La causa que investiga el delito de  privación ilegítima de la libertad en perjuicio de dos religiosas en el  Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, que fue  a juicio en junio último, volvió sobre sus pasos. El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay devolvió el expediente al Juzgado de Garantías y Transición de Nogoyá por cuanto hubo “una inobservancia” en el auto de remisión a juicio.

De ese modo, la fijación de la fecha para el debate oral se ve postergada a raíz de una serie de observaciones que realizó el tribunal de alzada. La consecuencia directa es que ahora, desde Nogoyá, se tendrá que confeccionar nuevamente el escrito de elevación a juicio, con la previsión de que el tribunal deberá ahora seguir a pie juntillas las cuestiones formales que impone la ley.

El juez Gustavo Acosta, que confeccionó la remisión a juicio junto a su secretaria, Silvina Díaz Ortiz, asumió la responsabilidad en el yerro. El error que reprochó el tribunal de Gualeguay tiene que ver con el hecho de que en el escrito de elevación a juicio de la causa del convento carmelita se detallaron todas las vicisitudes que tuvo la investigación penal, con las sucesivas apelaciones, y sus resoluciones. Nada de eso debió haberse enviado por cuanto el tribunal que juzga no debe conocer el trámite, de modo de no hacerse un juicio previo de la investigación.

En la investigación penal la única imputada en esa causa es la monja Luis Toledo, ya apartada de su función de priora del convento carmelita.

El caso,  caratulado “Toledo Luis s/Privación ilegítima de la libertad”, atravesó un momento de zozobra cuando los defensores Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, plantearon una cuestión de competencia, que finalmente fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que la Justicia entrerriana es competente para entender en el caso.

Zanjada esa cuestión, los defensores reprocharon la calificación legal que hizo la Fiscalía del hecho imputado a la monja Toledo, “privación ilegítima de la libertad agravada”, por entender que “el encuadramiento que ha dado la Fiscalía a los hechos imputados (sin perjuicio de la discusión que luego haremos sobre la descripción del mismo), son absolutamente improcedentes, no solo por no adecuarse típicamente la conducta endilgada, sino porque surge clara la falta de adecuación de los requisitos objetivos y subjetivos del tipo escogido”.

“La complejidad de la causa hizo incurrir en diversos errores involuntarios a la Fiscalía. Dichos yerros terminan acarreando la nulidad de la remisión, y así lo solicito”, plantearon.

 

 

La monja Toledo fue separada de su cargo al poco tiempo de que se conocieran  el escándalo del convento.

Ahora reside con la Congregación de Hermanas Benedictinas Misioneras de Tutzing, una orden religiosa fundada por el monje alemán Andres Amrhein en 1885, que tiene una casa en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.

La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2o16, a partir de una denuncia que publicó la revista “Análisis”, contiene el testimonio de dos excarmelitas, que contaron ante el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, los tormentos que soportaron en la clausura, y responsabilizaron de esos hechos a la priora, Luisa Toledo.

Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta. Primero, se la alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.

Allí, convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, las mismas que denunciaron al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos.

Pero allí Toledo estuvo poco tiempo.  A mediados de diciembre del año último fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

En esa ciudad quedó alojada en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis  de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña.

Esa mudanza de la monja fue comunicada al juez Acosta, que controla su paradero, por los defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, contratados por la curia para ejercer la defensa técnica.

Ahora, la monja Toledo volvió a mudarse: se estableció en la localidad bonaerense de Los Toldos.

Recién a principios de 2018 el Vaticano decidió designar reemplazante. La medida supuso la conformación de un nuevo equipo de superioras, y por esta vez ha echado a un lado las constituciones de la congregación que indican que las prioras se eligen por votación de la comunidad. En vez de eso, Roma decidió nombrar como priora a Itatí Miño, una misionera de 38 años, que desde hace dos décadas está en el convento de Nogoyá.

 

El carmelo de Nogoyá es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según las constituciones por las propias religiosas. Se trata de una casa religiosa de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina, aunque se encomiende al obispo diocesano, Juan Alberto Puiggari, el actual, el cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones.

El nombramiento de autoridades en el convento llegó después de más de un año de acefalía. Luisa Toledo fue apartada de su cargo de priora a mediados de septiembre de 2016.

El 8 de junio de 2017,  Puiggari envió un informe a la Justicia en el que da razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.

Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.

El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.

Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.