La causa que investiga el delito de  privación ilegítima de la libertad en perjuicio de dos religiosas en el  Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, fue elevada con pedido de remisión a juicio por el fiscal Federico Uriburu al juez de Garantías y Transición, Gustavo Acosta. La única imputada en esa causa es la monja Luis Toledo, ya apartada de su función de priora del convento carmelita.

Los defensores de la religiosa, sin embargo, plantearon “la nulidad de dicho acto procesal”, y reclamaron el sobreseimiento de Toledo. Los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli pidieron el testimonio de 29 testigos en la audiencia de remisión a juicio. Entre otros, el cancillero argentino, Jorge Faurie; el nuncio apostólico en la Argentina, León Kalenga Badikebele; el secretario del Instituto de Vida Consagrada del Vaticano, Piergiorgio Silvano Nesti; el camarlengo Eduardo Martínez Somalo; a todas las religiosas del convento carmelita; en tanto, el fiscal Uriburur pidió, entre otros, el testimonio del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari.

Los defensores disienten con la calificación legal que hizo la Fiscalía del hecho imputado a la monja Toledo, “privación ilegítima de la libertad agravada”, por entender “el encuadramiento que ha dado la fiscalía a los hechos imputados (sin perjuicio de la discusión que luego haremos sobre la descripción del mismo), son absolutamente improcedentes, no solo por no adecuarse típicamente la conducta endilgada, sino porque surge clara la falta de adecuación de los requisitos objetivos y subjetivos del tipo escogido”.

“La complejidad de la causa hizo incurrir en diversos errores involuntarios a la Fiscalía. Dichos yerros terminan acarreando la nulidad de la remisión, y así lo solicito”, plantearon.

Y agregan Cullen y Vartorelli: “Vemos que la Fiscalía no individualiza en definitiva cual es la conducta normativamente adscripta a nuestra defendida lo cual obviamente anula (por violación al art. 403) el auto de remisión. Muy respetuosa, pero firmemente debemos decir que la imputación es contradictoria como se expondrá en la audiencia de remisión”.

 

Investigación

 


 

El fiscal Uriburu dio por clausurada la investigación penal preparatoria, y destacó en el escrito que “no cabe duda alguna que los hechos ilícitos oportunamente imputados a la ciudadana (Luisa) Toledo en su rol de madre superiora del Convento de las Carmelitas Descalzas de la ciudad de Nogoyá, es atribuible a ella en calidad de ´autor´ conforme los términos del art. 45 del Código Penal, sin que existan causales de justificación o exclusión de la culpabilidad que la eximan de responder penalmente por ello”.

Respecto de los hechos que se le imputan a la monja Toledo, Uriburu sostiene que respecto de la calificación legal “entiendo que el hecho en cuestión encuadra en el delito de privación ilegítima de la libertad agravada” en dos hechos, por lo cual la Fiscalía, anicipa el fiscal, “llevará a cabo una seria acusación contra la incursa, por los hechos y la calificación legal descripta en párrafos precedentes”.
Respecto de la pena que se pedirá en el juicio, el Ministerio Público Fiscal adelantó que se “tendrá en consideración la actuación que le cupo a la imputada en la presente causa, como así también las circunstancias que determinaron que se perpetraran los ilícitos atribuidos, el contexto en el que se desarrollaron los hechos, la carencia de antecedentes computables en contra de Toledo, la edad, los elementos de prueba reunidos en la causa y la valoración que de los mismos”, por lo que “la pena que aparece como justa y posible, aplicando la teoría del “ámbito de juego” al caso concreto, estaría ubicada dentro del segundo tercio de la escala penal que dadas las reglas del concurso real se ubica entre los 2 y los 12 años de prisión”.
La monja Toledo fue separada de su cargo al poco tiempo de que se conocieran  el escándalo del convento.

Ahora reside con la Congregación de Hermanas Benedictinas Misioneras de Tutzing, una orden religiosa fundada por el monje alemán Andres Amrhein en 1885, que tiene una casa en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires,.

La causa contra la religiosa, caratulada “Toledo Luis s/Privación ilegítima de la libertad”, atravesó un momento de zozobra cuando los defensores Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, plantearon una cuestión de competencia, que finalmente fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que la Justicia entrerriana es competente para entender en el caso.

La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2o16, a partir de una denuncia que publicó la revista “Análisis”: dos excarmelitas contaron ante el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, los tormentos que soportaron en la clausura, y responsabilizaron de esos hechos a la priora, Luisa Toledo.

Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta. Primero, se la alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.

Allí, convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, las mismas que denunciaron al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos.

Pero allí Toledo estuvo poco tiempo.  A mediados de diciembre del año último fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

En esa ciudad quedó alojada en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis  de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña.

Esa mudanza de la monja fue comunicada al juez Acosta, que controla su paradero, por los defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, contratados por la curia para ejercer la defensa técnica.

Ahora, la monja Toledo volvió a mudarse: se estableció en la localidad bonaerense de Los Toldos.

Recién a principios de 2018 el Vaticano decidió designar reemplazante. La medida supuso la conformación de un nuevo equipo de superioras, y por esta vez ha echado a un lado las constituciones de la congregación que indican que las prioras se eligen por votación de la comunidad. En vez de eso, Roma decidió nombrar como priora a Itatí Miño, una misionera de 38 años, que desde hace dos décadas está en el convento de Nogoyá.

 

El carmelo de Nogoyá es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según las constituciones por las propias religiosas. Se trata de una casa religiosa de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina, aunque se encomiende al obispo diocesano, Juan Alberto Puiggari, el actual, el cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones.

El nombramiento de autoridades en el convento llegó después de más de un año de acefalía. Luisa Toledo fue apartada de su cargo de priora a mediados de septiembre de 2016.

El 8 de junio de 2017,  Puiggari envió un informe a la Justicia en el que da razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.

Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.

El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.

Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.