El jefe narco Danil ‘Tavi’ Celis pidió ampliar su declaración indagatoria y lo hizo este lunes ante el juez federal Leandro Ríos, pocas horas después de que se conociera el procesamiento del intendente de Paraná, Sergio Varisco y otras personas involucradas en la causa por narcotráfico.

Acompañado por su abogado, Celis buscó desvincular de la causa a Varisco, y a su amigo y concejal Pablo Hernández (Cambiemos), a la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira y al inspector Alan Viola.

En primer lugar, ante la posibilidad de ser trasladado, el jefe narco solicitó que lo mantengan detenido en la Unidad Penal Nº8 de Federal porque aseguró que está amenazado de muerte.

Luego se limitó a hablar de esas cuatro personas imputadas en la causa que investiga el vínculo de funcionarios públicos con el narcotráfico. Sobre Varisco, Celis afirmó que “no tiene ninguna vinculación a la causa que se le imputa y que desconozco si es adicto o no, esas son cosas personales de él pero sí puedo decir con certeza que no tiene ninguna vinculación con la causa que se le imputa”.

En tanto, respecto de Bordeira, aseguró que la función que cumplió la ex funcionaria policial fue entregarle dinero “que el municipio le brindaba todos los meses a mi familia, nada más”.

En cuanto a su amigo, el concejal Hernández, dijo que “cumplía la misma función que Griselda Bordeira, acercarle a mi familia dinero que el municipio le brindaba todos los meses, desconociendo la procedencia de ese dinero”. Por último, dijo que con el inspector Viola sólo tuvo un vínculo laboral.

El procesamiento


En el procesamiento, el juez Ríos señaló que entre el mes de septiembre de 2017 y el 2 de mayo de 2018 un grupo de personas comandadas por Celis, junto a Varisco, Bordeira y Hernández “comercializaron de manera conjunta y organizada – entre sí y con personas cuya identidad y rol aún no se ha podido establecer– estupefacientes cocaína en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra del referido tóxico a distintas personas en la ciudades de Paraná y Concordia de la provincia de Entre Ríos y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Según el juez Ríos, la cocaína, era suministrada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “por expresas indicaciones y/o solicitudes de Daniel Andrés Celis, quien al momento de los hechos se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 8 de la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos, quien adquiría el estupefaciente, financiaba la actividad de comercialización con fondos provenientes del acuerdo celebrado los primeros días de septiembre de 2017 con el Intendente de la ciudad de Paraná Sergio Fausto Varisco, secundado por el concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la Sargento 1º de la Policía de la Provincia de Entre Ríos –activo efectivo afectada en comisión de servicio al Área de Seguridad de la Municipalidad de Paraná– Griselda Noemí Bordeira y, complementariamente, con fondos propios generados por la actividad ilícita de la organización que dirigía y luego encomendaba el transporte de las distintas remesas del estupefaciente a diversas mujeres de mediana edad cuya identidad aún no ha podido establecerse, como así también al propio proveedor Wilber Figueroa Lagos, quien al menos en dos oportunidades, concretamente los días 20 de abril y 2 de mayo de 2018, trasladó personalmente y sin valerse de las mencionadas mujeres, diversas cantidades de cocaína, entre las cuales se incluye el tóxico secuestrado en la residencia de Daniel Andrés Celis y Luciana Ernestina Lemos”.

A su vez, según Ríos, la pareja de Celis, Luciana Ernestina Lemos, “tenían por función mantener la comunicación entre Daniel Andrés Celis y el Intendente de la ciudad de Paraná Sergio Fausto Varisco, mediante el concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Noemí Bordeira, de manera permanente, fluida y secreta, en especial en lo referido a los pagos de dinero y entregas del tóxico que los mencionados funcionarios municipales adquirían, en particular los días 1/12/2017 y 27/4/2018”.

En otro tramo de la acusación, el magistrado federal le endilga a Varisco, Hernández, Bordeira –y el empleado municipal Ernesto Ramón González- haber adquirido, entre el 20 de abril y el 2 de mayo de 2018 “al menos 6 panes o ladrillos de cocaína al precio de entre $150.000 a $165.000 por cada uno de ellos, con la finalidad de distribuirlos en la ciudad de Paraná y Concordia”.

El magistrado decidió que 9 acusados continúen con prisión preventiva. Es el caso de Griselda Noemí Bordeira, Héctor Pablo Hernández, Alan Nicolás Viola, Luciana Ernestina Lemos, Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Wilber Figueroa Lagos, Jonathan Jesús Heintz y Juan Manuel Gómez, que deberán permanecer alojados la Unidad Penal Nº 1 y 6 de Paraná, respectivamente.

En el caso de Varisco, le impuso una caución de $1 millón para continuar en libertad, luego de considerar que su detención podría generar “una crisis institucional en los servicios de la ciudad”.

Roles en el caso

Daniel Andrés Celis, (alias ‘Tavi’): organizador/proveedor/financiador.

Luciana Ernestina Lemos, (alias ‘Lu’, ‘Lupe’ o ‘Lupita’): colaboradora/asistente.

Eduardo Humberto Celis, (alias ‘Narigón’ o ‘Cholo’): almacenador/ colaborador/ asistente/ vendedor.

Nahuel Jonatan Eduardo Celis: colaborador/asistente.

Wilber Figueroa Lagos, (alias ‘Tío’ o ‘Pariente’): proveedor.

Juan Manuel Gómez, (alias ‘Nacho’): adquirente/revendedor.

Jonathan Jesús Heintz: adquirente/revendedor.

Sergio Fausto Varisco: financiador/adquirente.

Griselda Noemí Bordeira: adquirente/ colaboradora.

Héctor Pablo Hernández: adquirente/colaborador.

Ernesto Ramón González, (alias ‘Gonza’): adquirente/colaborador.

Alan Nicolás Viola: colaborador.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.