daño de parte del Estado, con el criterio que cada uno de los Estados locales reglamenten en materia de daños. Al estar trayendo de manera irregular un aspecto que es del derecho común para ser legislado y reglamentado por cada Legislatura y en caso máxime los municipios con sus cartas orgánicas. Por lo tanto, dependerá el criterio de responsabilidad del lugar donde sufran los entrerrianos un hecho dañoso. Esto es justamente lo contrario a certeza, es más bien una situación de incertidumbre. No le damos garantía a los justiciables ni tendrán igualdad de trato ante la ley”, lanzó.

 

Desigualdad ante la ley

 


Viola se ocupó de remarcar por qué consideran que habrá desigualdad ante la ley. “Se dará en casos muy concretos. Esta norma se fue al Senado y volvió incluso con más recortes de los que tenía uno de sus artículos”, señaló y puso como ejemplo “el Estado no será responsable por el hecho de los concesionarios de servicios públicos, como en obras de construcción. ¿Imaginen a dónde nos llevaría esto?”, preguntó. “El Estado contratará empresas sin el más mínimo control sobre ellas y eso es peligroso porque estamos dejando aparte la situación de la víctima que tendrá que demostrar que el daño se produjo por tal o cual situación irregular y se invierte la carga de la prueba. Es decir no sólo sufre el daño sino que tiene que probar en qué falló el Estado y más si tenemos una ley que dice que no a la responsabilidad del Estado en las concesiones públicas”.

 

De inmediato la legisladora puso otro ejemplo: “Pensemos en la tragedia de Once y refiero a ese hecho porque esa tragedia derivó en un cambio abrupto sobre el tratamiento de la ley de responsabilidad del Estado. Se pretendía incorporar la responsabilidad del Estado al Código Civil y Comercial argentino y ese fatal accidente hizo que se sabotee el anteproyecto de ley. Mágicamente aparecieron estos tres artículos que dar origen a la gran dificultad que tenemos hoy. No la podemos tratar en la Legislatura provincial. Fíjense el artículo sancionado del Código Civil y Comercial de la Nación, el 1764”, invitó.

 

En su alegato de rechazo, Viola indicó que la reparación sería distinta si al daño lo sufre un alumno de una escuela privada o un alumno de escuela pública. “Si el daño ocurre en escuela pública el Estado puede eximirse de reparar alegando fuerza mayor, hecho fortuito, culpa de la víctima o acreditando causa ajena. En cambio, el Código Civil argentino establece que los titulares de los establecimientos educativos privados sólo se eximen en casos fortuitos. Damos más amplitud de reparación para una persona en el ámbito privado que en el ámbito público. Por eso es lo contrario a la igualdad ante la ley”, subrayó.

 

 

 

La presidenta del bloque Cambiemos instó a observar el Código Civil y Comercial de la Nación por incongruencias. “Manda a que se regule en las provincias el mismo proyecto que estamos tratando y hace referencia a la aplicación subsidiaria del Código Civil. Es una contradicción tras otra porque hay contradicción de origen”, cuestionó.

 

Ni la ley nacional ni el proyecto de la provincia “van más allá de una mera actividad reparatoria”, calificó la diputada. “No tienen ningún artículo ni la función preventiva ni la función disuasiva. Muchas actividades lícitas del Estado, por ejemplo en medio ambiente, no hay acciones preventivas. Tampoco hay acciones disuasivas en cuanto a los funcionarios del Estado y las responsabilidades de ellos, pero si la norma no tiene elementos disuasivos que obligue a los funcionarios a tener las mayores precauciones -por ejemplo cuando se conduce un vehículo-”, planteó.

 

Los jueces civiles tendrán que fallar con criterios distintos

 

Por otro lado, Viola se explayó sobre la “situación que estamos en la provincia” y explicó: “Si una persona que sufre un daño causado por el Estado Provincial, tendrá que acudir a los tribunales del derecho civil. Allí se encontrará con un juez que todos los días aplica derecho de daño nacional, el derecho común, que tiene como meta máxima la reparación integral del daño. Pero como en este caso el Estado Provincial es el responsable, ese juez tendrá que sacarse el chip de modo derecho común y colocarse el chip de modo derecho del Estado y fallar de una manera diferente. Le vamos a pedir un sacrificio muy grande a esos jueces civiles que están preparados para la competencia civil que es la del derecho común. Eso en una primera instancia”.

 

En referencia a una segunda instancia procesal, las víctimas “tendrán que acudir a los estrados de las cámaras contencioso administrativas y en tercera instancia vuelven a la Sala del Derecho Civil del Superior Tribunal de Justicia”, describió. “Es un enredo hasta para los mismos profesionales del derecho y el criterio que tendrán que aplicar”, insistió.

 

La diputada advirtió que el problema “se saneará haciendo una presentación judicial en sede Civil, planteando la inconstitucionalidad de los tres artículos y terminará la Corte Suprema definiendo este rompecabezas en el que estamos todos los entrerrianos y los argentinos”; y sentenció: “Dar este paso no es de justicia social, porque no estamos permitiendo la reparación integral del daño donde el Estado es responsable”.