La prisión preventiva por 90 días que dispuso el sábado 15 la jueza de Garantías Marina Barbagelata para el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, el actual secretario del bloque de senadores del peronismo Juan Pablo Aguilera, y su cuñado, Alejandro Almada, fue con la condición de que fueran derivados a la Unidad Penal N° 1 de Paraná pero en un lugar separado de los reos que cumplen condena.

Ni Aguilera ni Almada tienen condena firme, ni tan siquiera han sido sometidos a juicio. La prisión preventiva es una medida excepción que, en la visión de su abogado defensor, Miguel Cullen se ha convertido en la regla y dejó de ser la excepción. Hoy, durante una audiencia que se realizó a primera hora de la mañana, Cullen, Marcos Rodríguez Allende y Guillermo Vartorelli, reclamaron a la jueza María Carolina Castagno el cese de la prisión preventiva, y en última instancia su reemplazo por una prisión domiciliaria.

Pero el abogado Cullen planteó por fuera de esa discusión judicial un recurso de hábeas corpus luego de enterarse, a través de un informe del Servicio Penitenciario, que su defendido Aguilera –Almada tiene 10 días de prisión domiciliaria por el nacimiento, ayer, de su hija- no ha sido ubicado en un sector separado de los condenados. A través de esa acción extraordinaria pretende que cese su prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná por cuanto entiende que no se está cumpliendo el mandato judicial. El dato sobre la presentación del habeas corpus lo reveló el sitio Página Judicial.

En la audiencia de esta mañana, Cullen contó que el juez de Garantías Mauricio Mayer rechazó este miércoles el habeas corpus, y que esa decisión del magistrado fue apelado ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones. Pero luego de analizar el recurso, el juez Gustavo Pimentel confirmó el rechazo.

“La jueza, cuando ordenó la prisión preventiva, pidió que estuviera separado de los condenados en la Unidad Penal. Pero desde que Aguilera entró al penal nunca estuvo separado. Fuimos al Servicio Penitenciario y pedimos que se cumpliera lo que dispuso la jueza, pero nos dijeron que era imposible por la situación de la cárcel. Entonces, lo que hicimos fue plantear un habeas corpus para que se dé cumplimiento y eso se solucione. Bueno, lo que dijo el juez Mayer que no era la vía. El Tribunal de Juicio y Apelaciones también entiende que el habeas corpus no es la vía. Nosotros nos fuimos a la Sala Penal (del Superior Tribunal de Justicia) porque entendemos que sí es la vía el habeas corpus. Ahora, estamos esperando, y seguramente la semana que viene habrá una resolución”, indicó Cullen.

Efectivamente, el sábado 15 la jueza Barbagelata acogió en parte el planteo de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry -que tramitan la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura-. y dispuso que Aguilera y Almada que cumplan el arresto en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, separados de los condenados.

Aguilera y compañía son considerados por el Ministerio Público Fiscal como los “escalones superiores” en la “organización criminal” que se dedicó, en la última década, a sustraer unos $2.000 millones de recursos de la Legislatura entrerriana mediante la confección de contratos laborales truchos, cuya administración estaba en poder de estudios contables externos al Estado, pero que reportan a hombres clave de la política.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.