“El trámite se hace. Se hace este jueves, a las 9,30”.

De ese modo, una fuente de la Procuración General de la Provincia confirmó que este jueves, a las 9,30, el cuñado del exgobernador Sergio Urribari y hasta hace tres meses secretario del bloque de senadores provinciales del peronismo, Juan Pablo Aguilera, deberá estar en Tribunales para designar abogado defensor luego de la presentación hecha por su letrado, Marcos Rodríguez Allende, que pidió aplazar el juicio que deberá empezar el próximo 29 de julio, la denominada “causa de la vaca”. Lo mismo deberá hacer la mujer de Aguilera, Luciana Almada.

“Están citados para proponer codefensor. No es una audiencia propiamente dicha. Habrá audiencia si ellos piden hablar con el juez”, completó la fuente.

La resolución de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) dice: “Paraná, 15 de julio de 2019
De lo solicitado a fojas precedentes por el Dr. Marcos Rodríguez  Allende, y en atención a la proximidad de fecha propuesta por el  mencionado letrado -18/7/2019-, HA LUGAR, y en consecuencia CITESE para el día 18/7/2019 a las 09:30 hs. a los acusados Juan Pablo Aguilera y Luciana Belén Almada, a los fines dispuestos a fs. 143 vta.-
Notifíquese y cúmplase. Gustavo R. Pimentel -Vocal de Juicio y Apelaciones Nº 7. En feria”.

Pimentel deberá resolver entre la petición de los defensores y el planteo de la Fiscalía, una resolución que marcará el destino que tendrá el juicio que está programado para el 29 de este mes.

 

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Como informó Entre Ríos Ahora, Rodríguez Allende pidió aplazar el inicio del juicio por cuanto no puede asistir por prescripción médica. Ante esa petición, la Fiscalía requirió al juez Pimentel que cite a una audiencia para que Aguilera y Almada designen un codefensor que los pueda representar. Y de ese modo dejar confirmada la fecha de inicio del proceso que sentará en el banquillo, por primera vez, al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro de Cultura, Pedro Báez, a Aguilera,y, entre otros, Almada.

Las audiencias de juicio en la causa “de la vaca” serán los días 29, 30 y 31 de julio; y 1°, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26 y 27 de agosto de 2019, a partir de las 9. El curioso nombre con el que se hace referencia al caso se debe a que en la investigación la Fiscalía determinó que se falsificaban certificaciones de publicidad en la ruta, y en ellas siempre aparecía repetida una vaca.

En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel. Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.

El 24 de mayo de 2018, apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.

La Fiscalía había pedido 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Bustamante, pero en el acuerdo abreviado, el empresario aceptó una pena de dos años y ocho meses de cumplimiento condicional.

Por qué “causa de la vaca”


La “causa de la vaca” sienta en el banquillo a Urribari, Baéz y Aguilera, entre otros, acusados de los delitos de peculado, fraude a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con la función pública en la distribución de publicidad callejera en una operatoria en la que, sospecha la Ficalía, Aguilera, a través de empresas que se le adjudican,Tep SRL y Next SRL actuaba como “intermediaria” vía el pago de coimas con las otras dos firmas investigadas, Montañana Publicidad y Bustamante Publicidad.

Esa investigación comenzó a llamarse públicamente como “la causa de la vaca” a partir de una audiencia que tuvo lugar en tribunales  la mañana del 18 de noviembre de 2016, que presidió el entonces juez  Humberto Oscar Franchi: ayudado por una pantalla de video, el fiscal Santiago Brugo -por esos días a cargo de la investigación penal preparatoria que investiga el desvío de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri en beneficio de su cuñado, Juan Pablo Aguilera- empezó a proyectar imágenes.

Lo que más llamó la atención fue la foto de una vaca adelante de un cartel con propaganda del Estado. La vaca, la misma vaca, se repetía en muchos otros carteles. Las fotos eran, en teoría, la certificación de que el servicio de publicidad se había prestado, de que el cartel publicitario se había plantado al costado de una ruta, al ingreso de alguna ciudad. Entonces, esa foto se incorporaba al legajo de pago, y se extendía el cheque al proveedor, en este caso, la empresa del cuñado de Urribarri.

Todo era así, y el encargado de certificar que los trabajos se habían hecho según lo pautado era Gustavo Tamay, funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación que comandaba Pedro Ángel Báez.

Pero en el ínterin ocurría una avivada: los chequeos eran ficticios,  según la tesis del Ministerio Público Fiscal, pero los pagos, reales.  La hipótesis que aquella mañana de noviembre de 2016 expuso el fiscal Brugo es que no lo hicieron, que simularon haber ido y constatado, y que así y todo firmaron los pagos de las órdenes de publicidad. La oratoria de Brugo es sólida, esa solidez que se permite transitar el sendero de la hilaridad. “Las fotos son repetidas”, afirmó el fiscal Brugo en aquella audiencia ante el juez Franchi, y como prueba, dijo, hay “una vaca” que se repite en todas las fotos.

“Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”.

No hubo necesidad de ningún análisis de ADN a la vaca: el modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.