“Claramente esta empresa pertenece a Báez”.

La afirmación fue dicha por la fiscal Matilde Federik durante una audiencia de apelación que se desarrolló esta mañana en Tribunales, en la que los defensores del exgobernador Sergio Urribarri y del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, reprocharon el procesamiento que dictó en su contra el 1° de marzo último el juez de Transición Gustavo Maldonado, en una causa que investiga la contratación de publicidad oficial con una firma que, al momento de firmarse la orden respectiva, no estaba creada.

Se trata de la empresa Global Means SA, del empresario Germán Buffa, quien a su vez maneja una franquicia en Paraná de Planeta Pizza, integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) y está sindicado como ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito. Ante un tribunal conformado por los camaristas Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, los defensores Raúl Barrandeguy, Marcos Rodríguez Allende y Candelario Pérez (Urribarri) e Ignacio Díaz (Báez) pidieron el sobreseimiento de sus representados, o, en su defecto, que se dicte la falta de mérito.

La fiscal Federik se opuso de modo cerrado a esa posibilidad. “Si bien los fundamentos del procesamiento (dictado por Maldonado) son escuetos no por ello son menos sólidos. Son inconmovibles”, afirmó. La representante del Ministerio Público pidió confirmar el procesamiento de Urribarri y Báez, que dictó el juez Maldonado, por entender que en el otorgamiento de una publicidad oficial por $118 mil, en julio de 2011, Urribarri y Báez direccionaron esa pauta hacia Global Means SA. Aún a sabiendas de que en ese momento esa empresa no tenía existencia real. “Lo que se direcciona es la contratación pública hacia una empresa inexistente en aquel momento”, subrayó.

Se trata de una causa que investiga los supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de una denuncia que hiciera en 2013 el diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D´Agostino.
Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. La orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.

El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.

Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva las firmas de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.

Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.

En la audiencia “in voce” que se realizó este viernes -y en la que participaron, por el Ministerio Público Fiscal, Matilde Federik y Patricia Yedro- se puso el acento en el modo extranísimo cómo el tándem Urribarri/Báez emitieron una orden de publicidad fechada el 1°de julio de 2011 y la propuesta de Global Means SA recién fuera hecha el 15 de julio de ese año. “Los defensores quieren presentar este hecho como un supuesto error material -dijo Federik-. Pero Global Means en esa fecha ni siquiera existía como sujeto en el mundo jurídico, menos existía frente a la AFIP como responsable ante el IVA”.

“Son estas irregularidades tan groseras lo que permiten sostener que hubo interés en contratar con una empresa que no existía”, apuntó. Al no existir como empresa, tampoco podía estar inscripta en el Registro de Medios, creado el 13 de febrero de 2008 por el área que dirigía Báez. “Ni siquiera estaba hecha la preinscripción en ese Registro. El 16 de septiembre de 2011 es la fecha del contrato de constitución de la sociedad Global Means SA. No se pudo haber inscripto el 1° de julio en ese Registro de Medios una firma cuyo registro de inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas se da recién el 16 de septiembre de 2011. Salvo que el señor Buffa tuviera poderes de adivinación, y supiera cuáles eran los números que le iban a asignar en Personas Jurídicas”, ironizó.

Luego, reprochó la declaración de los asesores legales del Ministerio de Cultura y Comunicación -Pablo Dimier, Walter Carballo y María del Carmen Teruel, “que vinieron a declarar y trataron de defender su propia negligencia”.

Pero además, el apuro por contratar no tuvo justificación, dijo Federik. “No se trató de publicitar una campaña de vacunación por el dengue. No se trataba de publicitar actos de gobierno. Báez quería acercarse a los ruralistas después del quiebre de la (resolución) 125. ¿Qué nivel de urgencia tenía esa publicación?”, planteó.

Pero además hizo notar que Global Means SA no sólo no estaba constituida como empresa, ni tenía inscripción en la AFIP, sino que tampoco tributaba en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

“Tal era el interés de Báez y de Urribarri para contratar, que decidieron correr el riesgo de sortear todos estos mecanismos”, planteó más adelante.

 

Negociaciones


En medio del debate, la fiscal Federik sorprendió con algunas revelaciones. “Existe prueba agregada al expediente, y que se va a agregar, ahora que hemos tomado el timón de esta causa, que nos permite sostener la relación directa entre Global Means y Báez”, señaló. Y para ello tomó parte de la declaración indagatoria del propio titular de Global Means SA, Germán Buffa, quien “dijo conocer al hijo de Báez, haber asesorado a la esposa, Sofía Riquelme; y al propio Báez para un emprendimiento de apart hotel”.

Riquelme y Buffa integran Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.

Innova Turismo SRL “sospechosamente fue creada en la misma época en que ocurrieron estos hechos. El 7 de septiembre de2011 se presentó un poder ante la AFIP que establece que el señor Buffa es el apoderado de esta empresa. Esto no es causal”, aseguró la fiscal.

La relación entre Báez y Buffa no sólo se da en base a los emprendimientos que tiene su mujer con el empresario pizzero, sino que el Ministerio Público Fiscal evaluó cruces de llamadas y estableció que hubo 166 contactos telefónicos entre ambos en el período que va de mayo de 2011 al 30 de enero de 2012. Luego, Federik mencionó la “frutilla del postre”: Buffa, como presidente de Global Means SA le otorgó autorización de manejo a un vehículo de la firma a la esposa de Báez, Sofía Riquelme, y al hijo del matrimonio, Francisco Báez.
“Claramente, la empresa (Global Means SA) pertenece al señor Báez”, concluyó.

Defensa


Los defensores de Urribarri y de Báez fueron por la anulación del procesamiento, que se dicte el sobreseimiento o, en su defecto, la falta de mérito.

“Acá se ha desconsiderado prueba de descargo”, dijo Raúl Barrandeguy, y en particular citó un informe del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. “No hay valoración de ese informe. Y eso nos agravia. El fiscal de Estado dice que se garantizó la legalidad del procedimiento y la debida intervención de la Contaduría. El importe fue abonado una vez emitida la publicidad. En todos los casos, la orden de pago emitida por la Tesorería fue debidamente intervenida por el contador auditor”, aseguró.

“Tenemos instrucciones de nuestro defendido de permitir cualquier medida de investigación. Pero pedimos el sobreseimiento. O en su defecto, si se decidiera continuar la investigación, que sea bajo la figura de falta de mérito”, planteó.

Su colega Marcos Rodríguez Allende puso de manifiesto los informes de los tres asesores jurídicos del Ministerio de Cultura y Comunicación. “De los tres testimonios jurídicos, de María del Carmen Teruel, Pablo Dimier y Walter Carballo, se coincide que las publicidades necesitan una rapidez, por eso la regla es la excepción. Esto no lo decimos nosotros, no lo dice Urribarri: lo dicen los representantes jurídicos del Ministerio de Cultura”, planteó.

“De los elementos probatorios -aseveró-, no tenemos ningún elemento que determine si efectivamente Urribarri conoce a Buffa. Menos podemos afirmar que Urribarri pretendía favorecer a Buffa. No hay ningún testigo, prueba documental, no hay firma, no hay nada en este sentido”.

El representante legal de Pedro Báez, Ignacio Díaz, cuestionó la falta de fundamentación del juez Maldonado al dictar el procesamiento. “La propuesta de Global Means aparece con una fecha posterior a la orden de publicidad. Y ha considerado el juez que esto es un error burdo, no haciendo lugar a la explicación que dio Buffa. Buffa dice que del Ministerio lo llaman para que corrija la propuesta, porque no estaba claro si era con IVA o sin IVA. Aclara esa situación, hace una propuesta, pero le pone la fecha de ese momento y no la fecha que hizo la propuesta. El mismo juez dice que puede haber un error. Pero lo denomina de esa forma, hay un error. Pero no lo satisface, porque hay otros elementos que conducen a la tipificación del delito”, sostuvo.

“Ni siquiera tomó las declaraciones de Dimier y Teruel, que dicen que fue un error. La normalidad es que haya propuesta y luego se dicte la orden de publicidad”, amplió.

La fiscal Patricia Yedro consideró que los informes de la Contaduría y del Tribunal de Cuentas, que no reprocharon el gasto, no son prueba suficiente y que no impiden que la Justicia avance sobre la cuestión penal.

El tribunal analizará los planteos de las partes, y resolverá, aunque no dio a conocer en qué fecha sucederá eso.

 

 

 
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.