La organización pro vida Fundación Agencia Interamericana del Derecho a la Vida volvió a sufrir un revés en los Tribunales de Concordia en su propósito por convertirse en querellante en una causa que es la agente y que se instruye para determinar responsabilidades en la violación de una nena de 13 años que, por eso mismo, accedió a una práctica de aborto no punible en el Hospital Delicia Concepción Masvernat en noviembre último.

Se trata de una causa que tramita el fiscal José Arias y que se originó a partir de una presentación del defensor oficial Eduardo Javier Garay.

La decisión la adoptó la camarista Carolina López Bernis, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, que de ese modo confirmó la decisión adoptada por un magistrado de primera instancia, el juez de Garantías Francisco Rafael Ledesma. López Bernis sostuvo que la apelación interpuesta por la Fundación Agencia Interamericana del Derecho a la Vida contuvo argumentación que “no son más que una mera disconformidad con lo resuelto, la mayoría de los cuales han recibido ya tratamiento por parte del Tribunal respectivo, y que no alcanzan a conmover el resolutorio que se ataca, encontrándose en el caso de marras plenamente garantizado el acceso a la jurisdicción y tutela judicial efectiva de las víctimas y personas sobre las cuales podrían haber influido las conductas penalmente investigables”.

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La magistrada no encontró razones en la pretensión de la fundación pro vida, que tiene domicilio en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en constituirse como querellante. En su resolución, sostuvo que “partimos de considerar que para ser legitimado como querellante es de regla que se trate del ofendido, o sea del titular del bien jurídico que el delito afecta o de quienes sin ser víctimas u ofendidos se encuentren directamente damnificadas por el delito, como por ejemplo la esposa del fallecido en caso de homicidio, y en el caso de incapaces, a través de su representantes legales (…). Así fácil es concluir que le asiste razón al Sr. Juez Aquo al rechazar la pretensión de ser tenido por parte querellante del recurrente, lo que resolvió luego de un desarrollo pormenorizado y coherente de las consideraciones pertinentes para la solución del planteo, motivando suficientemente su decisión, la que en lo esencial se comparte”.

La causa que investiga el delito de violación se formó luego de la práctica de ese aborto en el Hospital Masvernat, que, a su vez, fue eje de una polémica durante diciembre pasado. Y llevó a los grupos pro vida de toda la provincia a exigir públicamente al gobernador Gustavo Bordet la renuncia, primero, de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y la derogación, después, del protocolo de aborto no punible que rige en Entre Ríos, y que responde al fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2012. El caso generó repercusión pública, y los pro vida hablaron de “una bebé” de “6 meses”, que tuvo “una sobrevida de 10 horas” en referencia al feto.

Al relato de la “sobrevida de 10 horas” se había sumado sin vueltas la propia Iglesia de Concordia. El viernes 7, el Obispado de Concordia distribuyó un comunicado en el que sostuvo que “el bebé nació con vida y estuvo debatiéndose durante varias horas por seguir viviendo hasta que finalmente su corazoncito dejó de latir”.

En la causa que tramita la Justicia de Concordia, se presentó Guillermo Federico Magnasco, en su carácter de presidente de la Fundación Agencia Interamericana del Derecho a la Vida, con patrocinio letrado de los abogados Martín Centurión y César Bonato, y solicitó ser tenido constituido como querellante particular. Esa Agencia que representa Magnasco se constituyó el 27 de octubre de 2017, poco más de un año atrás, y entre sus objetivos, señala que está “contribuir al bienestar general de la sociedad a través de la promoción, observancia y defensa de los Derechos Humanos fundamentales, con especial énfasis en el derecho humano a la vida desde la fecundación y hasta la muerte natural, enunciados en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país con jerarquía constitucional”.

Magnasco le pidió al juez ser parte de la causa, y basado en “notas periodísticas”,  alude “a la supuesta práctica de un aborto a una adolescente en el marco del protocolo para su realización y como consecuencia de una violación, luego del cual un bebé nació, y que habría permanecido con vida aproximadamente 10 horas”.

Leída la presentación, y “más allá de lo novedoso del planteo en esta temática, debo hacer algunas consideraciones a los fines de resolver sobre lo interesado por el presentante”, dice el juez Ledesma en su resolución a la que accedió Entre Ríos Ahora.

¿Quiénes son los pro vida que insisten en constituirse en querellantes?

La fundación pro vida jujeña ya había conseguido otro rechazo en la Justicia en septiembre pasado cuando el titular del Juzgado N° 2 de La Plata, Adolfo Ziulu, rechazó un amparo que habían presentado contra el dictado de una cátedra abierta sobre aborto en la Universidad Nacional de La Plata.

“No se advierte que la presidencia de la Universidad incurra en arbitrariedad o ilegalidad manifiesta al crear la cátedra libre denominada Aborto: un problema de salud pública”, señaló el juez en su resolución.

En marzo de 2018, la Fundación fue noticia por un curioso amparo presentado en la Justicia de la provincia de Salta para pedir que se frenara el tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de legalización del aborto, que consiguió media sanción en Diputados pero que no prosperó en el Senado.

Ahora, pretendieron incursionar en la Justicia entrerriana pero la jugada les salió mal: deberán hacerse cargo del pago de honorarios y costas.

 

 

 

 

Foto: Red de  Familias Entrerrianas

De la Redacción de Entre Ríos Ahora