Jorge De Breuil, empleado en el Senado entrerriano, allegado del senador nacional y ex vicegobernador Pedro Guillermo Guastavino y señalado como su mano derecha, pidió declarar ante los fiscales que investigan la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura y que según estimaciones del Ministerio Público Fiscal le habría originado al fiscal un perjuicio de unos $2.000 millones, y cuyo destino es de momento incierto.

A principios de febrero, De Breuil había sido citado en Tribunales para declarar ante los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, pero entonces se abstuvo de declarar. Ahora, y a través de su defensor, Miguel Cullenl, pidió testimoniar. Fue citado para el 19, a las 9,30. En la Justicia lo consideran una pieza clave en el armado de la logística de recaudación a través de los contratos truchos junto con el contador Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y Alfredo Bilbao.

De Breuil formó junto a Alfredo Bilbao y a Gustavo Pérez un grupo inversor denominado “G3”, según datos que surgen desde la Fiscalía.

Para entender qué lugar en la estructura de la operación de los contratos truchos le adjudició el Ministerio Público Fiscal a De Breuil hay que releer la apertura de la causa, formulada en octubre pasado.

Allí se indicó que entre enero de 2008 y septiembre de 2018, Flavia Beckman, Hugo Mena, Hugo Luna (ya fallecido), Esteban Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviena Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”. 

El mecanismo descripto incluía “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

 

Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de 4.500 pesos cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre de 2018, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de 50.000 pesos” por contrato.

 

En la Cámara de Diputados, en tanto, “la sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”, con contratos de 5.000 pesos cuyos montos se fueron incrementado también hasta 50.000 pesos.

 

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, dice el escrito de la Procuración.

 

Para los fiscales, “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

 

Esta detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras. Al respecto, mencionaron a Juan Domingo Orabona, director Administrativo Contable del Senado entre 2007 y 2011; Gustavo Pérez, director Administrativo Contable del Senado desde 2011; y Sergio Cardoso, director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados.

 

Ellos “tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas sueldo de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”, se expuso.

 

También se indicó que, luego de los libramientos por parte de los servicios contables, los cheques eran entregados a Mena y Beckman, “quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza”.

 

En este grupo, se señala a Esteban Angel Alberto Scialocoomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartín, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caíno, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla y Hugo Luna.

 

“A las personas del círculo de confianza que operaban como cobradores de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem 64 de Paraná o hasta la tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87”, se puntualizó.

 

En esos sitios, los sindicados repartían los valores para su cobro, el que se efectivizaba en distintas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos, preponderanemente en la de la esquina de Urquiza y San Martín, la casa central de Monte Caseros y 25 de Mayo y la sucursal de calle Malvinas.

 

“Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas” a las personas sindicadas, quienes “aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los cobradores alrededor de 200 pesos a cambio de la percepción de cada cheque”.

 

En la resolución se menciono que en 2017 se bancarizaron algunos de los contratos referidos, especialmente los del Senado, a través de la apertura de cuentas sueldo a los contratados, quienes recibieron las correspondientes tarjetas de débito.

 

Los plásticos, “pese a ser un instrumento personal, eran retenidos por Beckman, Mena y otras personas de la asociación, previa entrega por parte de sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país”.

 

Posteriormente, el dinero resultante era entregado a Pérez, Cardoso, Bilbao y Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera. “Bilbao era quien recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducción de gastos de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas”, marcaron los fiscales.

 

A su vez, la gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos contratistas, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación”.

 

Los fiscales pudieron determinar que los pagos se efectuaban a través de la terminal Nº 3.472, correspondiente a la sucursal Nº 3.469 de Entre Ríos Servicios, emplazada en el propio Estudio Integral Asesoría de los tres primeros contadores mencionados.

 

“Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Krapp, el corredor inmobiliaro Renato Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, estos tres últimos también miembros de Integral Asesoría”.

 

También se pagaban esas labores con “contratos con la Cámara de Senadores de la Nación en favor de Falco y Mansilla, suscriptos por el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino”, indicaron los fiscales.

 

Bilbao también se encargaba de “participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Pérez y a y Jorge Enrique De Breuil, empleado de planta permanente del Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Senado de la Nación por Guastavino, de una parte del dinero resultante”.

 

“Los tres -sostuvieron los fiscales- aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes invesiones inmobiliarias y agricolo-ganaderas”.

 

Esa maniobra contó, “como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los auditores estables, revisores y fiscal del Tribunal de Cuentas con desempeño en el período investigado”.

 

Por último, los fiscales indicaron que Flavia Marcela Beckman, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Jorge Pablo Balladares, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Alejandro Rubén Ferreyra, Renato Jesús Mansilla y Hugo Rubén Mena “eran remunerados también a través de contratos transitorios con el Senado de la Nación, en concreto, mediante contratos dados por los senadores Pedro Guastavino y Sigrid Kunath”.

 

“Se ha estimado de manera provisoria que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, los 1.235 millones de pesos”, concluyeron los fiscales, al tiempo que convocaron a “designar abogado defensor a quienes aún no han comparecido a tales efectos”.

 

 

 

Foto: Análisis Digital

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.