La situación de las instituciones que dan atención a la población con discapacidad comenzó a ser crítica a finales de 2017 y lo continuó siendo en los meses que siguieron en 2018: el programa Incluir Salud salió de la órbita del Consejo Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), organismo que fue suprimido, y se lo trasladó bajo jurisdicción de la Agencia Nacional de Discapacidad. No se trató de una mera decisión administrativa en el Gobierno nacional: también implicó un severo atraso en el giro de fondos para el pago de prestaciones de personas con discapacidad sin obertura social.

La Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana) acaba de cumplir 51 años de existencia, y la celebración fue en un clima de zozobra: la institución, que atiende a 70 chicos y adolescentes con distintos grados de discapacidad -con centro de día y un centro de formación laboral- está categorizada como prestadora de obras sociales y también para el Programa Incluir Salud. El 40% de los ingresos que recibe Apana provienen del Programa Incluir Salud. No es la única institución que presta servicios a la Nación: también el Centro Don Uva, la Cooperadora San Francisco de Asís, el Instituto San Camilo de Lellis, por nombrar sólo los que trabajan en Paraná.

Cristina Ripari, directora de Apana, cuenta que 2018 empezó prometedor, sin riesgo, aunque los atrasos se hicieron en los primeros meses. “Uno siempre proyecta para mejorar, expandirse como institución, buscando siempre mejorar el servicio, crear nuevos espacios de funcionamiento para los jóvenes y adultos que atendemos. En ese clima de crecimiento y problemas, a diario uno se encuentra con dificultades. Pero nos encontramos con este problema que fue creciendo. En un momento, Incluir llegó a tener un atraso con nosotros de 8 meses. Enseguida, advertimos que esto pasaba con nosotros y con muchas otras instituciones que atienden discapacidad -cuenta-. El trabajo en discapacidad es muy lento, pausado, a conciencia, donde se piensa a la persona como ser integral, conectado con su familia, con la sociedad. Es un proceso que lleva muchas horas de trabajo de un equipo de profesionales. Y esta situación nos generó un grave problema”.

La deuda, al principio, fue un atraso de meses. “Pensamos que iba a regularizarse conforme siguieran los meses. Lo atribuimos al cambio del Conadis a la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero no fue así. Se cortaron los pagos”, señala.

Miriam Berón, vicedirectora de Apana, agrega: “Nosotros empezamos a advertir que algunos cambios se venían. La disolución de Conadis fue una señal. Nos empezamos a reunir para analizar la situación y encontrar una solución a los atrasos. Hay chicos que están en Apana que tienen cobertura de sus obras sociales. Pero Incluir Salud cubre a los más vulnerables, que no tienen otra manera de obtener atención. No tienen otro medio de hacerse atender. Incluir les reconoce la atención de una institución como la nuestra, pero no es una obra social. No cubre prestaciones médicas. Dentro de lo que compete a Apana, Incluir forma parte de un 40% del ingreso total de dinero. Esto sirve para mantener la asociación”.

A poco de empezar con los reclamos por los atrasos, en Apana cayeron en la cuenta que la situación alcanzaba a muchos más. “Lo que hicimos fue acercarnos a Don Uva y a la Cooperadora de San Francisco de Asís. Este encuentro de los tres nos permitió acompañarnos, saber qué nos pasaba, porque estábamos las tres instituciones en la misma situación. La que tiene más problemas y más riesgo es San Francisco de Asís, porque ellos cuentan con más alumnos y más empleados. Para ellos, los ingresos de fondos de Incluir Salud significan el 60% de ingresos totales. Es mucho dinero. En un momento, San Francisco reclamaba cobrar cerca de $12 millones, porque el atraso era mucho. Nosotros tenemos dos modalidades de atención; ellos, cuatro. Y cuantas más prestaciones, más grande se hace la deuda. Es por eso que decidimos unirnos y formar el Foro Entrerriano de Discapacidad. Y empezamos a gestionar en conjunto”, señala Ripari.

Berón aporta un dato: las tres instituciones que conformaron el Foro Entrerriano de Discapacidad son las “más grandes de Entre Ríos, y Apana quizá de las más viejas”. Y aclara que “vemos con mucho más impulso la necesidad de juntarnos. No vimos otra forma”. Así, unidos, buscan enfrentar la situación que plantean desde la Nación: un severo retraso en el giro de fondos, y la incertidumbre sobre el futuro.

La deuda es con ONG y asociaciones que dan cobertura en discapacidad, pero también con la Provincia.
La coordinadora de la Unidad de Gestión Provincial (UGP) del Programa Federal Incluir Salud, Andrea Nassivera, cuenta que la deuda aproximada con la provincia ronda los $90. Y que aunque no hay datos certeros de la deuda con los prestadores -con quienes la Nación contrata directamente coberturas como diálisis o trasplante-, “pensamos que son más de $100 millones”. A eso, se suma la deuda con las instituciones que dan cobertura en discapacidad en toda la provincia, que representa un monto de $32 millones.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.