Entre Ríos está ubicada entre las siete provincias que en el país aplican un protocolo de actuación en casos de aborto no punible con “restricciones”, según un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ello es así aún cuando distintas organizaciones, entre estas Amnistía Internacional, han reclamado que el Ministerio de Salud acceda a aplicar los parámetros que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En marzo de 2012 se aprobó en la provincia un protocolo de atención de los casos de aborto no punible, elaborado por la gestión del exministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour.

Fue a partir del fallo que dictó ese año la Corte Suprema en el caso “F.A.L. s/Medida Autosatisfactoria”.

La sentencia puso blanco sobre negro, y aclaró el contenido del artículo 86º del Código Penal, que prevé la práctica del aborto “terapéutico” o “no punible” en casos de violación o cuando haya riesgo de vida para la mujer. Y dejó en claro que no se necesita ningún recurso judicial para hacer cumplir la ley.

La Corte, además, exhortó a las provincias a redactar sus propios protocolos para evitar que esas confusiones siguieran reproduciéndose hacia el interior de los sistemas de salud. Entre Ríos redactó su propio protocolo, que cumple en parte con aquel mandato judicial.

Pero distintas organizadores, entre estas Amnistía, han pedido la derogación de ese protocolo, y la aplicación de uno que respete el contenido del fallo de la Corte.

Lo que se reprocha es que el protocolo entrerriano prevé el aborto sólo en casos de violación, pero no cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer.

Según el CELS, a cuatro años de aquel fallo de la Corte, todavía hay ocho provincias sin protocolo y siete lo han dictado, pero con restricciones, como Entre Ríos.

La resolución Nº 974, que dictó el Ministerio de Salud en 2012, estableció que el acceso a la práctica del aborto no punible “deberá guiarse por los principios de no judicialización, justicia, autonomía, confidencialidad, privacidad y no maleficencia”. Y para llevarla a la práctica, “no deben requerir la intervención y/o autorización judicial”.

Pero la aplicación de ese protocolo fue considerado restrictivo por distintas organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional que en 2015 pidió al exministro Carlos Ramos una reforma, aunque sin éxito. La organización sostuvo que el protocolo provincial contraría el texto de la resolución de la Corte, que sólo exige una declaración jurada de la víctima de una violación.

El protocolo de Entre Ríos impuso “requisitos adicionales”, como la actuación de un equipo interdisciplinario, que certifique que la mujer ha sido efectivamente violada, y además requiere la intervención del director del hospital, que debe autorizar la práctica. Además, Amnistía hizo notar que el protocolo provincial “regula únicamente el aborto permitido en casos de violación” pero no incluye el aborto permitido “en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer”. Y así, eludiendo un derecho contemplado en la ley, “promueve la confusión en los médicos respecto a la forma de proceder para este segundo supuesto”.

 

Pero también reprochan que el protocolo “incorpora un requisito adicional para acceder al aborto legal para los casos de violación, en tanto exige la verificación del abuso sexual por parte de un equipo interdisciplinario. Esta circunstancia es absolutamente arbitraria puesto que la Corte Suprema establece como único requisito para acceder a la práctica de aborto, en casos de violación, una declaración jurada de la mujer”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.