“Concluyó un período constitucional con enorme carga de beligerancia, en el que la más perjudicada y la única perdedora fue la misma sociedad”, dijo Pablo Andrés Canali cuando el lunes 10 de diciembre de 2007 asumió la intendencia de San José, al suceder Eduardo Abel Jourdan. Repitió gestión en 2011 a 2015 y ese último año se convirtió en senador provincial por el departamento Colón, banca a la accedió por un acuerdo entre su partido, el vecinalismo, y el Frente para la Victoria.

Ahora, al hacer un balance de su paso por el Senado, encuentra una alta carga negativa en la experiencia. “No se me cruza por la cabeza repetir la senaduría -dice, de cara a sus proyectos para 2019: imagina peleando otra vez por la intendencia de San José-. Una experiencia, la del Senado, que hoy la vivo como negativa.  Uno se genera expectativas de poder resolver algunas demandas de la sociedad, pero para lo cual no encuentra eco cuando viene a Paraná, y eso no tiene que ver con los recursos: tiene que ver con el respeto o la importancia que le den a la gestión de un funcionario electo”.

Canali ilustra al respecto y sostiene que había “muchos temas en los cuales habíamos fijado agenda de una manera clara, pero en la cual no se nos ha respetado ni siquiera la palabra. Son cosas que uno va cargando en la mochila, en la partida negativa de la experiencia.  Para mí, el Senado ha sido una experiencia que hoy tengo como negativa”.

Contratos truchos


Entrevistado por el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1 para hablar del escándalo de los contratos truchos en la Legislatura, Canali consideró: “Si hay algo que todos queremos, por lo menos quienes abrazamos la justicia como una de las herramientas más importantes que tiene una sociedad, es justamente que la justicia pueda llegar hasta el fin de esta causa, que podamos saber exactamente para quién trabajaba esta gente y a quién le daban el dinero. A manos de alguien llegaba ese dinero, y no creo que haya sido a manos de los contratados”.

-El exdiputado radical Adolfo Lafourcade dice que en la Legislatura nunca ha sido transparente el manejo de los fondos. ¿Qué opinión tiene del manejo de los recursos y de cómo se dieron estos contratos y el manejo de fondos por terceras personas?

-Hay que diferenciar. Una cosa es la cuestión administrativa interna, que está auditada por el Tribunal de Cuentas.  Se cumplen con los requisitos básicos que pide la ley. Nos puede gustar o no, pero hay una legislación a cumplir. Pero ¿qué pasa de puertas afuera? Si esos contratos tienen que ver con una real necesidad de la Legislatura, o no. No estamos hablando justamente de los contratos de asesores de los legisladores. Estamos hablando de un cupo extra, que no se sabe a partir de qué surge, y no se sabe todavía -o por lo menos el común no lo sabemos, quizá los fiscales, sí- a quién llegaba ese dinero. Es lo más importante. Y respecto a la transparencia o no de la Legislatura, siempre hay cosas para hacer en beneficio de la transparencia. Hoy más que nunca. Sucede que por algunos controles laxos, se llega a que estas cosas, que pasan puertas afuera (de la Legislatura). Hay mucha gente que tiene un contrato, o acceso a poder contratar, y que ocupa esas contrataciones para fines que nada tienen que ver con el trabajo legislativo. El Senado se ha mostrado plenamente abierto a brindar información, más allá de que en lo personal lo considero obligación, con los recaudos suficientes para proteger determinados principios constitucionales. Está claro que ante una investigación penal, lo menos que puede hacer el Poder Legislativo es acceder a que la Justicia tenga la suficiente información para poder investigar.

-Se habla de contratos de gente que no está en la Legislatura, y de terceras personas que administran el dinero que les paga el Estado.

-Una cosa es el origen de los contratos. A partir de qué se contrata a esas personas. Por qué tenían esas personas facultad de contratar. Yo pondría mucho el foco en adonde llegaba el dinero. Porque esto es una cadena. Esta gente que está presa, ¿cuánto recaudaba, a dónde lo llevaba, quién era el último que recibía? Hay que poner foco en ese lugar. Obviamente, la Legislatura tiene que cambiar mucho. Ahora, una de las cosas que pasó es que todos estamos bajo sospecha. Yo se los dije a los fiscales: si hay sospecha sobre legisladores, en forma personal, me pongo a disposición y me someto a cualquier tipo de investigación. Eso es lo que tenemos que hacer.

-¿No le llama la atención este secreto de sumario cuando en otras causas de corrupción no hay secreto de sumario?

-Entiendo que el secreto de sumario tiene que ver con no entorpecer posibles puntas de investigación que tengan los fiscales. Cuanto más reserva puedan mantener para poder encauzar la investigación, me parece una estrategia buena. Ahora, cuánto tiempo, no sé. Lo que también es cierto es que cuanto más tiempo se demoran en abrir la información, se genera el estado de sospecha y que se hagan especulaciones respecto de lo que está pasando, y algunas cosas pueden ser filtradas, y otras cosas se inventan. Yo soy muy respetuoso del trabajo de la Justicia. Me parecen personas con mucha capacidad los fiscales que intervienen. Ojalá se los deje trabajar tranquilos y que se llegue adonde se tenga que llegar.

-¿Tiene alguna hipótesis respecto de hacia dónde iba el dinero?

-Sí, pero son hipótesis. No me corresponde decirlo porque son comentarios de pasillo. Lo importante es que lo digan los fiscales. Ojalá se dé la mayor claridad posible. Y ojalá podamos llegar hasta el fin del ovillo.

 

Condena a Jourdan


El senador Canali también habló en torno al fallo de la Justicia de Concepción del Uruguay que condenó al exintendente de San José, Eduardo Jourdan, a hacer frente con su patrimonio para el pago de una deuda que dejó mientras fue jefe comunal.

“Me sorprendió gratamente el fallo”, dijo Canali, sucesor de Jourdan en la Intendencia de San José.

“Creo que está muy bien el fallo. Esto se hubiese podido evitar, porque cuando pasó ese tema, yo era concejal, y combatí todas y cada una de las acciones de Jourdan, todas teñidas por sospecha. La contratación de esa perforación termal se hizo a través de una sociedad accidental, para lo cual el intendente no estaba autorizado por el Concejo. Estaba autorizado a conformar una sociedad anónima. Es totalmente anómala para un Estado conformar ese tipo de sociedades, porque se pueden evadir todos los controles”.

“Este fallo trajo un poco de alivio en muchos que vivimos aquel proceso como una etapa muy triste por la persona que gobernó San José, y que lo hizo de espaldas a la sociedad”, aseveró.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.