Dos días antes de cumplir los 60 años, Ricardo Fabián Barreiro, el empresario santacruceño del transporte que se hizo conocido como el Jardinero K, comenzó a enfrentar en Entre Ríos un juicio oral.

A Barreiro se le imputa haber introducido datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de ser funcionario provincial, ya que había sido nombrado en el cargo – ad honorem- de coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que dirigía Sebastián Lorenzo, y que dependía del Ministerio de Cultura y Comunicación, entonces al mando de Pedro Báez, hoy diputado provincial del FPV.

El “Jardinero K” mostró hoy por primera vez la cara en público (hasta ahora se lo conocía por repetidas fotos de archivo), sin bigotes, de buen talante y dispuesto a refutar los cargos que le leyó el fiscal Alejandro Cénepa, de frente al juez Pablo Vírgala, y asistido por sus dos defensores, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez.

Barreiro desembarcó como funcionario provincial en 2012, designado mediante el decreto Nº 2.693, firmado por el entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez. Lo nombraron “coordinador de Relaciones Institucionales” del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que hasta agosto de 2015 dirigió Sebastián Lorenzo.

Ese mismo año,  el empresario ingresó en el Registro de Proveedores del Estado con el número 4.711, el 15 de octubre, dos meses después de ser nombrado “coordinador” de Cultura. En ese trámite de registración sostuvo que no era funcionario o empleado provincial. Y lo hizo mediante una declaración jurada que firmó de su puño y letra, pero sobre lo cual hoy dijo haber desconocido que era una declaración jurada, y culpó a la empleada que entonces la atendió por ese error.

 

“Colaboración”


En diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, Barreiro le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. A raíz de esas revelaciones periodísticas, el abogado Guillermo Mulet denunció al empresario en la justicia. En noviembre de 2015, el Ministerio Público Fiscal dio por cerrada la Investigación penal Preparatoria y pidió elevar la causa a juicio al acusar a Barreiro de haber ocultado que era funcionario para poder presentarse a una licitación. También descartaron investigar si existió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Barreiro dijo no saber por qué ninguna empresa de Entre Ríos se presentó a esa licitación, negó estar al tanto de la incompatibilidad que supone ser funcionario y a la vez proveedor del Estado y dijo que nunca le notificaron de la existencia de un decreto designándolo en el cargo de “coordinador”. Dijo que todo lo hizo por su amistad con Lorenzo.

“Hoy llego a Entre Ríos muy triste. Todo esto es injusto. Totalmente injusto. Lo digo de corazón. Soy un militante político, no lo niego, soy peronista, y milito en el Frente para la Victoria. Durante 24 años lo he sido. El peronismo me dio todas las posibilidades de ser quien hoy soy. Me siento orgulloso de serlo”, se presentó en Tribunales.

Por su “amistad” con Lorenzo dice que empezó a “colaborar” con el Gobierno provincial.

Para dar cuenta de esa primera invitación, el Jardinero K reprodujo, ante el juez, este diálogo entre Lorenzo y él en Buenos Aires:

–Empiezo un proyecto nuevo en Entre Ríos relacionado con las industrias culturales. Si queres colaborar, cuando vayas a Paraná nos juntamos y vemos en qué me podes ayudar.

–Perfecto.

Barreiro no tiene ninguna relación con las industrias culturales: es empresario del transporte.

De igual modo, así empezó todo.

“Vine varias veces a Entre Ríos. En avión, en colectivo, en mi propio auto, sin que nadie me dé un solo peso. Colaboré. Hubo resultados positivos. Hice todo lo posible”, definió su trabajo.

Así empezó a colaborar, y en cierto momento, recordó, el funcionario Lorenzo le propuso institucionalizar ese trabajo de colaboración, mediante la firma de un decreto de designación en un cargo ad honorem. “Le dije que no quería nada. Que iba a colaborar en todo. Yo soy empresario del transporte. No necesito que la provincia de Entre Ríos me pague nada”, dijo que fue su respuesta entonces, año 2012.

Siendo colaborador, y ya con decreto de designación como “coordinador” del Ceier –decreto que ni Lorenzo ni Barreiro admitieron que sabían que existía, y que sólo se pusieron al corriente una vez que se inició la causa judicial–, “me entero de una licitación pública para la contratación de traslado de estudiantes a Tecnópolis”. Compra el pliego y se presenta, pero alguien le hace notar que no es proveedor del Estado, y se inscribe como proveedor. Y para eso, debió firmar una declaración jurada en la que dijo que no era funcionario.

Pero en el juicio esta mañana dijo que nunca supo qué es lo que firmó. “La persona que me atendió debió confirmar si yo era funcionario o no. No hizo absolutamente nada. Entonces, me inscribo y me voy. Eso me facilita presentarme a la licitación. Desde que me inscribo hasta la licitación, ¿nadie supo que yo era funcionario?”, preguntó en la sala de audiencias.

Dice que se enteró de que había incurrido en una irregularidad después de la denuncia que hizo en su contra el abogado Guillermo Mulet. “Yo me entero por los medios que soy funcionario. ¿Eso no es persecución política?”, volvió a preguntar. “El abogado que hizo la denuncia tendría que haberse fijado si era realmente funcionario. Por lo poco que yo sé, cuando a una persona se lo nombra funcionario, se le notifica, y se le dice cuál será su responsabilidad ante el Estado para determinar sus funciones. No pedí ningún tipo de función. Y yo no estoy identificado en ningún decreto. He participado en una licitación libre, sin ningún peso político. Eso que quede bien claro. No participé en ningún pedido”, apuntó.

Lo cierto es que hay un decreto de designación como funcionario.  El ministro Báez lo admitió ante la Justicia.

 

Abrir puertas


El fiscal Cànepa quiso conocer qué tipo de “colaboración” brindaba Barreiro a la provincia, y en particular al área que dirigía Lorenzo.

“Mi rol era de ser el nexo entre algunos actores para que puedan dar charlas, sobre todo porque el área de Lorenzo no tenía presupuesto”, detalló.

Cánepa quiso que precisara qué tipo de acciones había hecho.

“Hicimos tantas que no puedo precisar”, evadió el Jardinero K.

“Lo único que hacía yo era abrir las puertas. Yo gestionaba”, abundó. “Las gestiones las hacía en Buenos Aires, desde mi oficina. Gestionaba ante todo lo que me pedían. Me pedían un encuentro de algún escritor, obras de teatro, que algún actor pudiera venir a trabajar”, dijo, y así torció el objetivo del Ceier, que no ha sido ese, precisamente.

A nombre de quién hacía esas gestiones, le preguntó el fiscal

“En nombre de ellos, de Cultura de la Provincia”, respondió Barreiro.

 

 

Ricardo Leguizamón

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.