La Cámara de Casación Penal dará a conocer el próximo 10 de octubre, a las 12, la resolución en torno al planteo de prescripción que formuló la defensa del cura Marcelino Ricardo Moya, que pretende que se declaren prescriptos los delitos de abuso y corrupción de menores por los que fue denunciado en junio de 2015.

El tribunal, conformado por los jueces Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti, escuchó este martes los argumentos de las partes: la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, en representación del Ministerio Público Fiscal; los querellantes Florencio Montiel y Juan Cosso, que representan al denunciante Pablo Huck; y el defensor de Moya, José Ostolaza, quien cobró notoriedad por haber sido el representante legal de Nahir Galarza, la joven gualeguaychuense condenada en julio último a prisión perpetua, acusada de haber asesinado a su novio, Fernando Pastorizzo.

Goyeneche, Montiel y Cosso rechazaron el planteo de prescripción de la defensa, y se mostraron expectantes respecto de la resolución que adopte Casación. Los querellantes están confiados en que habrá un rechazo al planteo, aunque la duda se cierne en torno al criterio que podría adoptarse en una instancia superior. La resolución de Casación puede ser apelada por cualquiera de las partes en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que con su nueva integración, tras la incorporación de Miguel Giorgio en lugar de Chiara Díaz, conformó nueva mayoría, con distinto criterio en relación a los delitos de abuso sexuales y su prescripción.

Giorgio votó, mientras se tramitó el juicio al cura Justo José Ilarraz por los abusos en el Seminario -que concluyó en condena a 25 años de cárcel- a favor de la prescripción; también su colega de la Sala Penal, Daniel Carubia, sostiene un criterio parecido.

En agosto de 2013, la Cámara del Crimen, conformada por los jueces Hugo Perotti, Miguel Ángel Giorgio y José María Chemez, dio vuelta un fallo del entonces juez de Instrucción, Alejandro Grippo, que había rechazado el planteo de prescripción en la causa Ilarraz. Perotti y Giorgio -Chemez no estuvo presente en la votación, por estar enfermo- votaron a favor de la prescripción.

La resolución de Perotti y Giorgio fue anulada el 20 de noviembre de 2013 por la Sala Penal del STJ. Los jueces Perotti y Giorgio cometieron un error, en opinión del alto cuerpo: consideraron solamente dos de las siete denuncias presentadas contra Ilarraz, y ello les valió un reproche del STJ. La Cámara “omitió comprender y decidir la totalidad de las cuestiones planteadas, con todas las consecuencias que ello implica con referencia al principio de congruencia, provocando de ese modo el vicio de arbitrariedad y la consecuente afectación de derechos esenciales de las partes agraviadas”, señaló el fallo que firmó el entonces vocal Chiara Díaz.

“Es indudable que los señores vocales de Cámara, aunque analizaron la totalidad de los hechos endilgados a Ilarraz, conforme surge de los puntos 3 y 4 del voto del doctor (Daniel) Perotti, al que adhiere el doctor (Miguel Ángel) Giorgio, en un evidente descuido material, sólo resuelven sobre dos de ellos, y este cercenamiento del sustrato fáctico sometido a su consideración, se refleja en la parte dispositiva de la sentencia”, observaron. Ello derivó, señalaron los magistrados, “en una simplificación inconducente pero que puede adquirir importancia si el trámite prosigue, se completa o renueva”.

La defensa de Ilarraz siguió batallando y el planteo de fondo, la prescripción, llegó finalmente a la Sala Penal del STJ en mayo de 2015, que lo rechazó, aunque con votos en disidencia: Claudia Mizawak y Carlos Chiara Díaz, votaron el rechazo; Daniel Carubia, a favor de la prescripción. La Sala Penal del STJ rechazó, en un fallo dividido, el 27 de abril de 2015, el camino de la prescripción, y señaló que los delitos imputados al cura son “imprescriptibles”. De ese modo se expresaron los vocales Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, con la disidencia de su par Daniel Carubia.

Ahora, Carubia y Giorgio, dos jueces a favor de la precripción, constituyen mayoría en la Sala Penal del STJ.

Una vez que la Cámara de Casación Penal emita resolución, el próximo 10 de octubre, y en caso de que rechace esa vía, la defensa del cura podrá acudir a la Sala Penal del STJ. Hasta que esa última instancia no se expida, no podrá realizarse el juicio oral al cura.

El caso Moya llegó a Casación el viernes 4 de agosto de 2017. El sacerdote carga con dos denuncias en la Justicia: una por promoción a la corrupción y otra por abuso sexual simple, ambas agravadas por su condición de miembro del clero. Desde finales de junio de 2015, cuando en Tribunales se comenzó a tramitar la causa penal por abusos, la Iglesia Católica lo suspendió a Moya en su función pastoral, y por eso mismo no puede oficiar misas en público.

Los abogados defensores del cura insisten, no obstante, con el mismo criterio: piden  la prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote: dos abusos, ocurridos en Villaguay, adonde estuvo destinado entre 1992 y 1997.

El lunes 29 de junio de 2015, dos jóvenes, un estudiante de Derecho, y un médico, Pablo Huck, ambos oriundos de Villaguay, se presentaron en Paraná ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y contaron sus historias de abuso. Después, el caso recaló en los Tribunales de Villaguay.

El 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores de Moya, acusado penalmente por casos de abuso a menores en Villaguay. El camarista  Mariano Martínez confirmó la resolución  del juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, que el 29 de junio rechazó la vía de la prescripción y elevó la causa a juicio.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.