Después del reclamo público de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), ahora es la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que salió a cuestionar el decreto N° 97/18, dictado por el Poder Ejecutivo provincial, que pone límites a la realización de asambleas en organismos de la Administración Pública.

ATE entiende que esa normativa “restringe las posibilidades para realizar asambleas de trabajadores del Estado”, y agrega: “El decreto intenta limitar el ámbito por excelencia que tenemos quienes  peleamos a diario por la democracia sindical y la participación de los trabajadores e intenta cercenar las posibilidades de movilización”.

“El texto explicita -dice el gremio que conduce Oscar Muntes- que para hacer una asamblea, los trabajadores debemos notificarla con 72 horas de anticipación a la patronal, situación que imposibilita la reacción y organización colectiva frente a situaciones que aparecen a diario y achica el ámbito de las actividades al espacio físico del lugar de trabajo, impidiendo la movilización”.

Lo que hizo la administración del gobernador Gustavo Bordet fue modificar un decreto que databa del año 1996.

 

El 8 de mayo de 1996, el entonces  gobernador Jorge Busti dictó el decreto N° 1.318 que reglamentó la actividad de los delegados gremiales en el ámbito del Estado, y permitió la realización de asambleas por sector para tratar asuntos de índole laboral.

El artículo 5° de ese decreto estableció: “Las asambleas sectoriales de carácter informativo y/o referidas a asuntos laborales en las que interviene excluyentemente el personal del sector en que las mismas se realizan, deberán notificarse por escrito, consignándose fecha, hora y lugar de realización, al organismo al cual pertenecen los agentes intervinientes”.

 

El decreto N° 97, del 16 de febrero último, firmado por el gobernador Gustavo Bordet y por la ministra de Gobierno, Rosario Romero, modificó aquel artículo 5° del decreto N° 1.318, que ahora quedó redactado de la siguiente forma: “Dispónese que las asambleas sectoriales de carácter informativo y/o referidas a asuntos laborales, en las que interviene el personal  del sector en que las mismas se realicen, obligatoriamente y sin excepción, deberán hacerse dentro de los respectivos lugares de trabajo, debiendo notificarse por escrito con una antelación mínima de 72 horas, donde se informará lugar, fecha y hora de realización y la repartición y/o dependencia y/o escuela al cual pertenezcan los agentes intervinientes”.

ATE juzga en muy malos términos el cambio en el ordenamiento legal de las asambleas. “Esta situación deja bien claro que lo que el Ejecutivo provincial quiere evitar es a los trabajadores organizados y manifestando públicamente no sólo por nuestras necesidades sino también, por las múltiples falencias que se atraviesan a diario para poder garantizar los servicios estatales -señaló el sindicato-. La similitud del Decreto 97/18, con la disposición 40/12 del Gobierno de Mauricio Macri, es un paso más del Gobierno de Bordet hacia la sintonía fina con la política del Gobierno Nacional sin importar siquiera la inconstitucionalidad y autoritarismo del hecho, superando incluso al decreto 3202/02 del Gobierno de Montiel”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora