Buses Paraná, la concesionaria del servicio de colectivos, presentó este martes un pedido de revocatoria a la decisión adoptada por el secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz, de rechazar la apertura del proceso preventivo de crisis, una estrategia legal que, dicen las firmas, les permitiría capear la crisis económico financiero que atraviesan.

El retraso tarifario y el corte de la línea de subsidios de Nación -que operó a partir del 1° de enero de 2019-, aseguran, les produjo un desfase financiero del cual no se han podido recuperar. En ese escenario, se generó un retraso en el pago de los salarios con sus trabajadores, que desde el martes 6 están con un paro total de actividades.

Hugo Ruiz, gerente de Ersa Urbano, confirmó esta mañana al programa Informales de Radio Costa Paraná 88.1 que presentaron la revocatoria al rechazo del proceso preventivo de crisis. Pero además, confirmó que ya se acreditó la cancelación del aguinaldo en la cuenta de los choferes, y que esperan para hoy la transferencia de Nación un aporte de $6,5 millones que, una vez acreditada, les permitiría abonar las diferencias salariales por la nueva escala de julio y devolver los montos descontados por los días descontados por paro.

Una vez concretada esa transferencia y depositada en las cuentas de los choferes aguardan la normalización del servicio de colectivos, que hoy cumple una semana de paro.

Por estas horas, además, aguardan el impacto de la nueva tarifa de colectivos, aprobada por decreto del intendente Sergio Varisco, que lleva el precio del boleto de $22,80 a $29. El incremento se da en medio de un paro histórico en el transporte.

Proceso

El pedido de apertura del proceso preventivo de crisis fue planteado por Buses Paraná ante Trabajo y abrió una tregua en el conflicto que se extendió entre el lunes 22 de julio y el lunes 5 de agosto. Pero al final Trabajo que no había elementos para proceder a la apertura del proceso preventivo de crisis que plantearon las dos empresas que prestan el servicio  en Paraná, Ersa Urbano y Mariano Moreno.

 

El sindicato de los choferes exige la cancelación del medio aguinaldo (las empresas sólo pagaron el 19%) y el sueldo de julio, condición sine qua non para no ir al paro. De no efectivarse los pagos, desde este martes no habrá colectivos en Paraná.

Las empresas ya consiguieron que la Municipalidad les autorice un aumento por decreto del boleto de colectivo, que pasará de $22,80 a $29, y no a $40 como había reclamado Buses Paraná. Pero el impacto en las tarifas no ocurrirá sino hasta dentro de 15 días.

La “conciliación obligatoria” que se inició el 22 de julio y que concluye este lunes 5 de agosto obliga a las partes a negociar en el ámbito de la Secretaría de Trabajo sobre la base de un duro plan de recorte que propusieron las empresas que conforman Buses Paraná, que desde hace un año tienen la concesión del servicio de colectivo en la capital provincial. El planteo de Buses Paraná es achicar salarios, recortar frecuencias, aplicar suspensiones rotativas de personal y retirar unidades del servicio, un planteo que los choferes rechazan de plano.

Esa tregua permitió la continuidad del servicio.

Entre el jueves 11 y el martes 16, los choferes agremiados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevaron adelante un paro de actividades que dejó sin servicio a 110 mil paranaenses que cada día se transportan en colectivos, y le produjo a las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno una pérdida de $1 millón diario. El conflicto se encorsetó tras la intervención de la Secretaría de Trabajo, que dictó una conciliación por un plazo de 10 días hábiles mientras las partes procuran llegar a un acuerdo. Si ese acuerdo no se alcanza, el conflicto reaparecerá: los choferes apenas cobraron el 19% del aguinaldo y las empresas dicen no contar con los fondos para pagarlo. Y menos aún para sostener el servicio, que ya está en violación del contrato de concesión: Buses Paraná, la concesionaria, eliminó el servicio nocturno en forma unilateral.

El aumento de la tarifa respondió a una parte del planteo de las empresas –que en el último año han soportado una brusca pérdida de pasajeros–  no resuelve la crisis financiera de las empresas, y por eso los intendentes de la zona metropolitana -Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito- elevaron sendos planteos de asistencia financiera a la Provincia y a la Nación.

Pero esos dos asuntos -la puesta en vigencia de la nueva tarifa y el pedido de asistencia a la Nación y a la Provincia- llevarán su tiempo, y en el ínterin está el reclamo de pronto pago de las deudas salariales por parte de los choferes. Sin respuesta de los empresarios, los trabajadores irán al paro desde este martes.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.