El exgobernador Sergio Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, el diputado Pedro Ángel Baez, recusaron al juez Gervasio Labriola, quien es parte del tribunal que comenzará a juzgarlos el 29 de julio en la causa conocida mediáticamente como “de la vaca”, en la que los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad, entre 2010 y 2015, por un monto total de $24.204.918,69, y el supuesto pago de “coimas” por unos $12 millones, según la tesis de Fiscalía.

El viernes 31 de mayo se realizó una audiencia en Tribunales en la que los abogados de los acusados, Raúl Barrandeguy e Ignacio Díaz, por Urribarri y Báez, respectivamente, expusieron sus argumentos para que el juez sea apartado de entender en ese juicio.  Por el Ministerio Público Fiscal, fue parte la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. El juez que debe decidir sobre el planteo es Rafael Cotorruelo.

Según supo Entre Ríos Ahora, los abogados de Urribarri y Báez entienden que Labriola no puede formar parte del Tribunal que juzgue a sus clientes puesto que ya intervino en otras causas en las que están imputados, por lo cual ya tendría una opinión formada desfavorable. En particular,  sobre un reproche técnico de la defensa, la excepción por falta de acción, esto es que las contrataciones que investiga la Justicia ya fueron aprobadas por los organismos de control, como la Contaduría, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado.

Labriola intervino en la megacausa contra el exvicegobernador Héctor Alanis y el exsenador radical Humberto Ré, que terminaron condenados. En ese proceso, el magistrado consideró que no hay “cosa juzgada” por más que los organismos de control se hayan expedido sin haber reprochado los actos de gobierno.

El juicio oral se desarrollará entre el 29 de julio y el 27 de agosto de 2019, y al proceso también irá el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, entre otros.  El Tribunal que los juzgará está integrado por Cotorruelo, Alejandro Grippo y el recusado Labriola.

El planteo de los abogados defensores sostiene que Labriola ya tiene una opinión en contra de sus clientes. En los argumentos, recuerdan que el 3 de mayo pasado, en el marco de la megacausa denominada del “Sueño Entrerriano”,  el magistrado les rechazó un planteo que técnicamente se conoce como excepción por falta de acción.

Básicamente, en el recurso expresan que las contrataciones hechas durante la administración Urribarri/Báez no obtuvieron ningún tipo de reproche de parte de los organismos de control, como la Contaduría General de la Provincia, el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Estado, y que ellos impide que la Justicia avance con una investigación penal.

Este mismo planteo será expuesto en el juicio y, como se sabe, Labriola, ya sostiene que los que determinen los organismos de control no es “cosa juzgada”, como afirman los defensores.

No fue en el único expediente en el que intervino Labriola. El pasado 21 de diciembre, el camarista, junto con sus colegas Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, resolvieron que Urribarri y Báez pueden ser llevados a juicio pese a tener fueros parlamentarios. La resolución se dio en el marco del expediente  en el que están procesados junto al empresario pizzero  Germán Buffa, por el otorgamiento de una pauta a su empresa Global Means SA, en 2011, por el monto de $118 mil. La causa se abrió en 2013, tras una denuncia formulada por el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido).

Quién es Labriola


El juez Labriola fue también funcionario de la gestión Urribarri. En 2011 fue Coordinador General del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi); luego, el 29 de diciembre de ese año fue nombrado titular del Registro Civil provincial, un histórico bastión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).  Labriola está casado con Josefina Butta, la hija de Claudia Allende de Butta, hermana del diputado y titular de UPCN, José Allende.

El juicio en la causa de la vaca


Las audiencias de juicio en la causa “de la vaca” serán los días 29, 30 y 31 de julio; y 1°, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26 y 27 de agosto de 2019, a partir de las 9. El curioso nombre con el que se hace referencia al caso se debe a que en la investigación la Fiscalía determinó que se falsificaban certificaciones de publicidad en la ruta, y en ellas siempre aparecía repetida una vaca.

En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel. Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.

El 24 de mayo de 2018, apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.

La Fiscalía había pedido 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Bustamante, pero en el acuerdo abreviado, el empresario aceptó una pena de dos años y ocho meses de cumplimiento condicional.

 

 

De la Redacción de Entre Rios Ahora.