El secretario del bloque del Frente para la Victoria del Senado, Juan Pablo Aguilera, y su mujer Luciana Belén Almada llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en una causa menor: le tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.

En una audiencia que se llevó a cabo este miércoles por la mañana, el juez de Garantías Elvio Garzón dispuso la suspensión del juicio a prueba por un año. Así, le impuso al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y su pareja cumplir 96 horas de trabajo comunitario y abonar una multa de $4.000 cada uno por el delito de tenencia ilegítima de un arma calibre 22. Ahora se espera que la Oficina de Medios Alternativos (OMA) disponga para qué institución realizarán las tareas.

Se trata de una causa que se abrió en 2016 por un hallazgo fortuito en medio de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del clan Urribarri. Según pudo reconstruir Entre Ríos Ahora, el arma de fuego fue encontrada durante un allanamiento en agosto de ese año en la casa que Aguilera y Almada poseen en calle Fray de Montesinos 2107, en el Acceso Norte de Paraná.

En aquel procedimiento, los investigadores encontraron un revolver calibre 22 y la pareja no pudo justificar su tenencia con la documentación exigida por la ley.

Del operativo que dio lugar a ese particular hallazgo participaron los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvasio y fue en simultáneo con otro que se llevó a cabo en la sede de la empresa Tep SRl, de la que es socia la mujer de Aguilera, en un galpón ubicado en calle Racedo 415.

Los operativos se realizaron en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, que se abrió tras una denuncia periodística de la revista Análisis y una posterior presentación judicial por parte de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

A Aguilera y Almada se les imputó haber violado el artículo 189 del Código Penal, el cual señala que la simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años y multa de entre $ 1.000 a $ 10.000.

Por delante, la pareja tiene otros asuntos de mayor envergadura que resolver en los Tribunales. Aguilera está embargado en $26 millones en una causa cuya elevación a juicio se debatirá en audiencia pública el 22 de este mes y en la que se investiga la distribución irregular de publicidad que benefició a dos empresas que para la Fiscalía son de su propiedad, Tep SRL y Next SRL.

Además, Urribarri y Aguilera están imputados en la causa del Parador Playero que instalaron en Mar del Plata en enero de 2015, y que le costó a la Provincia $14 millones de pesos. Según la fiscalía, el montaje sirvió para financiar la campaña presidencial del entonces gobernador. En la documentación recabada se registraron transferencias por $2 millones hacia empresas vinculadas a Aguilera –las ya famosas Tep Srl y Next Srl-, que luego fueron destinados a la impresión de cartelería proselitista.

El Cuñado también está siendo investigado por la Justicia Federal, en un expediente caratulado “Urribarri Mauro Gabriel,  Aguilera Juan Pablo, Robledo Juan Sebastián, Pérez Gustavo Hernán, Lazzaro Fabian s/Infracción Art 303”. Esta es la famosa causa de la “Mesa de Dinero”, denunciada por la revista Análisis, que dio cuenta de la venta de dólares en el Senado, cuando el hijo del exgobernador Mauro Urribarri  estaba como secretario y Aguilera era prosecretario desde diciembre de 2011.

Foto: Análisis Digital

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.