El fiscal Gamal Taleb, de la Unidad Fiscal de Victoria, comenzará a escuchar hoy el testimonio de los 13 empleados municipales que se desempeñan en la planta potabilizadora de esa ciudad en procura de determinar responsables por el vuelco de una garrafa con gas cloro a las aguas del río Paraná, lo que produjo la contaminación de tres personas, que debieron ser hospitalizadas, hecho que ocurrió el último día de diciembre de 2017.

Las testimoniales serán recibidas por Taleb este miércoles por la tarde, continuarán el viernes, y lunes y martes de la próxima semana. Todos son empleados sin poder de decisión pero que estuvieron el día del vuelco de la garrafa con cloro. “A partir del testimonio de todos ellos, podremos reconstruir y llegar a determinar quién tomó la decisión de volcar cloro al río”, explicó.

La decisión de convocar a esos trece empleados ocurre luego de que la administración municipal de Victoria, que encabeza Domingo Maiocco (Cambiemos), enviara un informe, a pedido de la Fiscaía, en el que detalló cómo es la orgánica municipal, especificó las competencias de cada secretaría de gobierno municipales, avisó cuales  empleados prestaron servicios en la planta potabilizadora el día del vuelco, y también acercó el contrato con la empresa proveedora de cloro.

La denominada causa del cloro ha provocado un tembladeral político en Victoria. Y de avanzar en la Justicia podría dejar en situación incómoda a la administración de Cambiemos.

Los concejales del Frente para la Victoria –que han seguido de cerca las peleas del intendente y su vice, Alcides Risso, y el último incidente de acefalía en el Concejo Deliberante- emitieron un pronunciamiento en conjunto con el consejo departamental del Partido Justicialista, en el que hicieron saber de “nuestra gran preocupación” frente al hecho de “al arrojar una enorme garrafa con gas cloro en nuestras costas, sin respetar el protocolo que recomienda Induquimica S.A, empresa proveedora y que llevó a poner en riesgo la vida de los pobladores, siendo asistidos e internados en nuestro hospital”.

La garrafa  se arrojó al río el domingo 31 de diciembre, y es parte de las pruebas con la que se maneja el fiscal Taleb para tratar de determinar si se cometió algún tipo de delito.  Se trata de una garrafa de cloro de unos 1.000 kilos.

César Zucotti, secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Victoria, fue quien explicó por qué se hizo ese procedimiento. “Me dijeron que no había otra alternativa. Que había que hacer esto, que ya había un antecedentes de hace 22 años de haber dispuesto un procedimiento así, entonces fijamos la posibilidad de tirarlo. Lo que se estudió es el lugar. Decidimos finalmente que el lugar más apto eran los galpones en las inmediaciones de la arenera. Entonces, cerca de las 3,30 del 1° de enero fuimos  con personal y máquinas y lo tiraron al agua y se tiró ahí”, contó.

La garrafa, después de haber sido arrojada al río, emanó gas cloro, y ese gas fue inhalado por un pescador y sus dos hijos, que terminaron internados en el Hospital Fermín Salaberry.

Enterado del incidente, Taleb decidió abrir una causa de oficio.

En principio, la causa está caratulada como “Lesiones imprudentes”. Ese delito, dijo Taleb, tiene una pena de un mes a tres años de prisión, o la aplicación de una pena alternativa, que es una multa, y conjuntamente la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, de uno a cuatro años.

La pesquisa no sólo apunta a la Municipalidad de Victoria sino también a la empresa encargada de realizar los trabajos de reparación en la planta de agua, Induquímica SA.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.