La Cámara de Casación Penal -con el voto de sus tres miembros, Marcela Badano, Marcela Davite y Pablo Vírgala- rechazó el recurso de casación presentado por los defensores del experito balístico del Poder Judicial, condenado en 2018 a la pena de 12 años de cárcel, acusado del delito de robo de las armas que estaban puestas a su cuidado en el edificio de Tribunales, y que mediante un sistema de reventa volvían al mercado negro. Además, confirmó la prisión preventiva de Vitale.

No sólo eso: los jueces hicieron un “llamado de atención” a los tres defensores de Vitale, Iván Vernengo, Damián Petenatti y Rubén Pagliotto por sus críticas al tribunal que impuso la pena a Vitale. En sus alegatos, en la audiencia del 12 de marzo último ante la Cámara de Casación, los letrados apuntaron a dos de los integrantes del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno y José María Chemez -la tercera, Cristina Van Dembroucke- a quienes acusaron de “parcialidad manifiesta” en su actuación en el juicio a Vitale, que se extendió entre el 8 de marzo y el 13 de abril de 2018, proceso en el que el experito balístico terminó condenado no sólo por el robo de armas sino también en una causa por violencia de género que le inició una funcionaria policial. Y atacaron la validez del testimonio de Natalia Gimenez, una funcionaria judicial, que testificó en dos causas contra Vitale: en el juicio por las armas, y en otro proceso que lleva adelante el Juzgado de Transición N° 2.

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En su voto, la jueza Badano se refirió “a la supuesta conducta del Tribunal indicada por la Defensa, de omitir deliberadamente prueba, de tergiversarla, de demostrar falta de imparcialidad y ´compromiso forzado con la tesis de la Fiscalía´, no puedo dejar de llamarle la atención a los letrados, ya que semejantes acusaciones serían parte de delitos y no pueden ser invocados con ligereza e irresponsabilidad, como una parte más de los agravios”. Y que con tales afirmaciones, los abogados, agregó Badano, “pusieron en crisis el diálogo racional y respetuoso propio de la relación procesal entre las partes y los magistrados, efectuando acusaciones al Tribunal sin ninguna prueba que lo sustentara ni ningún argumento serio, más que el ánimo injurioso e irrespetuoso hacia la magistratura que denotaron sus expresiones, que apelan al descrédito de la función judicial, lo que resulta intolerable”.

La jueza Badano, al frente del  Tribunal; y los abogados Vernengo, Petenatti y Pagliotto.

“Advierto así, que la conducta de los abogados recurrentes configura una falta grave a sus obligaciones como auxiliares de justicia, y no enaltece la importante función que cumplen en este proceso. Esto implica una conculcación a los deberes señalados por la ley orgánica, y me lleva a propiciar un llamado de atención a dichos profesionales, a fin de que procuren evitar tal accionar en el futuro”, planteó la magistrada.

 

El proceso

Antonio Daniel Vitale era perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y encargado de velar por la custodia de las armas que la Justicia secuestraba en distintos operativos contra el delito. Pero desde esa posición privilegiada, ideó un sistema de sustracción de esa armas, planificó un mecanismo de retiro y distribución, para su posterior venta en el mercado ilegal, para sacar provecho económico, según la tesis de la Fiscalía.

Para llevar adelante ese plan y cometer un delito “aberrante”, como calificó el tribunal que terminó condenándolo a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, Vitale se valió del brazo ejecutor de Mauro Maximiliano Bertoni, un exempleado del Departamento Médico Forense de Tribunales. Con la apoyatura de Eduardo Ramón Borgogno y de Mario López Alonso, Bertoni conseguía clientes en el mercado ilegal, hacía la distribución de las armas y reportaba siempre al experito balístico de Tribunales, quien, descripto así, era el cerebro de la banda.

El tribunal aseveró que “quedó probada la imputación a Vitale” como autor del delito de amenaza simple, que tuvo como víctima a una funcionaria policial, y del delito de peculado y sustracción de armas de fuego del depósito del Poder Judicial para luego reinsertarlas en el mercado ilegal.

De ese modo, el tribunal siguió la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y se apoyó en el testimonio de un arrepentido, Bertoni, que fue quien sindicó a Vitale como pieza clave de ese andamiaje delictual, y desacreditó, así, el planteo de los defensores Damián Petenatti e Iván Vernengo, que lo calificaron como un “falso delator premiado”.

Los jueces consideraron probado que Vitale “sustraía armas y cartuchería del Poder Judicial, que entregaba a Bertoni, empleado del Departament Médico Forense,quien a su vez las entregaba a Borgogno y López Alonso, para ser introducidas al mercado ilegal de armas”. Los jueces consideraron válidos los dichos por Bertoni, que sindicó a Vitale como jefe del grupo, posición que, además, sostuvo durante el careo entre ambos. “No es un falso delator premiado Bertoni. Su vinculación con Vitale no se apoya sólo en los dichos de Bertoni, sino en la prueba reunida para verificar si era falso o verdadero lo manifestado”, señaló el tribunal.

En diciembre de 2016, Bertoni admitió su responsabilidad en el delito de sustracción de armas del Poder Judicial y firmó un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía: aceptó una condena de tres años de prisión condicional, más trabajos comunitarios.

También accedieron a un juicio abreviado Eduardo Ramón Borgogno, que aceptó una pena de tres años de prisión condicional; y Mario López Alonso, que firmó por un año y seis meses de cárcel condicional, ambos acusados de conseguir clientes y gestionar la venta y cobro de las armas sustraídas del depósito del Poder Judicial.

Cuando declaró en el juicio oral, el 14 de marzo de 2018, Bertoni contó que las transacciones de armas y dinero se hacían –con total impunidad- a la vista de todos en el edificio de Tribunales de Paraná: según la versión del testigo/condenado, a veces Vitale le daba las armas en la vereda; en otras ocasiones, en la oficina pericial; y de vez en cuando, en la zona del estacionamiento que da a calle Santa Fe. También dijo que en sus comunicaciones se referían a las armas con palabras claves como “pescado” o “lechones”.

Ejemplificó que cuando el experito tenía para entregarle armas, le enviaba un mensaje que rezaba “ya están los pescados” o “ya están los lechones”.

“No teníamos un acuerdo económico; yo le vendía las armas. Si él me decía que un arma salía $3.000, yo las vendía a $3.500, y me quedaba con $500”, dijo Bertoni al inicio de su declaración.

Además, aseguró que a Vitale algunas veces lo llamaba “El Viejo”. Previamente, el subjefe de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos, Carlos Gabriel Schmunk, señaló que en las escuchas Bertoni hace referencia a ese apodo al referirse a alguien al que respondía por la venta de armas. Aunque aclaró que en ningún momento se mencionó el nombre o apellido de Vitale.

En otro tramo de su declaración, Bertoni indicó que al ser arrestado en 2016, soltó ante el comisario Schmunk que Vitale era quien le daba las armas.

Asimismo, refirió que durante el tiempo en que estuvo con prisión domiciliaria, Vitale intentó sobornarlo. “Me ofreció plata, me decía que me podía mantener. ‘Te puedo dar 20 o 25 mil por mes’, me dijo”, declaró y agregó que también le pidió que cambie de abogado.

Pero el tribunal no se apoyó sólo en los dichos de Bertoni: también cotejó los testimonios de dos empleadas de la oficina donde trabajaba Vitale, las escuchas telefónicas y la abundante prueba que produjo el Ministerio Público Fiscal, que, en su alegato, había pedido la pena de 15 años de prisión para el experito balístico del Poder Judicial.

“Cada dato que fue aportado encuentra eco probatorio -señaló el tribunal hoy en el adelanto de sentencia-. Y también todos los datos que se fueron incorporando de una manera prolija, lo que no deja margen de dudas respecto de la participación de Vitale en este hecho”.

Al resolver bajar en tres años la pena respecto del pedido hecho por la Fiscalía, el tribunal tomó en cuenta que Vitale no cuenta con antecedentes penales y además tiene problemas de salud. Pero atendió favorablemente el pedido de prórroga de la prisión preventiva del experito balístico de Tribunales, que seguirá detenido en la Unidad Penal N° 1 hasta que la sentencia adquiera firmeza.

La condena a Vitale supone la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, por lo cual el tribunal notificará de la resolución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, para que se frene el trámite de jubilación que ya inició Vitale.

El tribunal también encontró responsable a Vitale del delito de amenaza simple en contexto de violencia de género, cuya víctima fue una funcionaria policial, a quien conoce desde hace 15 años, con quien mantuvo una relación. La mujer recibió varios mensajes intimidantes de parte del experito balístico, y lo hizo basado en una “relación asimétrica de poder”, según concluyeron los jueces.

Apreció también el “desprecio” de Vitale hacia la mujer policía, de quien dijo que a pesar de que no le daba la altura ni la vista, igual la hizo ingresar a la Escuela de Policía, haciendo uso de sus contactos en la fuerza.

Durante los alegatos del 6 de abril del año último, la fiscal Fernanda Ruffatti dijo: “Existió asimetría de poder entre ambos”, señaló en relación a Vitale y la víctima. El experito de Tribunales movió sus contactos para que la mujer ingresara a la Escuela de Policía. Y su actitud hacia ella se volvió violenta cuando supo que estaba en una relación de convivencia con otra persona. “Le enviaba mensajes de todo tipo y a toda hora. Entre éstos, uno que decía: ´Vos ya elegiste y jugaste conmigo a dos puntas. No me gusta hacer el papel de boludo, y menos aún de cornudo consciente´”.

Esa vez, los fiscales Juan Malvasio e Ignacio Aramberry sostuvieron la acusación, pidieron 15 años de prisión y calificaron el delito cometido por Vitale como “un hecho de corrupción que no tiene parangón”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.