Juan José Canosa se convirtió en un nombre recurrente esta semana en la Justicia entrerriana.

Este viernes estará en Tribunales para declarar por segunda vez en la causa por negociaciones incompatibles con la función pública, en la que está involucrado Canosa, y también buena parte de su familia y la familia política de su hermano.

Ya declaró el 10 de febrero, y ahora vuelve a hacerlo por petición del propio imputado en la causa. Luego, el 5 de mayo, lo hará la suegra de su hermano, y será el fin de las indagatorias.

Pero, claro, no es la única causa que involucra a Canosa en la Justicia.

Este jueves 27, la jueza de Garantías Paola Firpo ordenó la realización de allanamientos en cuatro mutuales de Paraná que, durante la gestión de Canosa al frente del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer) compartieron con el Estado el negocio financiero.

Un día antes de la Navidad de 2016, tres legisladores del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados presentaron un pedido de investigación a la Justicia sobre el posible delito de enriquecimiento del extitular de Sidecreer, actual asesor legal de la Cámara de Diputados, que preside el exgobernador Sergio Urribarri.

Esteban Vitor, María Alejandra Viola y Gabriela Lena pusieron el acento en el altísimo nivel de vida de Canosa –sus viajes a Punta del Este, su buen pasar económico—hicieron notar que “el principal rubro de consumo” de los usuarios de la tarjeta Sidecreer durante la gestión Canosa no era el rubro alimentos sino las “ayudas económicas, préstamos de dinero en efectivo otorgado por asociaciones mutuales, con la Mutual Justo José de Urquiza a la cabeza”.

El negocio de las “ayudas económicas” terminaba siendo una ganancia para las mutuales. Porque además, para obtener ese préstamo es indispensable, además de tener el plástico Sidecreer, asociarse a la mutual, y esa relación debe mantenerse hasta que se cancela el préstamo.

Los diputados de Cambiemos hicieron que las tasas de interés que percibían las mutuales eran notablemente superiores a las que regían en el mercado.

Este jueves, la jueza Firpo ordenó allanar cuatro de esas mutuales que se sospecha actuaba que actuaban en Sidecreer y que podrían tener relación con el delito de enriquecimiento que se le investiga a Canosa.  Los procedimeintos tuvieron lugar en la Asociación Mutual Modelo, ubicada en Gualeguaychú 204; la Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar (Amcap), en calle Santa Fe 322; y Solidaridad Mutual Comunitaria de Entre Ríos, en calle Libertad 139.

Según la Policía, los investigadores requisaron cuatros mutuales, de las calles España, Santa Fe, Gualeguaychú y Libertad, y se secuestraron “cuatro notebook,  tres CPU y un revólver calibre 22”.

Pero el enriquecimiento es sólo una causa que pesa sobre Canosa.

La otra es por negociaciones incompatibles con la función pública, y ahí no está solo.

En esa investigación también están involucrados como partícipes necesarios su hermano Carlos Canosa; la suegra de éste, Mirta Gueler; su cuñada Alicia Cuestas; la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y al esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba.

Desde Sidecreer, Canosa compró a su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler, por un monto de 262.300 dólares en indumentaria y uniformes para el personal de Sidecreer. También compró a su cuñada, Alicia Susana Cuestas -pareja de Carlos Alberto Canosa-; a la hermana de ésta María José Cuestas; y al esposo de esta última, Diego Aníbal Urba, a través de Excelcom SA, otros 635.000 dólares en insumos informáticos.

La investigación de esas conexiones y esas negociaciones está en manos del fiscal Juan Malvasio, que hoy  escuchará, por segunda vez, lo que Canosa tiene para contarle.

El resto del clan Canosa, sin embargo, optó por el silencio.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.