Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, realizó este jueves una ampliación indagatoria en la causa en la que se investiga el desvío de publicidad oficial en beneficio de dos empresas  de cartelería que se le adjudican como propias, Tep SRL y Next SRL. Escogió las horas previas a la feria judicial de verano para ampliar su testimonio y con esa estrategia, más la decisión de Urribarri de presentarse también a declarar, ya después del receso, en febrero, lo que consiguieron es “dormir” la causa, que ya estaba lista para ser elevada a juicio.

Fue una declaración extensísima, de más de tres horas, ante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.

En la apertura de la causa judicial el Ministerio Público Fiscal detalló que “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.

En la causa, que lleva el N° de legajo 31.253, se investigan los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. En este expediente también están imputados el ex gobernador Urribarri; el exministro de Comunicación y actual diputado del FpV, Pedro Báez; quien fuera responsable de certificación de publicidades en vía pública del ministerio, Gustavo Tamay; y cuatro personas ligadas a Aguilera: Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada.

El cuñado del exmandatario se había abstenido de declarar en una primera instancia, pero ahora fue quien solicitó ampliar su declaración indagatoria. En Tribunales vieron en el pedido otra intención: dilatar por unos meses la elevación de la causa a juicio, acto que los fiscales tenían previsto hacer antes de que termine el 2017.

Consultado por Entre Ríos Ahora, el abogado de Aguilera, el penalista Marcos Rodríguez Allende, afirmó que “la primera vez se abstuvo, y ahora prestó declaración a pedido nuestro y dimos todas las explicaciones que son parte de la imputación y que los fiscales entienden que amerita un juicio oral y público. Nosotros entendemos que hemos aportado datos relevantes en la causa”.

En ese sentido, el letrado agregó que “se ha podido comprobar que otras empresas de publicidad o cartelería ganaban igual o más de las cuestionadas Tep y Next, que supuestamente pertenecerían a Aguilera. No hay ninguna documentación que demuestre eso (que pertenecen al cuñado). Y si hay algún vínculo, Aguilera lo explicó con claridad”.

Rodríguez Allende también señaló que el cuñado de Urribarri declaró en fiscalía que durante el gobierno de Urribarri no dependía del Poder Ejecutivo, sino que cumplía funciones como secretario administrativo en el Senado, y como secretario –más bien recaudador- en el Partido Justicialista.

Por otro lado, el abogado confirmó que Urribarri, a quien defiende, también solicitó una ampliación indagatoria y que se presentará en fiscalía después de la feria judicial. “Seguramente vamos a brindar detalles de esta causa”, señaló el defensor, y agregó que entienden que el exmandatario no tiene responsabilidades en los hechos que se les imputan.
Por otro lado, ante una consulta puntual, el abogado negó que el pedido para declarar antes de fin de año haya sido una estrategia para aplazar la elevación de la causa a juicio. “Es una cuestión de la defensa que veníamos preparando”, afirmó Rodríguez Allende.

Aguilera no quiso hablar con la prensa


 

Qué dice la imputación

 


 

La imputación firmada en septiembre de 2016 por la fiscal Patricia Yedro dice que “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.

La pesquisa judicial arrancó sobre un puñado de 46 órdenes de publicidad emitidas por la gestión Báez-Urribarri y que, se sospecha, habrían sido “direccionadas” a la empresa de un familiar de Urribarri, que fueron aprobadas por funcionarios del Gobierno “simulando” que la empresa contratada cumplía con lo que se le exigió, e incorporando en los expedientes de publicidad fotografías repetidas, lo cual, dijeron los fiscales, constituye “falsedad ideológica”.

Agrega otro párrafo de la imputación inicial: “Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”.

Según la fiscal Yedro, la conducta “descripta puede ser encuadrada –prima facie y en el limitado marco cognoscitivo de la presente– en las figuras de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Fraude a las Administración Pública, Peculado, Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y/o Falsificación de documentos públicos (art. 265, 174 inc. 5 en función del artículo 172, 261, 248, 249 y 292 del Código Penal Argentino, sin perjuicio de las relaciones concursales que en su momento se constaten”.
Bajo la lupa quedaron tres empresas: José María Bustamante (Paraná), Fernando Montañana (Concepción del Uruguay) y TEP SRL (Paraná). Bustamante declaró en la causa; también el exministro Báez, que lo hizo en diciembre de 2016 y dijo, en forma pública, que “toda la actividad desarrollada por el Ministerio de Cultura y Comunicación mientras estuvo a mi cargo, está ajustada a las normas legales vigentes, por lo tanto no cometí ningún delito, ni formé parte de ninguna maquinaria destinada a cometerlos”; el resto, presentó escritos y se abstuvo, entre ellos Urribarri.

¿Por qué la causa de la vaca?


La causa que involucra al cuñado Aguilera es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. En varias fotos, descubrió el fiscal Santiago Brugo -que ya no participa de la investigación- aparecía la misma vaca.

El 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia de depuración de prueba, Brugo hizo el siguiente comentario: “Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”.

El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La terea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora