Seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) –entre ellos, un miembro del directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fabián Monzón- más el  exministro de Salud, Ariel de la Rosa, comenzaron a ser juzgados este lunes, acusados por los delitos de coacciones agravadas y de resistencia a la autoridad.

El juicio trata de dilucidar lo sucedido en la Colonia de Salud Mental de Diamante entre los días 5 y 7 de junio de 2017, entre la directora Noelia Trossero y un grupo de dirigentes de UPCN a partir del despido de la enfermera Yanina Migueles, a la vez delegada del sindicato.

Los gremialistas imputados por el supuesto delito de coacción agravada son Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio, los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio. A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención amenazaron a los policías que los detuvieron. En tanto, a Domínguez y Suárez se le suma la imputación por el presunto delito de coacción en coautoría. En el caso de De la Rosa, se le imputa el presunto delito coacción agravada y coacción agravada en coautoría.

Para Monzón y Barreira, el Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.

La sentencia, al final de las audiencias, que se extenderán durante toda esta semana, estará a cargo de un tribunal que preside Alejandro Grippo, y que componen Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala.

 

 

El caso


Según la acusación de los fiscales Laureano Dato y Jorge Gamal Taleb, hubo situaciones de “apriete” y actitudes “patoreriles” de parte de dirigentes de UPCN para conseguir que la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante reincorporase a una enfermera, Yanina Migueles, cuya suplencia extraordinaria fue dada de baja el 1° de junio de 2017 luego de que resistiera un cambio de sala dispuesto por la directora, Noelia Trossero, y en función de dos antecedentes de faltas a su deber al haber suministrado de forma errónea la medicación a dos pacientes, hechos ocurridos a lo largo de 2016.

Los hechos se sucedieron entre el lunes 5  y el miércoles 7 de junio del año último. Los dirigentes de UPCN llegaron hasta el hospital con el fin de que se reincorpore a  Yanina Migueles, enfermera y delegada de UPCN que tenía una suplencia extraordinaria desde 2013.  La directora del nosocomio le cortó el contrato el 1° de junio, aduciendo mal desempeño. Esa decisión provocó la violenta reacción sindical.

El 7 de junio fue el punto más álgido del conflicto, ya que fue cuando fueron detenidos en flagrancia –es decir mientras apretaban a la directora- cinco dirigentes del gremio estatal: Monzón, Domínguez, Suárez, Zarza y Barreira.

El 9 de junio el caso llegó a las puertas del Ministerio de Salud, ya que la directora del nosocomio diamantino también denunció que el entonces ministro De la Rosa la había presionada y amenazado para que reincorpore a la enfermera y delegada del sindicato.

Enterado de la inminente imputación de la fiscalía por coacciones, De la Rosa le presentó su renuncia al gobernador Gustavo Bordet, que se la aceptó de inmediato, y nombró en su lugar a Sonia Velázquez.

Ese mismo 9 de junio quedaron en libertad Domínguez y Suárez, mientras que a los demás el juez de Garantías les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria. El reemplazo de De la Rosa en la cartera sanitaria llegó el 12 de junio, cuando el gobernador le tomó juramento a Sonia Velázquez.

A penas asumió su cargo, la nueva titular de Salud decidió la reincorporación de Migueles, tal como lo había ordenado De la Rosa.  A su vez,  abrió una investigación administrativa en relación al presunto mal desempeño que se le reprochó a la trabajadora.Al final, la enfermera Migueles renunció a su cargo en el hospital diamantino.

 

Primer día


El fiscal Laureano Dato tuvo a su cargo el alegato de apertura en el juicio que arrancó este lunes 22, y en el que calificó como “hechos ilícitos graves” los ocurridos a comienzos de junio de 2017 en la Colonia de Salud Mental de Diamante.  Esos hechos, agregó, tuvieron el propósito de “quebrantar la voluntad” de la directora Noelia Trossero, quien había resuelto la desafectación de una suplencia extraordinaria de la enfermera Yanina Migueles.

“Entendemos que estos hechos son intolerables”, aseveró, y habló sin ambages de que el sindicato que dirige el diputado nacional José Ángel Allende actuó como “patota” y con fines “de apriete”.

En el juicio, los gremialistas son representados por el abogado penalista Marcos Rodríguez Allende, mientras que Leopoldo Lambruschini y Julio Federik asisten al exministro De la Rosa.

 

Dato consideró que la dirigente Carina Domínguez “organizó y determinó qué dirigentes gremiales debían concurrir” a Diamante el día 5 de junio, “proveyendo de movilidad, viáticos y de combustible para que Zarza, Santamaría y Domínguez, irrumpieran de modo intempestivo en el despacho de Trossero y de modo violento exigieran la reincorporación de Migueles”.  Y la “agredieron física y verbalmente” .

También imputó la Fiscalía el delito de resistencia a la autoridad a los dirigentes Monzón y Barreira por intentar impedir que la Policía detuviera a los dirigentes que habían participado de los hechos ocurridos en el Hospital Colonia Salud Mental de Diamante. En esa situación, Monzón, según el Ministerio Público Fiscal, les dijo a los agentes de la Policía: ”Ustedes ya están trasladados. No saben con quién se metieron”.

A De la Rosa, los fiscales le imputan un hecho ocurrido el día 6 de junio, cuando “llamó desde el Ministerio (de Salud) al teléfono personal de Trossero y la amenazó, pidiéndole que reincorporara a Migueles,  que sabía cosas de ella, aludiendo a supuestas irregularidades. Le dijo: ´Dejate de joder, no hables con los medios. Reincorporá a Migueles y hacé lo que yo te digo. No te metas  en problemas. Ya te perdoné porque me quisiste pasar por encima, y quisiste hablar con el gobernador, así que me debes una´”.

En  opinión del fiscal Dato, “era la práctica habitual de UPCN” practicar “aprietes” a las autoridades sanitarias.

El abogado Marcos Rodríguez Allende, defensor de los seis dirigentes del gremio –Fabián Monzón, Carina Dominguez, José Zarza,  José Barreira, Zunilda Suárez y Nélida Santamaría- planteó la tesis de la defensa que apunta, dijo, a “revertir los argumentos del Ministerio Público Fiscal”.

Rechazó de plano la calificación de “patota” y “apriete” que utilizó el fiscal Dato. “Fueron actos gremiales”, apuntó. “Esos calificativos que utilizó la Fiscalía son totalmente  agraviantes para mis defendidos”.  Lo que sí hubo, aseguró, fue “una persecución administrativa política realizada por la doctora Torssero respecto de la enfermera Migueles”.

“Nosotros podemos decir que ante todo hay un grosero error en el objeto de imputación”, apuntó.

Reprochó que sus defendidos hayan sido sometidos a juicio oral y público cuando lo que ocurrió en Diamante fue una “actividad gremial lícita”.

Rodríguez Allende planteó: “Desde ya vamos a solicitar la absolución de culpa y cargo de mis defendidos”.

El abogado Leopoldo Lambruschini, defensor junto a Julio Federik de De la Rosa, negó la existencia de delito y sostuvo que la llamada telefónica que efectuó el exministro a la directora de la Colonia de Salud Mental fue “lícita, a los efectos de adelantarle lo que iba a resolver el Ministerio de Salud respecto de un recurso que había interpuesto ante el Ministerio la señora Migueles”.

En esa llamada, aseveró, hubo “un reproche de índole funcional, que lo reconoció mi defendido, respecto de un inferior jerárquico, en el entendimiento de que Trossero se había extralimitado, cesanteando de modo ilegítimo a la señora Migueles”.

En ese marco, habló de la “irrelevancia penal” del juicio y adelantó que pedirá la absolución por los hechos imputados para De la Rosa.

 

Rechazo


En el inicio del juicio, hablaron Domínguez y Monzón.

“Niego categóricamente los hechos que se me endilgan en estos acontecimientos que ocurrieron en Diamante”, planteó Domínguez.

Habló de una intervención estrictamente sindical en el caso, incluso dio cuenta de la denuncia que se hizo ante la Secretaría de Trabajo por el traslado dispuesto de Migueles a otra sala, lo cual, entendió, violó la tutela sindical como delegada de su sector.  Y respecto de la baja como suplente extraordinaria dispuesta por la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, el 1° de junio de 2017, dijo que “se debió pedir antes la exclusión de tutela” sindical. “Quien se había apartado de la normativa fue la directora del hospital. No pretendimos imponer decisión sino ajustarnos a lo que dice la ley que regula la actividad sindical”, apuntó.

A su turno,  Fabián Monzón aseveró que “no integro ninguna patota. Soy adjunto de UPCN, cargo al que llego por ser electo por los trabajadores”.  Y agregó: “Más de la mitad de mi vida la he dedicado a trabajar en representación de los trabajadores. Es la primera vez que me toca vivir una situación de esta, donde se pretende hacer ver que el reclamo gremial puede tener visos judicializables”.

Y aseguró que “Trossero no estaba facultada para hacer lo que hizo, despedir sin conocer las normas”.

Sin respuesta de Berbara


La primera testigo que declaró en el juicio fue la directora de la Colonia de Salud Mental, Noelia Trossero, quien se quebró un par de veces, y cuando pudo hilar su relato dio cuenta de lo que a su entender eran actitudes violentas de los dirigentes de UPCN en el nosocomio.  “Para todo lo que tenía que hacer debía pedir autorización a UPCN”, contó.

“Siempre planteaba los reclamos en actitud patotera”, sostuvo en relación al accionar gremial del sindicato que conduce el diputado provincial José Ángel Allende.

Explicó que dio la baja de la suplencia de Migueles por sus antecedentes reprochables al haber equivocado, en dos oportunidades, la medicación a los pacientes. Dijo que puso en conocimiento de esa situación al director de Salud Mental, Carlos Berbara, pero que nunca consiguió que le diera una respuesta.

“Hablé con Berbara de estas dos situaciones de mala administración de dosis. Le pedí que me diera una respuesta. No podíamos tener una enfermera que no sabe administrar medicación en la sala. Le presento a Berbara los dos expedientes. Y le pido que me dé respuesta rápida. Pasaron ocho o nueve meses, y no tuve ninguna respuesta”, señaló.

A eso, se sumó el “desacato” de Migueles en cumplir una orden de cambio de sala. Después de estar 15 días sin prestar función, Trossero dispuso la baja de su suplencia a partir del 1° de junio de 2017.

Entonces, empiezan los tres días de furia.

La abogada Daniela Vega Motola, asesora legal de la Colonia de Salud Mental, relató el modo “prepotente” como se hacían presentes los dirigentes de UPCN. “Venían a querer imponer sus ideas”, subrayó. Y recordó la inacción del área de Salud Mental ante una denuncia de “adulteración” de una historia clínica por parte de la enfermera Migueles.

 

Juan Fleichman, secretario técnico del hospital, relató el modo destemplado como lo trataron los dirigentes de la UPCN. “Aparecían sin anunciarse. El trato hacia Noelia (Trossero) nunca fue amable de parte de ellos. Noelia pasó por situaciones muy difíciles, de maltrato”, aseveró.

“La actitud de ellos siempre fue intimidatoria”, recordó.

Los empleados Liliana Giménez y Arnoldo Colobig, también empleados del hospital, relataron de qué modo era la relación entre Trossero y UPCN.

El jefe departamental de Policía de Diamante, Raúl Fernández, contó del operativo de detención de los dirigentes de UPCN el miércoles 7 de junio de 2017. Fernández llegó a la Colonia de Salud Mental junto al subjefe Guillermo López, y el jefe de Operaciones, Maxiliano Villamonte. Tras ellos, llegaron los fiscales Gilberto Robledo y Mariana Darrichon.

El subjefe López contó un episodio que protagonizó el director de Iosper y adjunto de UPCN, Fabián Monzón. En el ingreso del hospital, Monzón le salió el cruce a una delegación policial, con firmes intenciones de frenarles el paso. “Ustedes no saben quién soy yo. Soy director del Iosper y de acá no me corro”, les advirtió.

Y siguió con sus bravuconadas, relatadas por el jefe policial: “Nos dijo que nos iba a hacer trasladar a todos, que nos iba a hacer echar”.

El último testigo, Víctor Almirón, dio cuenta de cómo fue la llegada de los delegados de UPCN el lunes 5 de junio al hospital de Diamante, sin aportar demasiados elementos.

 

Las audiencias continuarán este martes, a las 9.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.