La Iglesia de Paraná comenzó a mandar emisarios y mensajes a las víctimas que denunciaron abusos por parte de miembros del clero.

Lo curioso es que esos movimientos se están dando demasiado tarde, cuando ya los distintos casos han avanzado en la Justicia.

Sergio Romero declaró el 9 de mayo último en el juicio oral al cura Justo José Ilarraz -finalmente condenado a 25 años de cárcel por abusos y corrupción de menores en el Seminario Arquidiocesano de Paraná- y entonces se supo que no era un mero testigo: también había sido abusado por el sacerdote, que desde el 21 de mayo cumple prisión preventiva domiciliaria hasta que la condena quede firme.

“Tito” Romero se exilió de Paraná en 2005 después de haber dejado el sacerdocio. Se fue ante el silencio atroz de la jerarquía eclesiástica y el ninguneo de muchos de esos pares. Le contó a Mario Maulión y a Juan Alberto Puiggari que Ilarraz lo había abusado. Ninguno le creyó. “Mi despertar sexual estuvo marcado por este hijo de puta”, contó, de modo lacerante, cuando relató su calvario.

Se fue a vivir al Sur, como hombre salido de la Iglesia. Allá lo acogió un sacerdote, que le dio trabajo en una escuela privada pero que cuando se enteró que se había puesto de novio lo puso en la calle. “Me escribió un cura de esta diócesis, del Alto Valle, y me pidió que nos encontremos porque lo llamaron de allá, del arzobispado de Paraná -cuenta, vía whatsapp, a Entre Ríos Ahora-.  Dice que me tiene que hacer unas preguntas por lo de Ilarraz, porque parece que hay una investigación eclesiástica, y quieren incluir mi caso en la denuncia que le están haciendo. Quedé en encontrarme en 15 días a más tardar, porque tengo que ir a Cipolletti, que está a 45 kilómetro de donde estoy, en General Roca.  Pero remover todo, la verdad no da, por eso le pedí tiempo”.

 

Sergio Romero fue sacerdote: en 2003 estuvo en San José de Feliciano, después en Hasenkamp, hasta que resolvió renunciar al sacerdocio. Había sido abusado en el Seminario por Ilarraz y cuando se lo contó a Puiggari nada cambió. “No le pareció tan grave lo que le conté, y lo suavizó al tema. No me creyó”, recordó.

“Me fui en 2005 y conté todo lo que me había sucedido. Se los conté a los superiores del Seminario y se lo conté a Puiggari y a Maulión. Me sacaron toda la información que pudieron, pero los veía más interesados en Ilarraz que en lo que me había pasado a mí. Esas son cosas que duelen. Pero, bueno, la tuve que pucherear solo. Hasta mi director espiritual me dijo: ´Andate, porque acá te van a cerrar todas las puertas´”, contó cuando volvió de Paraná a declarar en el juicio a Ilarraz.

Seis meses después de su declaración en Tribunales, la Iglesia salió de su letargo y está procurando abrir una investigación canónica sobre su caso. Sergio Romero no está seguro de querer abrirse ante los enviados de la curia.

Otro caso


Pero también la Iglesia busca acercarse de un modo peculiar a la víctima que denunció los abusos del cura Hubeimar Rua Alzate en Lucas González.

En septiembre último, el arzobispo Puiggari envió una nota al fiscal que investiga el hecho denunciado en Lucas González. “Si ve oportuno, le puede manifestar al denunciante el deseo de contactarnos con él, con la mayor discreción, para comenzar el proceso canónico”, le dijo en una carta al fiscal Federico Uriburu.

Ahora, llegó a manos del fiscal otra nota, esta vez firmada por la abogada canonista María Inés Franck, de la Comisión Arquidiocesana para la Protección de los Menores,  creada en julio de 2017 por Puiggari. “El convencimiento de que estos delitos generan en las víctimas una situación de extrema vulnerabilidad nos lleva a querer acercarnos con la mayor delicadeza posible, respetando en todo momento sus tiempos y preferencias”, dice la carta.

“En este aso, habiendo el Arzobispado de Paraná recibido el lunes 17 de septiembre pasado la confirmación oficial por parte de esa Fiscalía del inicio de una investigación sobre el Pbro. Hubeimar Alberto Rua Alzate con motivo de una denuncia sobre el delito de abuso sexual a un menor de edad en el ámbito de esta Arquidiócesis, como parte de la actitud pastoral de la Iglesia quisiéramos ponernos a disposición de la persona denunciante en todo aquello que pueda necesitar o requerir de nosotros”, señala la nota.

Y agrega:”Quisiéramos asimismo invitar a esa persona a que, si así lo desea, realice una denuncia también en sede canónica, a fin de que pueda ponerse en movimiento la investigación previa al inicio de un proceso sancionatoria en la Iglesia. Hasta el momento no tenemos ningún dato que nos permita acercarnos al denunciante, por ello le solicitamos que, si lo considera oportuno, le haga Ud llegar de alguna manera nuestra disponibilidad para entrar en contacto fraternalmente y ponernos a disposición para conversar en cualquier momento. Sabemos que este tipo de investigaciones deben llevarse a cabo con las reservas del caso, por eso dejamos a su consideración nuestro pedido, confiando en la ponderación que Ud. realizará del mismo”.

 

De momento, la Justicia no le ha respondido a Puiggari. Tampoco a la abogada Franck.

 

 

Foto: Arzobispado de Paraná

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.