La Cámara de Casación Penal decidió postergar para el próximo 14 de diciembre, a las 9, la lectura de la resolución en torno al planteo de revisión de la condena que recayera sobre el exvicegobernador Héctor Alanis (PJ) y el exsenador provincial Humberto Re (UCR), en una causa por el desvío de 6 millones de dólares de fondos del Senado provincial.

En abril último, la Justicia condenó  a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo al exvicegobernador Héctor Alanis (PJ) y al exvicepresidente primero del Senado Humberto Carlos Re (UCR), al hallarlos culpable por el desvío de un monto próximo a los u$s 6 millones durante el año 1999 en el Senado de Entre Ríos, cuyo destino final todavía hoy se desconoce. Además, les impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos y al pago de una multa de $90 mil.

Pero ninguno fue a prisión hasta que la condena quede firme. Los otros dos involucrados en la causa por peculado –utilizar fondos públicos en asuntos privados-, los exadminsitradores de las cuentas del Senado, Maximiliano Alanis, sobrino del exvicegobernador y yerno del exgobernador Jorge Busti, y el contador José Maximiliano Crettón Pereyra, recibieron sendas condenas de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional al haber accedido a un juicio abreviado.

Durante la etapa de los alegatos, el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, dio por probado el desvío de 6 millones de dólares en el Senado provincial durante el año 1999, cuando el peronista Héctor Alanis era vicegobernador, y el radical Humberto Re vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, y les achacó el delito de peculado.

Dijo que ese dinero, cuyo destino final no pudo ser establecido por cuanto desapareció la documentación respaldatoria que justificara su uso, sirvió para financiar “el agujero negro” de la política, y que en eso hubo “connivencia” entre los legisladores del peronismo y del radicalismo en el período 1995/1999, cuando Jorge Busti era gobernador, y Alanis su vicegobernador.

“Los legisladores confesaron su participación en el peculado”, el delito que les imputó a Alanis y a Re, y para quienes pidió una pena de 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, la inhablitación absoluta para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $ 90 mil. “Los senadores vinieron al Tribunal y actuaron como arrepentidos espontáneos. Nos han ratificado la acusación, aunque las pruebas documentales que hay es algo imposible de desmoronar”, señaló el Procurador General.

Reprochó sin embargo el modo cómo la Justicia investigó este caso en la primera etapa -y que llevó a que el juicio oral recién se desarrollara dieciocho años después de que se presentara la denuncia, en 2000, por parte de la extinta Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)- y aseguró que el caso del desvío de fondos en el Senado “es uno de los hechos que avergüenza al Poder Judicial por cómo había sido investigado”.

También fustigó a la FIA, el organismo que condujo Oscar Rovira durante el montielismo. García sostuvo que el desvío de fondos ocurrió por cuanto hubo “connivencia” entre legisladores radicales y peronistas en el período 1995/1999, y que esa connivencia siguió en el período posterior, durante el gobierno de Sergio Montiel.

“Entonces, cuando la FIA quiso investigar los contratos en el Senado, le dieron una patada, porque crearon la FIA para investigar a Busti, no para que investigue a los radicales”, analizó.

“No hacemos show mediático”, dijo el Procurador, y aseguró que en la Justicia entrerriana “no hacemos los deberes al Poder de turno, que sindica a quien hay que perseguir. Nosotros no buscamos a un acusado en pijama, de noche, y no usamos la prisión preventiva para coaccionar arrepentidos. Todas las investigaciones demoran el tiempo que tienen que durar. Y serán hechas con respeto estricto de los derechos humanos”, aseveró.

Pero cargó duro contra el actual intendente de Seguí, Álvaro Cristian Treppo, quien fue auditor del Tribunal de Cuentas en el Senado, a quien acusó de haber mentido en su declaración que formuló por escrito, por cuanto se amparó en las prerrogativas que dispone el Código Procesal Penal. “Treppo había sido traído por Alanis. No en vano hoy es intendente, porque responde a ese sector. Y no en vano (…) Treppo ya está a punto de ser elevado a juicio oral por la causa que yo he denominado del pavimento de oro”, apuntó.

Ahora, se aguarda un pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal, adonde llegó en revisión el fallo que firmaron los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo. La definición se esperaba para este viernes, pero ahora, por cuestiones de agenda y tiempo, Casación pasó ese trámite para el próximo 14 de diciembre.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.