La Cámara de Casación Penal consideró “inadmisibles” los recursos presentados por los defensores del exgobernador Sergio Urribarri, del actual diputado provincial Pedro Báez y del cuñado Juan Pablo Aguilera contra la decisión adoptada por el juez de Garantías, José Eduardo Ruhl, más tarde confirmada por el camarista Daniel Julián Antonio Malatesta, contra los embargos decretados sobre el patrimonio de los tres en la causa que investiga la distribución irregular de publicidad a las firmas Tep SRL y Next SRL.

El reproche a esos embargos no sólo fue planteado por los defensores de Urribarri, Báez y Aguilera

En la causa, están Barrandeguy,  que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.

A Casación fueron, además, Rosenberg, Cullen y Vartorelli.  En todos los casos, haciendo reserva del caso federal, con lo cual luego del pronunciamiento de Casación, irán al Superior Tribunal de Justicia (STJ), y, más tarde, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De forma unánime, los jueces Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti rechazaron el recurso de casación mediante una resolución dictada este lunes, y a la que accedió Entre Ríos Ahora. El dictamen de Casación señala que “no nos encontramos ante una resolución pasible de ser recurrida a través de los remedios procesales intentados, por no revestir ninguna de las calidades necesarias para ello, habiéndose cumplido  con la doble conformidad judicial, por lo que, a nuestro juicio, corresponde declarar inadmisibles los recursos interpuestos, con costas a cargo de las partes recurrentes”.

Casación también rechazó “in limine” la recusación que presentó contra la vocal Marcela Badano, integrante del tribunal, el abogado Ignacio Díaz, defensor de Pedro Báez.

En la causa “Urribarri Sergio D. – Báez, Pedro A. – Aguilera, Juan P. – Cargnel, Corina E. Y Otros. S/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado, defraudación a la Administración Pública”, el juez Ruhl dispuso, el 2 de febrero último, un embargo de $26 millones en los bienes de Urribarri en el marco de la causa que investiga el desvío de publicidad oficial, entre 2010 y 2015, en beneficio de empresas a Aguilera  por un monto que supera los $24 millones. El embargo alcanza también al exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial (FPV) Pedro Ángel Báez y al propio Aguilera, más los empresarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, también por $26 millones, más la inhibitoria general de bienes.

El jueves 1° de febrero, Cánepa y Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la está directamente también comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez. La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

La audiencia de remisión a juicio de esa causa ya tiene fecha: será el 1° de junio.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según el dictamen fiscal. . Para los acusadores, esas firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRl y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.

“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.

Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.

En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamanbte y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.

De momento, el único que quedaría afuera del juicio oral es Bustamente, que acordó un juicio abreviado, que será debatido este martes, en audiencia pública. Bustamente admitió ante el Ministerio Público Fiscal que participó del reparto de publicidad oficial y que, a cambio, pagó retornos. La condena acordada son dos años y ocho meses de prisión condicional.

La causa que involucra a, entre otros, Urribarri, Báez y Aguilera transita un camino turbulento.

El exgobernador pidió sanción para el juez Ruhl mediante un recurso que presentó ante el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que no ha sido resuelto. En forma paralela, sus abogados recusaron al magistrado, planteo que será abordado en audiencia pública este viernes 18.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.