El contador Jorge Martín Zuttión, de 48 años, es uno de los tantos procesados en la causa por la estafa a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a través las compensaciones truchas.

Concretamente, se lo acusa de haber intervenido en la maniobra, junto a empleados infieles, que consistió en la introducción de información falsa sobre que la empresa Agrosur SA compensó una deuda al Estado por un monto de $3.036.894,27. Cuando se descubrió el hecho, el dinero fue recuperado por el organismo recaudador que exigió a la firma el efectivo pago de esa suma.

La novedad que se conoció recientemente es que Zuttión se desempeña en un organismo encargado de controlar todos los gastos del Estado, tanto a nivel provincial como municipal, como de los entes descentralizados: el Tribunal de Cuentas de la provincia.

El profesional es considerado en la Justicia como uno de los nexos en el negocio montado por empleados infieles de ATER, que consistía en el cobro a empresarios de una suma de dinero a cambio de falsear los datos sobre deuda impositiva, a través del mecanismo de la compensación.

En la causa, a Zuttión se le endilgan los delitos de partícipe necesario de cohecho activo, pasivo y defraudación a la administración pública. Sus abogados son José Candelario Pérez y Daniel Trillo.

Su rol, según la acusación, era relevante puesto que conocía de primera mano cómo funcionaba el sistema, y tenía contactos en el ente recaudador por su pasado como funcionario: fue Director de Impuestos de la Dirección General de Rentas (DGR-hoy ATER) de 2003 a 2006.

En el cargo fue designado mediante el decreto Nº 152/03, fechado el 23 de diciembre de 2003, y refrendado por el gobernador Jorge Busti, que había asumido el gobierno provincial en noviembre de ese año. El nombramiento también fue rubricado por Diego Valiero, quien en ese entonces era Secretario de Estado de Economía, Obras y Servicios Públicos.

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Lo que no se sabía públicamente hasta ahora era que Zuttión figura como empleado del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, como auditor categoría D. Su número de legajo es el 158090 y su fecha de ingreso al organismo es el 1º de abril de 2012, dos años antes de que estalle el escándalo por las compensaciones truchas de ATER, según pudo chequear Entre Ríos Ahora de la planilla oficial publicada por el Tribunal.

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Recientemente, el procesado participó de un concurso interno destinado a “todos los Contadores Públicos que a la fecha estuvieran efectivamente prestando servicios en el Organismo y que revistieran en el Tramo Profesional Universitario, y en Categorías Auditor A hasta la E inclusive, para cubrir el cargo de Jefatura Área Municipios”.

El 26 de abril, el organismo de control emitió la resolución Nº 0187/19 por la que se aprueba el concurso de antecedentes y oposición, y del que participaron 11 contadores, entre ellos Zuttión. El documento está firmado por el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas; y el vocal José Luis Gea Sánchez.

El cargo en la Jefatura Área Municipios lo ganó la contadora María Ayelen Cantero, que obtuvo el mayor puntaje: 79,40 puntos. El contador procesado en la causa ATER quedó en octavo lugar, con un puntaje de 62, 30.

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Ante una consulta de Entre Ríos Ahora, desde el Tribunal de Cuentas se informó que las autoridades están en conocimiento del procesamiento que pesa sobre el contador que se desempeña en el organismo.

A su vez, se aclaró que “sigue rigiendo el principio de inocencia” y que para que se lleve adelante una acción disciplinaria “se necesita una condena”.

“Tenemos que esperar el desarrollo del proceso y ver cómo termina”, remarcó una alta fuente del organismo.

Qué dice la acusación


En el procesamiento a 128 personas involucradas en el caso ATER, la jueza Marina Barbagelata señaló que “dentro del Organismo Recaudador de la provincia de Entre Ríos -DGR o ATER según la fecha de que se trate- había un grupo de empleados compuesto por María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub, Daniela Romina María Miño, Darío Fabián Barreto, que con la omisión connivente del Tesorero General de la provincia Gustavo Alejandro Gioria – registraban fraudulentamente como pagadas, en el sistema informático del fisco provincial, deudas tributarias impagas de ciertos contribuyentes”.

“El registro simulaba el pago indicándose que había sido por compensación, como si el contribuyente hubiese sido titular de un crédito líquido y exigible contra el Estado, y hubiera cancelado la deuda compensándola con dicho crédito. Sin embargo, tales contribuyentes -aquellos en favor de quienes se registraron los pagos simulados- no sólo no eran proveedores del Estado -con lo que mal podrían tener una acreencia propia- sino que tampoco eran cesionarios de créditos fiscales de terceros. El registro se hacía por el dinero que se recibía por los contribuyentes, a través de, entre otros, Darío Fabián Barreto, de Jorge Zuttión, de Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni y Carlos Arnoldo Sagasti”, agregaba.

El pasado 16 de abril, Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces María Carolina Castagno, José María Chemez y Rafael Cotorruelo, confirmó los procesamientos dictados por la jueza Barbagelta en diciembre de 2017.

La investigación se abrió tras una denuncia formulada por el exdirector ejecutivo del organismo recaudador, Marcelo Casaretto, a la que se le sumó una ampliación de denuncia del funcionario –hoy al frente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV)-; también la exdiputada provincial del Frente Amplio Progresista, María Emma Bargagna; y del diputado radical Jorge Monge.

Además de empresarios y contadores, en la causa se encuentran procesados los denominados empleados infieles de Rentas, María Estrella Martínez de Yankelevich, Jefa del Departamento Despacho de ATER; Abelardo Gaggión, Jefe de la División Mesa de Entradas de ATER; Darío Barreto, que se desempeñó en la Dirección General de Rentas, en el cargo de Director del Interior, Jefe de la Representación Territorial San Salvador .

También están imputados el exTesorero de la provincia, Gustavo Alejandro Gioria (renunció cuando el escándalo estalló); Fabrizio Abraham Carmelo Dayub, agente Técnico Administrativo del Área Mesa de Entradas de ATER; y Daniela Romina Miño, que era agente Técnico-Administrativo.

La operación con Agrosur SA


La jueza  Marina Barbagelata sostuvo en su acusación que Zuttión, siendo funcionario público, acordó directamente o a través de interpósitas personas, “que María Estrella Martínez de Yankelevich, en su carácter de Jefa del Departamento Despacho de la Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos -ATER-, y Abelardo Daniel Gaggión, en su calidad de Jefe de la División Mesa de Entradas de la misma entidad, a cambio de beneficios económicos, manipularan el sistema informático que opera en ATER, Sistema de Administración Tributaria -SAT-, cargándole en fecha 17/02/2010, 23/03/2010), 20/04/2010), 30/04/2010, 07/05/2010, 14/06/2010, 25/06/2010, 13/08/2010 y 15/10/2010; información falsa sobre que Agrosur S.A., era titular de créditos líquidos y exigibles contra el Estado Provincial, cuando en realidad esto no era así, con la finalidad de conseguir que, al ser procesados los datos falsos por el sistema, figurasen como cancelados por compensación los impuestos que Agrosur S.A., adeudaba al Estado Provincial, por un monto de $3.036.894,27, lo cual no se consumó por circunstancias ajenas a su voluntad”.

La magistrada señaló que la intervención de Zuttión quedó probada con las declaraciones de Miguel Curmona y Héctor Amado Lima, presidente y vicepresidente de Agrosur SA. “Si bien se brindan en el marco de una declaración indagatoria, no por ello dejan de ser válidas como elementos de cargo contra Jorge Martín Zuttión en tanto resultan sostenidas por otros elementos de la causa”, dijo Barbagelata en el auto de procesamiento.

Al prestar declaración indagatoria, Lima, que fue vicepresidente de la firma hasta diciembre de 2011, contó cómo Zuttión recibió dinero para la “liberación” de impuestos: “La circunstancia de deuda de Agrosur con ATER se produce como consecuencia de una verificación donde determinaron deuda por impuesto debido a diferentes procedimientos. Mientras estuve en la empresa, hasta el año 2011, se abonaban los impuestos en su totalidad, en tiempo y forma, por tanto la deuda se genera por la verificación que fue recurrida pero no se aceptaron las pruebas ofrecidas. Se trató en realidad de una verificación de deuda que hizo ATER, una determinación muy elevada, que con los intereses y multas, provocaban el deterioro financiero de la empresa. Ante la imposibilidad de recurrirla a la instancia superior, porque no podíamos hacer frente a la misma, buscamos alternativas para ver la forma de pago o afrontar dicho pago. Había conocido a través de Sol Victoria a un funcionario de Rentas, contador Zuttión, quien nos había realizado una diligencia inducida por la Dirección de Turismo de la Provincia, ya que, habiendo realizado la inversión hotelera más importante entre el año 2002 y 2005, quedábamos fuera de la liberación de impuestos que se había otorgado a las inversiones hoteleras. Este funcionario, con eficiencia, nos generó las resoluciones modificatorias otorgadas por la DGR, Resolución Nº 344, que nos reconocía como corresponde, incluidos en la liberación impositiva”.

“Ante lo realizado por este funcionario –continuó-, lo consulto respecto del inconveniente que teníamos para afrontar la deuda de fiscalización de Agrosur, ya que teníamos a muy corto plazo un inminente juicio de ejecución que no podríamos afrontar. Esta persona nos realiza en reunión, de Directorio de Agrosur, un planteo respecto de que se podría parar la ejecución en la medida en que realizaramos pagos a la espera de la salida de una moratoria que nos permitiera reducir el monto de la deuda por excención de multas y/o intereses. Estos pagos, debían realizarse de la siguiente manera: $700.000 distribuidos en 12/14 cheques de Banco de Entre Ríos, para ir imputándolos a cuenta de la deuda, a la espera de que saliera una moratoria impositiva”.

“Aceptamos la propuesta y le entregamos los respectivos cheques pero nos anunció que como iba a una caja central, tendrían que, los cheques a la fecha de vencimiento, ser rescatados y reemplazados por efectivo”, relató el empresario y añadió que ello sucedió a fines de 2009 y que se otorgaron cheques para todos los meses hasta fines de 2010.

Más adelante, el empresario comentó que Zuttión volvió a pedir dinero para cancelar deudas. “En el año 2011, el contador Zuttión, nos comunica que había que cancelar deudas de 12 cuotas que estaban pendientes y que nuevamente necesitaba 12 cheques de $50.000 cada uno; en esta oportunidad a nombre de la DGR. Vale aclarar que cuando se realiza el primer pago en el año 2009, al reemplazar cada uno de los cheques por el efectivo, entregaba un recibo de compensación a distribuir. Esta característica de recibo, no generaba más que la constancia de cancelación de los pagos que íbamos realizando. Es usual en la administración pública que se utilicen cuentas que los contribuyentes no conocemos y también que se imputen montos para después ser distribuidos a los conceptos de impuesto o multa o intereses. Realizada la segunda entrega de cheques, Zuttión nos refiere que deberíamos seguir pagando 36 cuotas más de $51.472,77 para efectuar la cancelación total de la deuda por fiscalización en concepto de impuesto, intereses y multas”.

“Esto significó que se realizaran pagos posteriores hasta el año 2014 e importó que la deuda de fiscalización representara una erogación de $3.200.000, aproximadamente”, indicó el empresario.

La jueza de Instrucción consideró que “los dichos de Miguel Curmona y de Héctor Amado Lima lo sindican (a Zuttión) como quien les hizo la propuesta de este esquema que les evitaría el inminente juicio de ejecución por la determinación de deuda luego de una fiscalización, y lo señalan como la persona a la que le entregaron los cheques para asegurar la operatoria y luego también el dinero para levantar los cheques, y como quien logró que reflotaran el plan de financiamiento cuando la maniobra defraudatoria fue descubierta y revertida”.

“Estas declaraciones se complementan con el hecho de que Jorge Martín Zuttión fue Director de Impuestos de la Dirección General de Rentas designado por Decreto Nº 152/03 M.E.O.S.P., hasta el 1º de diciembre de 2006. Este cargo lo coloca en el lugar y tiempo justo para saber de la maniobra y sus protagonistas, conocimiento que le permitió operar de nexo entre ellos y los representantes de Agrosur S.A., lo que me lleva a concluir que Jorge Zuttion tuvo en el hecho la intervención que se le atribuye”, concluyó.

Finalmente, en la acusación se aclara que la maniobra fue advertida y Agrosur debió cancelar toda su deuda realmente. Así lo dejó plasmado la jueza en el procesamiento: “El registro falso efectivamente se hizo por el dinero que se recibió del contribuyente, a través de Jorge Zuttión, y tuvo impacto inmediato en el patrimonio del Estado provincial, en tanto, debido al error al que indujeron tales registraciones falsas, el Fisco no activó los mecanismos predispuestos para el cobro de las acreencias pendientes de pago, con el consiguiente perjuicio patrimonial. Posteriormente fue advertida la maniobra y revertida y Agrosur S.A. canceló toda la deuda”.

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Rios Ahora.