El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Ariel de la Rosa, a principios de abril último, durante un encuentro en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

“Nuestro compromiso con los trabajadores y las condiciones laborales ha sido prioritario, por ello tenemos una agenda que incluye diferentes aspectos que nos permitirán en el mediano plazo lograr mejoras para los trabajadores y en consecuencia para el sistema de salud”, dijo De la Rosa.

Y que eso se traduciría, anunció, en “un reconocimiento económico para trabajadores del escalafón general y enfermería tanto de hospitales como de centros de salud en función de tres tramos con la adecuación correspondiente al nivel de complejidad”.

Pero esa mejora salarial, que será de $900 por mes, ya generó polémica.

La seccional Uruguay de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señaló que se trata de una medida “discriminatoria” y que deberían quedar incluidos todos los agentes de la Administración Pública, y no sólo Salud.

ATE Uruguay hizo público “su repudio a la actitud discriminatoria adoptada por el Gobierno Provincial, quien estableció el pago de un adicional sólo para los compañeros trabajadores de Salud, que si bien merecen cobrar dicho código, no alcanza a todos los trabajadores de la Administración Pública como Educación, cocineras y Minoridad, sectores que se encuentran largamente postergados percibiendo magros haberes que los ubica por debajo de la línea de pobreza”.

“Desde esta conducción sostenemos que si el Estado abona un código, como en este caso de $900 mensuales, debería adoptar igual decisión con todos los trabajadores de la Administración Pública provincial, y no recurrir a estas prácticas discriminatorias que se enmarcan muy lejos de una correcta administración de los recursos y toma de decisiones en beneficio del conjunto de los trabajadores”.

ATE Uruguay sostuvo que “estos $900,  abonados en forma mensual representan una dádiva y convierten a los trabajadores en rehenes del sistema ya que el código, además de figurar en negro, se abona en concepto de presentismo. Es decir, si un trabajador falta un día, se le descuenta un 25%, por dos días de inasistencia un 50% y en el caso de tres faltas el 100%”.

El gremio entendió que “si hay un incremento salarial, éste debe ser blanqueado y que abarque toda la masa de trabajadores, ya que no se debe olvidar que un 70% de los compañeros percibe un  salario mínimo de $8.000 mensuales, suma completamente insuficiente para hacer frente a la brutal escalada inflacionaria que afecta directamente a los compañeros. Reiteramos la postura de que si hay un código para Salud, también lo debe haber para  todos los demás sectores y exigimos al Gobierno que deje de adoptar actitudes discriminatorias, que sólo coartan los derechos de los trabajadores generando divisiones y malestar entre los mismos compañeros de la Administración Pública”.

Ese código (234) que percibirán los trabajadores de la Salud fue acordado sólo por una parte de los representantes de los trabajadores, dijo ATE en clara referencia a la UPCN, “decisión que evidencia la determinación del Gobierno en alinearse y tal como lo manifestó nuestro secretario general del consejo directivo provincial Oscar Muntes referente a que (el gobernador Gustavo) Bordet se equivoca al decidir caminar con UPCN, dejando a la deriva a miles de trabajadores entrerrianos ya que sólo abarca escalafón general, enfermería y agentes sanitarios. El sistema es una modificación del decreto 4255/10 en el que se establece el pago por la coparticipación arancelaria”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.