La Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en Paraná en diciembre de 2014, ya tiene dos causas en la Justicia: una está en manos del fiscal Juan Malvasio, y tiene que ver con los gastos que se hicieron en contrataciones con empresas constructoras de la ciudad para obras de infraestructura. Cinco constructoras se alzaron con $38 millones durante la Cumbre: al tope de la lista se ubica la empresa constructora Cemyc SRL, con  $ 12.979.337,82. Le siguió  la constructora Antonio Caballi SA, del empresario Miguel Ángel Marizza, que se alzó con $ 12.683.198,14. Otra constructora,  Szczech & Szczech SA, cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94. La que menos cobró fue Luis Losi SA: apenas percibió $535.184,34.

Pero hay otra causa que investiga los gastos de la Cumbre Mercosur, y se centra en una contratación de envergadura: la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, del publicista Jorge “Corcho” Rodríguez, ahora también salpicado por el escándalo de las coimas de la brasileña Odebrecht, y en la década de 1990 involucrado en el affaire del desfalco a la Fundación Felices Los Niños, cuando era pareja de Susana Giménez, con el negocio de las llamadas telefónicas al programa de TV de la diva. En la causa Nelly, en la que los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa investigan la comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, están involucrados, también, el exministro de Cultura, Pedro Báez, y podrían quedar envueltos también los funcionarios que estuvieron al frente de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul y Hugo Félix Céspedes.
El decreto N° 3.615, del 21 de octubre de 2014, firmado por Urribarri, facultó a esa Unidad Operativa Mercosur a “utilizar el procedimiento de contrataciones directas para la ejecución de las obras, contratación de los servicios, adquisición de suministros y en general para toda compra y/o todo acto y/u operación que resulten necesarios para la realización” de los distintos actos que tendrá lugar durante el desarrollo del encuentro continental de diciembre en Paraná.
O sea, gastos sin control.

Además, el organismo quedó autorizado a efectuar “anticipos de fondos al contratista y/o proveedor, cuando razones de conveniencia así lo justifiquen”: o sea, comprar sin facturas. Pero además, facultó a la unidad operativa Mercosur a desviar el destino de fondos del Estado que, originalmente, estaban destinados a adquisición de bienes de consumo, pago de servicios no personales o la compra de bienes de capital. Además, se podrá afectar al personal que se considere conveniente para esas tareas.

La Legislatura avaló ese procedimiento que impulsó Urribarri para gastar lo que sea necesario durante la organización de la Cumbre, que se inicia el domingo 14 del actual.
La Ley N° 10.327 es una copia textual del decreto que apuró Urribarri, y que supuso el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo.

Esa ley faculta al Poder Ejecutivo a “utilizar el procedimiento de contratación directa para la ejecución de obras, contratación de los servicios, adquisición de suministros, y en general para toda compra y/u operación que resulten necesarios para la realización de los distintos efectos que se realicen” durante la presencia de las delegaciones del Mercosur en Entre Ríos.La norma fue aprobada el 16 de octubre por la Legislatura, y su texto recién se publicó en el Boletín Oficial el miércoles 29 de ese mes.

Pero después de Báez, el “Corcho” Rodríguez, Tórtul y Céspedes, el objetivo de la pesquisa es Urribarri, y de qué modo se financió el “Sueño Entrerriano” con recursos del Estado.

En la causa Nelly quedó demostrado de qué forma los funcionarios operaron para que una productora se alzara con un contrato por $28 millones casi sin chistar. Esa productora prestaría el servicio de difusión de cuatro spots, de los cuales tres estuvieron centrados en proyectar la figura de Urribarri, y no de hablar de la Cumbre Mercosur.

La contratación fue hecha a medida.

 

Apurados


El Expediente Nº 1656798, que incluyó la contratación de Nelly, iniciado el 25 de noviembre de 2014 a instancias del exministro Báez logró, en cinco días hábiles (27 y 28 de noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), la aprobación de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables.

Todos dictaminaron “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por medio de Nelly. Tampoco supieron –nadie lo informó–  si la difusión sería local o nacional, como tampoco especificaba en su pedido el plazo de la campaña, el monto de la contratación, el presupuesto estimativo, los horarios, canales, programas, redes, o demás detalles adonde se pretendía incluir el material referido a “políticas públicas”.

Antes de cerrar acuerdo con “Corcho” Rodríguez, el Ministerio de Cultura resolvió el 4 de diciembre de 2014  interesar a los medios de comunicación y agencias de publicidad para que propongan un esquema para la difusión de los cuatro spots “inherentes” a la Cumbre, en el exiguo plazo de 4 días. Dicha invitación a ofertar fue realizada en El Diariode Paraná, y en ningún otro medio escrito local ni nacional. Se interesaron cuatro empresas de Buenos Aires, que el 9 de diciembre presentaron sus ofertas entre las 7,10 y las 9,55.

Con las ofertas a las vista, Báez y los funcionarios de su ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos, exigencias sólo conocidas por ellos, ya que no había un precio testigo que pudiera establecer que 31 millones era una cifra adecuada, como así tampoco había un pliego de condiciones mínimas para explicar a los interesados cuáles eran las necesidades de difusión del Poder Ejecutivo Provincial. Tan poca referencia tenían los oferentes, que una de las propuestas se olvidó de enmarcar la contratación en la Cumbre del Mercosur y se presentó para difundir los spots “para publicitar los logros de los 7 años de gobierno” .

Así las cosas, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en El  Diario, recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13 , con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del Director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el Director General de Asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el Ministro Pedro Báez, el Gobernador Sergio Urribarri y la Directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).

 

Truchados


 

El contrato original con Nelly Entertainment SA fue por $31 millones. Pero después, el Gobierno salió a “corregir” esa cifra. A través del decreto Nº 5.364 se indicó que una de las agencias publicitarias contratadas para la difusión de la 47ª Cumbre de Presidentes del Mercosur,  comunicó “diferencias surgidas en la duración de los sports suministrados, así como algunos cambios de último momento en la grilla de los canales, lo cual generó una demora en el inicio de la campaña, que provocó la necesidad de reprogramar dicha grilla prevista manteniendo el mismo impacto comunicacional, lo cual a su vez se tradujo en una disminución del monto presupuestado, siendo el nuevo valor total” de $28.400.000.

Pero sea una u otra la cifra, el expediente de pago se tramitó de modo sospechoso.

 

 

 

La primera cuestión es que al acercar su oferta, Nelly Entertainment SA expuso en su carta de presentación su propuesta de “difusión de acciones comunicacionales que permitan instalar en todo el territorio nacional el resultado de la gestión de los últimos siete años de Gobierno”. Quizás el apuro, el entusiasmo o vaya a saber qué motivo, llevó a Rodríguez a revelar el verdadero objetivo de la contratación directa, sin mencionar siquiera la 47° Cumbre del Mercosur: sólo era promocionar el “Sueño Entrerriano”.

El segundo detalle es más grave: pese a que el sobre cerrado con la oferta de Nelly Entertainment SA ingresó a la Mesa de Entradas de la Unidad Operativa  el 9 de diciembre de 2014, a las 7.31,  ese mismo 9 de diciembre de 2014, el escribano Antonio Miguel Berro Madero, de la localidad bonaerense de San Isidro, estaba certificando las copias que la empresa debía presentar en el marco de la convocatoria de la Resolución 54 de la Unidad Operativa. Todo el mismo día, al mismo tiempo. Raro.

Peor aún, el 10 de diciembre de 2014 –un día después de que la empresa presentó la oferta con las copias certificadas de sus estatutos y demás aspectos formales requeridos– el Colegio de Escribanos de San Isidro dio fe de que la firma del apoderado de la empresa y responsable de la presentación del sobre en Paraná, Pablo Carlos Guerrero, correspondía a ese notario, socio de Berro Madero en la Escribanía de calle 384 1º Piso Oficina 1 de la ciudad de San Isidro.

El detalle no es menor. Probaría que los requisitos para la presentación de la oferta fueron cumplidos un día después de que, según el expediente, se acercó efectivamente la propuesta de Nelly Entertainment. Es decir que, o son falsas las certificaciones de los documentos de la empresa publicitaria, o se falseó la fecha de su presentación ante la Unidad Operativa para incluirla entre las ofertas válidas.

 

Esos datos, más la prueba colectada por los fiscales, más las testimoniales recibidas, tuercen la proa de la investigación hacia la figura de Urribarri, y el modo con el que financió el “Sueño Entrerriano”.

Pero Urribarri ya se prepara para lo que viene, y este miércoles presentó en Tribunales un descargo anticipado.

Dice el texto que presentó de la mano de su abogado defensor, Marcos Rodríguez Allende: “He tomado conocimiento que desde el Ministerio Público Fiscal se ha iniciado una investigación  que procura determinar si en el curso de aquella gestión se han producido irregularidades encuadrables en algún tipo penal. Desde ya rechazo tal posibilidad. Pero a los efectos de dejar en claro mi actuación legítima, ofrezco mi colaboración en los términos del artículo 16 del Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos”.

Paraguas, por si llueve.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.