“Rechazamos estos operativos. No rechazamos la evaluación”.

Ana Delaloye, secretaria adjunta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), plantea de ese modo su desacuerdo con el operativo de evaluación Aprender, que se desarrolla este viernes en toda la provincia y que alcanza a más de 22 mil alumnos de sexto grado de la escuela primaria.

“Nosotros tenemos una postura crítica desde siempre respecto de los operativos de evaluación estandarizados, con iguales parámetros para todo el país. En realidad, son una réplica de los operativos internacionales, como PISA (en inglés, siglas en inglés: Programme for International Student Assessment, NdelR), que se desarrollan con un sentido mercantilista, meritocrático, y que no responden a la realidad de cada institución, y menos aún de la realidad de la provincia”, asegura.

El operativo de evaluación Aprender se desarrollará en la provincia este viernes 19 y alcanzará a un total de 22.363 alumnos de sexto grado de primaria de escuelas públicas y privadas.

Quedará afuera de la evaluación este año el nivel secundario. El Consejo Federal de Educación acordó que el operativo sólo se concentre en el último año de la primaria.

Del Aprender 2018 en Entre Ríos participarán 1.650 docentes de aula, que evaluarán alumnos de otras instituciones –no a los propios-, y a contraturno.

Delaloye sostiene que oponerse al operativo Aprender “de ninguna manera supone decir que no queremos las evaluaciones. Justamente, entendemos la evaluación como un proceso, de todo el sistema educativo, de los estudiantes y docentes. pero evaluación hacia el interior de la institución, con los protagonistas de la institución. No entendemos que una evaluación puede ser hecha desde afuera, esta hecha por otros, y que responde en este caso a decisiones políticas que van de la mano de imposiciones del FMI”.

Respecto del operativo de evaluación Enseñar, que aún no tiene fecha y que alcanza a los institutos terciarias de formación, también hay rechazo de Agmer. “El año pasado se hizo con agentes externos que fueron a los institutos. Este año cambiaron: es autoevaluación. Pero también acá encontramos contradicciones profundas. Se habla de una autoevaluación democrática y participativa. Pero docentes, rectores y alumnos reciben la prueba directamente de Buenos Aires y después tienen que cargar los resultados en un link. No es democrática ni participativa”, opina Delaloye.

“Además -agrega- esto va de la mano de medir la calidad. ¿Cómo se mide la calidad? ¿Con qué criterios?”. Y sostiene que no descarta que estos procesos de evaluación vayan de la mano de decisiones posteriores de cierre de institutos de formación docente. “Acá se mide matrícula y se mide egresados. Pero en esa medición. Creo que en esta situación social y económica que vive el país, muchos estudiantes abandonan su carrera, y eso no lo tiene en cuenta la evaluación nacional”, apunta.

Y añade: “En la provincia no conocemos que haya decisiones de cierre. Pero los ha habido en distintos puntos del país. La presidenta del Consejo de Educación (Marta Landó, NdelR) es vicepresidenta del Consejo Federal de Educación, que es el organismo que diagramó estos operativos. En Entre Ríos ya hemos resistido cierres de institutos, como ocurrió en 2017 en Gualeguay. Entendemos que la matrícula no es la única medida  a tener en cuenta para resolver la continuidad o no de un instituto de formación docente”.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.