La seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó su rechazo al texto del decreto N° 2.239, que dictó el Gobierno entrerriano el 1° de este mes, y que busca ordenar los límites de prohibiciones de fumigaciones en zonas rurales próximas a establecmientos educativos.

El gremio repudió ese decreto por cuanto “porque vulnera derechos humanos ambientales”. Y porque además  “acorta las distancias de fumigaciones (100 y 500 metros, respecto de los 1000 y 3000 resguardados por el amparo judicial), porque ignora los estudios científicos que demuestran el daño genético por exposición a agrotóxicos, porque establece áreas de restricción de pulverizaciones a partir de la clasificación toxicológica de un SENASA que desconoce los últimos estudios científicos sobre el glifosato y los juicios que condenaron a la empresa Monsanto por ocultar información”.

El Gobierno eligió el camino de la reglamentación de la Ley de Plaguicidas N° 6.599, que data de 1980, para superar el entredicho creado con las organizaciones ambientalistas, que en 2018 promovieron un amparo ambiental con el objetivo de frenar las fumigaciones en proximidades de las escuelas rurales de la provincia.

El artículo 2° del decreto N° 2.239 establece una “zona de exclusión” donde no se podrán realizar aplicaciones en un radio de 100 metros para el caso de las aplicaciones terrestres –el fallo vigente de la Justicia ordena que esa distancia sea de 1.000 metros- y de 500 meteros para las áreas –la Justicia estableció 3.000 metros- medidas desde el centro del  casco de la escuela rural.

Repudiamos este decreto porque deposita en las direcciones escolares la responsabilidad de veedor sanitario, porque insulta la memoria de cada niña, niño, docente rural, productor o ciudadano víctima de las fumigaciones.

El artículo 3° crea un “área de restricción” con la prohibición de aplicaciones terrestres de agroquímicos en un radio de 500 metros contados desde el límite de los 100 metros establecidos en el artículo 2°.   Y una segunda área de restricción de prohibición de aplicaciones de tóxicos de forma aérea “dentro del radio de 3.000 metros contados desde el límite de los 500 metros establecidos en el artículo 2°”.

Ese camino ya había sido anticipado a Entre Ríos Ahora por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes: la reglamentación de la Ley de Plaguicidas N° 6.599.

Esa ley, en su artículo 8° fija: “Toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros”.

Antes,  el Gobierno había intentado resolver el entuerto a través del decreto N° 4.407, dictado en diciembre de 2018 y declarado parcialmente inconstitucional por la Justicia, que fijó un límite de 100 metros para las pulverizaciones terrestres y de 500 metros para las pulverizaciones aéreas. Pero tampoco se seguirá el criterio judicial de las distancias de 1.000 y 3.000 metros.

Ese decreto fue consecuencia del fallo que dictó, el 1° de octubre del año último el juez Oscar Benedetto al resolver un amparo presentado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y el Foro Ecologista. Benedetto dictó un fallo que prohibió “la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres 3.000 metros”.

Pero Agmer Paraná rechaza ese decreto.

“No son las malas prácticas, no es un fallo ´irresponsable´, ni ‘ desmedido’ , no hay grietas, no hay dos lados…Este modelo se agotó… ¿Cuántas pruebas más se necesitan? Nos merecemos un gobierno que acompañe la transición hacia otras agriculturas –con subsidios, con apoyo real a los pequeños productores que son tan víctimas como la niñez y la docencia rural–, y no que decrete autoritariamente y escuchando sólo las voces manipuladas por el agronegocio”, planteó el sindicato.

 

 

 

 

Foto:Foro Ecologista

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.