La jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata rechazó este domingo el recurso de reposición que presentaron los defensores de Alejandro Almada, funcionario del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados implicado en la causa de los contratos truchos. De ese modo, no hizo lugar al pedido de prisión preventiva en la modalidad domiciliaria, y en función de eso lo envió a que cumpla esa medida, por un plazo de 90 días, a la Unidad Penal N° 1.

La jueza Barbagelata le aplicó prisión preventiva y lo envió a la cárcel el sábado 15 de diciembre, aunque gozó de la domiciliaria, durante diez días, en función del nacimiento de su hija. Cumplido ese período de gracia, este domingo debía ingresar a la cárcel. Aunque sus defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, intentaron un último recurso para evitar que esa medida se cumpliese.

“Desde el 15 han sucedido actuaciones judiciales que han hecho que hayan variado las situaciones en las cuales se encontraba Alejandro Almada, para quien había sido dispuesta su detención en la Unidad Penal N° 1 luego del nacimiento de su hija”, dijo Cullen este domingo, en audiencia ante la jueza Barbagelata.

Cullen pidió que se mantuviese la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria para Almada, y lo fundó en dos razones: una cuestión “humanitaria”, para acompañar a su esposa, que dio a luz a una niña por cesára, y para evitar gastos al Estado, ya que está en trámite un habeas corpus que dispuso esa medida menos gravosa para otros siete implicados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, entre ellos Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, y cuñado de Almada.

El habeas corpus había sido planteado en principio en favor de Aguilera y del exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, Gustavo Pérez, pero cuando tuvo resolución favorable por parte de Mayer, se hizo extensivo al resto de los detenidos en la cárcel que, así, comenzaron a gozar de arresto domiciliario con tobilleras electrónicas.

Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro se opusieron de modo cerrado a esa posibilidad. Aramberry, además, cuestionó el trámite que le dio al habeas corpus el juez de Garantías Mauricio Mayer, que el lunes 23 dispuso la domiciliaria para siete implicados en la causa de los contratos truchos que cumplían, hasta entonces, preventiva en las unidades penales del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. “El Ministerio Público Fiscal no tuvo acceso a ese trámite, plagado de irregularidades”, comentó. “No hay circunstancias que autoricen la medida de sustitución de la prisión preventiva”, agregó.

La fiscal Yedro contestó uno de los argumentos de la defensa, que la Unidad Penal no contaba con pabellón en condiciones para separar a Almada del resto de los condenados, tal como ordena la Constitución.

La jueza Barbagelata no sólo rechazó el planteo de la defensa -y de ese modo confirmó lo resuelto el sábado 15 y mandó a la Unidad Penal a Almada- sino que además hizo un duro cuestionamiento al accionar del juez Mayer.
“Entiendo que la resolución de habes corpus que adoptó un juez, en el marco de este proceso, es una resolución que invade áreas de competencia y jurisdicción haciendo valoraciones respecto a una decisión que no estaba a su cargo hacer”, dijo la magistrada después de oir a las partes.
Más aún, hizo una fuerte crítica a su colega al sostener “la forma de cumplir la preventiva era un tema sobre el que el doctor Mayer no podía introducirse”. Y dijo que el objeto de tramitación del habeas corpus debió ser verificar las condiciones en que se cumplía la prisión preventiva que Barbagelata había ordenado el sábado 15 para el cuñado Aguilera, su cuñado, Alejandro Almada, y el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso.

De los tres, sólo Aguilera fue a dar a la cárcel. Almada gozó, hasta este domingo, de prisión domiliciaria por el nacimiento de su hija, en tanto que a Cardoso se le impuso desde un principio la domiciliaria.
La jueza sostuvo que el recurso que dio tramite su colega Mayer fue “verificar si estaba o no dado el agravamiento en las condiciones de detención. Cualquier decisión que se excediera de eso era un ámbito sobre el que no tenía jurisdicción”.

“Respeto profundamente el modo aguerrido en el que la defensa postula los derechos de su defendido -continuó-. Pero de ningún momento entiendo que postular por la defensa determinadas situaciones deba tener acogida de parte de un juez”. Y agregó: “Ha sido un error haber acogido el habes corpus”.

Y defendió el principio del “juez natural” y de ese modo fustigó la intromisión de Mayer al disponer las prisiones preventivas domiciliarias el lunes 24.

Después, fue más al hueso y aseveró: “La igualdad ante la ley debería ser que todos estén en la Unidad Penal, separados de los condenados o no, según decidieran las personas sometidas a este proceso. Esa es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley no es darle domiciliaria a quienes están sospechados de haber sustraído grandes sumas de dinero”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.