El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, decretó el procesamiento y prisión preventiva de los integrantes de la organización narcocriminal liderada por los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis, desarticulada en el mismo momento en que varias personas descargaban un cargamento de trescientos kilos de marihuana desde una avioneta en un campo en la zona de Colonia Avellaneda, el domingo 28 de mayo.

Los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis fueron procesados como líderes de una banda que se dedicaba a organizar y financiar actividades de comercio de estupefacientes, que operaba en distintos barrios de Paraná (Antártida Argentina, Paraná XVI y San Agustín) y extendía sus redes a las localidades de San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá, Seguí e incluso hasta Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde, detalla el sitio Página Judicial.

La estructura estaba constituida por grupos familiares, y por eso también fueron procesados varios parientes de los hermanos: su padre, Eduardo Ramón Celis; el hombre que los crió, Miguel Carmelo Leguizamón, su esposa, Miguela Valde; y María Fernanda Orundes Ayala y Yamila María José Corradini, parejas de Daniel y Miguel Celis, respectivamente. En su caso, por el comercio de sustancias estupefacientes.

Del mismo modo, fueron procesados Cristian Javier Silva, Hernán Jesús Rivero, Julio César Vartorelli, Patricio Facundo Larrosa, Marcos Javier Velázquez, Sergio Marcelo Baldi, Luis Orlando Céparo, José Marcial Caballero, María Laura Zurita (recibió prisión domiciliaria), Renzo Bertana, Miqueas Julio Córdoba, Jonatan Iván Romero y Carlos Gastón de la Fuente, que ejercían distintos roles de provisión, organización, distribución, logística para el transporte, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta.

También fueron procesados los hermanos Omar Horacio Ghibaudo y José Raúl Ghibaudo, que son los dueños del campo donde aterrizó la avioneta y de otro que había sido acondicionado por la organización para el aprovisionamiento de combustible de la aeronave; y la curandera María Esther Márquez (fue excarcelada), que los persuadió para que hicieran el negocio con la banda de los hermanos Celis.

El magistrado, además, les trabó un embargo por la suma de 30.000 pesos para cada uno.

Dominio territorial

El juez aseveró que los hermanos Celis, “en forma conjunta y coordinada, organizaron las diferentes adquisiciones y remesas (aéreas, fluviales y terrestres) de marihuana, con el objetivo final de su distribución y venta a distintas sub­organizaciones y a consumidores particulares”, es decir, la banda abastecía a otras estructuras y vendía al menudeo.

En su resolución, el magistrado describió “una compleja maniobra de ingeniería política y financiera desarrollada por Daniel Tavi Celis, tendiente a acrecentar su dominio territorial en la zona oeste de la ciudad, edificando una estructura dentro del Estado municipal, utilizada para la adquisición, distribución y venta del tóxico”, que consistió en “la celebración de diversos acuerdos políticos, entendidos como ‘pactos de confianza’ con el entonces candidato a intendente Sergio Fausto Varisco quien prometía un ‘gobierno de puertas abiertas’”.

“Celis transformó la administración pública en una administración a título propio, pues tuvo acceso irrestricto a los camiones municipales (en particular recolectores y volcadores sin GPS) para organizar el transporte y la distribución del estupefaciente de forma oculta y sin levantar sospechas en las fuerzas policiales, dada la apariencia de licitud que generan los mismos y la nocturnidad en la que operan”, resaltó el juez Ríos en el auto de procesamiento de los integrantes de la organización.

Una conversación telefónica entre Celis y Rivero, el 6 de abril de 2016, es elocuente:
–Te hago una pregunta, ¿que número de camión tenemos allá en el volca? –pregunta el jefe narco a Hernán Rivero, jefe de la unidad municipal.
–El que maneja Chitara y el 447 –responde el funcionario.
–¿447, ese camión tiene GPS también?
–No, ese no.
–¿Todos los volcadores tienen GPS? –insiste Celis.
–No, hay uno solo, de los tres hay uno solo que tiene GPS.
–¿Podemos ocupar dos? –le consulta el jefe narco–. Porque yo necesito trasladar unas cosas hasta San Benito.
–Ah, listo. El 447 y el 507 no tienen GPS –le confirma Rivero.
–Aja, necesito mover esos dos camiones mañana… –le dice primero Celis, pero luego alguien le advierte que las “cosas” recién serían trasladadas la semana siguiente y el jefe narco retrocede en sus palabras–. Ah, para, para… no, para la semana que viene, está bien. Lo organizamos mejor, lo organizamos con más tiempo.
–Ningún problema, Dani, contá con los dos volcadores –le asegura Rivero.

La mudanza, obviamente, no era tal, sino que la sospecha es que trasladarían estupefacientes desde algún bunker de Tavi Celis al territorio de su hermano Titi.

Los investigadores están seguros de que la postergación del transporte se concretó el día 11 de abril de 2016. Las sospechas surgen por las 45 llamadas telefónicas que se cruzaron Celis y Rivero entre la 1,07 y la hora 8,51.

Las escuchas telefónicas constituyen una prueba fundamental de la investigación. Son 1.400 horas de grabación que se colectaron durante catorce meses. Gran parte de ellas se transcriben en la resolución del juez y sirven para reconstruir el organigrama de la banda y los roles de los integrantes. De allí también surgen las vinculaciones con la política. El concejal Pablo Hernández y la secretaria de Seguridad de la Municipalidad, Griselda Bordeira, hablaban con asiduidad con el narcotraficante Celis.

Acuerdo político


Surgen también de las escuchas telefónicas los términos del acuerdo político entre Celis y el entonces candidato a intendente Sergio Varisco, aunque a criterio del juez no haya elementos para considerar, al menos por el momento, que las autoridades fueran cómplices de los líderes de la organización.

Un testigo de identidad reservada declaró que el acuerdo se habría pergeñado “a fines de 2013 o principio de 2014” y mencionó que “fueron 40 contratos para la gente que trabajó en la campaña”, de los cuales habría “cinco direcciones, cinco subdirecciones, y diez jefaturas de departamento” en la Unidad Municipal 2 Oeste; y “que Sergio (Varisco) nos iba a dar unas obras públicas del municipio” a la empresa constructora que tenía Cristian Javier Silva, un hombre de extrema confianza de Celis.

El magistrado señaló que el acuerdo se cumplió en forma “parcial” y destacó la incorporación de María Fernanda Orundes Ayala, pareja de Celis; Renzo Bertana, que es hijo de una pareja anterior del jefe narco; María Laura Zurita, Hernán Rivero (admitió en su declaración como imputado: “Celis me recomendó ante el intendente para que yo sea nombrado ahí), todas personas que integraban la organización narcocriminal.

También mencionó que producto del mismo acuerdo “logró posicionar a Miguel CebollaLeguizamón como director (en la Unidad Municipal 2), cargo que es de carácter administrativo y al que –de no ser por Celis– difícilmente podría haber accedido en el escalafón, dada su condición de analfabeto”.

Incluso el juez aseguró que el propio Celis quería ser funcionario municipal.

El testigo de identidad reservada también habló de aportes que habría hecho Celis para actos proselitistas por 122.000 pesos; el alquiler de remises durante los días de elecciones por 270.000 pesos y la entrega de bolsones de comida por 450.000 pesos, durante la campaña electoral de 2015, en la que Varisco resultó electo como intendente.

En tanto, Rivero agregó que Celis habría pagado “carteles, boletas, material de campaña y afiches” y agregó: “Celis era un referente político, tiene influencia sobre el (Departamento) Ejecutivo (Municipal). Estos sería por arreglos que tenía con el Ejecutivo de gente para entrar. Que tenía influencia se ve porque estando él preso su mujer e hijo ingresaron a la Municipalidad”, en referencia a Orundes y Bertana.

 

Fuente: Página Judicial.