Las sospechas venían de lejos, pero tomaron cuerpo durante una asamblea de trabajadores el 31 de mayo último.

Ese día, los empleados del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) se convocaron para analizar la situación del organismo después de que la Nación adelantara que habría una retracción en el envío de fondos, lo cual pondría al organismo en una seria dificultad económica y financiera.

Las asambleas habían empezado antes, en abril. Los casi 400 empleados de la repartición se declararon entonces en estado de asamblea y movilización ante la preocupación que generó la noticia de una serie de modificaciones a implementar por la Nación en la política de viviendas. La principal, una reducción en la cantidad de unidades habitacionales a construir, a pesar del incremento permanente de la demanda.

En eso estaban cuando alguien aportó un dato, fuera de agenda: la existencia de supuestos cobros irregulares a adjudicatarios en concepto de “honorarios” profesionales por parte de un grupo de abogados. No era un tema estrictamente sindical, pero su sola ventilación produjo un sacudón, y rápidamente empezaron a conocerse datos, documentos reservados, trámites cubiertos de sospecha.

El 1º de junio resolvieron presentar una petición ante el titular del IAPV, Alfredo Francolini, en la que alertaron por “el cobro de honorarios a los adjudicatarios que concurren al Departamento de Cobranzas para refinanciar la deuda”.

“Como oportunamente planteamos, muchos conocidos y allegados al personal nos han informado que se les ha requerido abonar honorarios profesionales por estar sus deudas judicializadas, hecho que los ha extrañado por no haber recibido una citación a mediación prejudicial o cédula de juzgado alguno”, dice el texto que recibió Francolini.

“También –agrega la nota—hemos tomado conocimiento del cobro de honorarios por iniciar trámites de escrituración y cesiones de derechos, por parte de las mismas personas”.

Y agrega la presentación: “En este Instituto siempre se ha manifestado que es ilegal el cobro de honorarios por actuaciones administrativas y esta actitud reiterada y sostenida, daña la imagen de la institución en un momento en que los trabajadores estamos dando batalla para evitar el desfinanciamiento planteado desde el Estado Nacional. Es por ello que solicitamos disponga las medidas necesarias para evitar que estas acciones se sigan llevando a cabo, aplicando sanciones en caso de corresponder”.

En la presentación, adjuntaron copias de recibos de cobro, no oficiales del IAPV, firmados, en algunos casos, por la titular del área legal del organismo, Cristina Artacho, “en concepto inicio trámite escritura Lote 1 Manz A – Bº Hipódromo”, como se lee en uno de los documentos que pusieron en manos de Francolini los trabajadores.

Sin respuesta de Francolini, los trabajadores reclamaron respuesta a través de un pedido de un “pronto despacho”, el 9 de agosto, con el aval de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Y pidieron que “en el plazo de cinco días hábiles” se proceda “a dar formal respuesta al planteo formulado, dejando expresamente aclarado que en caso de silencio o expreso rechazo al presente se realizarán las correspondientes acciones judiciales”.

Las autoridades del IAPV han guardado silencio, hasta ahora, de la preocupación expresada por los trabajadores.

No obstante, el tema generó una reunión en Casa de Gobierno, con la presencia de las máximas autoridades, y la intervención del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Los trabajadores de IAPV ahora evalúan efectuar una presentación en la Justicia.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.