El 24 de mayo último, la Justicia condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional al empresario publicitario Jesús José María Bustamante, acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública en una causa en la que están seriamente comprometidos el exgobernador Sergio Urribarri, su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera.

Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.

La Fiscalía había pedido 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Bustamante -la audiencia de remisión a juicio de esa causa está prevista para el viernes 1° de junio-, pero en un acuerdo abreviado, el empresario aceptó una pena de dos años y ocho meses de cumplimiento condicional. Los términos de ese acuerdo fueron presentados por el Ministerio Público Fiscal en una audiencia pública 15 de mayo, y ratificados  por el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola.

El juez le impuso el pago de una multa de $90 -en cuotas de $15 mil-, la realización de trabajos comunitarios durante un plazo de tres años, a razón de 96 horas por año, “abstenerse de realizar actos molestas a testigos de la causa”, y como parte del acuerdo de juicio abreviado se decretó el levantamiento del embargo preventivo dispuesto por la Justicia el 2 de febrero último.

 

La imputación fiscal sostiene que durante el gobierno de Urribarri y Báez. en “el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”.

La causa ya fue elevada a juicio para el resto de los imputados, aunque Urribarri y Báez están amparados por los fueros legislativos. El juez de la causa, José Eduardo Ruhl, ya le pidió a la Cámara de Diputados que les quite los fueros, pero el trámite todavía no se resuelve.

Aunque el juicio abreviado al que accedió Bustamante no sería el fin de la historia. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Sines, está analizando ir por el reclamo del resarcimiento civil por el daño patrimonial causado al Estado. No sólo contra el empresario Bustamante, sino quienes, desde la Administración Pública, posibilitaron esas maniobras fraudulentas.

Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

 

“Ya hay sentencia, hay acuerdo en juicio abreviado, y ese acuerdo fue homologado por el juez de Garantías, por lo tanto está firme. Ese delito que Bustamante asumió haber cometido genera consecuencias adminisrativas. Y a mí, como fiscal de Estado, me corresponde ahora ir detrás del resarcimiento del daño. Esto no queda solamente en la cuestión penal”, aseguró Rodríguez Signes.

-El Ministerio Público Fiscal estableció que el daño es por 3 millones de pesos.

-Se le reclamarán los 3 millones, necesariamante.

En declaraciones al programa Puro Cuento que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, el fiscal de Estado aseguró que su área está estudiando el expediente, y adelantó que lo que primero que va a plantear es que el contrato de publicidad “estaba viciado, tenía una irregularidad”.

“Nosotros todavía no hemos terminado con la causa Bustamante en lo que hace a la repercusión administrativa. Pero hablando como abogado administrativista, digo que acá hubo un contrato, y ese contrato es nulo. Entonces, si llegamos a esa conclusión, hay que retrotraer la situación al estado anterior a la que se celebró ese contrato. Si se pagó publicidad irregular, hay que devolver el dinero. ¿Quién? Los responsables administrativos, no solamente Bustamante. Bustamente es uno. Es penalmente responsable. Pero hay otros responsables” señala.

La investigación, así, podría alcanzar, además, al cuñado Aguilera y al exministro y actual diputado Báez.

-¿No está resguardado por los fueros Báez?

-En este caso, no corresponden los fueros, no tienen ninguna incidencia, porque es una acción civil, y los fueros lo protegen del proceso penal, pero no del proceso civil.

 

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.