Eran las 14,15 cuando la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, dio por concluida la sesión del cuerpo que terminó de modo abrupto: con el retiro del bloque de Cambiemos.

“Hemos terminado una sesión de casi tres horas -calculó mal, porque había arrancado a las 12,40-, que se ha desarrollado en un marco de respeto. La última vez que se discutió la tarifa del transporte fue entre insultos de una patota interna”, lanzó Etienot, en clara alusión a la sesión de mayo de 2018 que terminó con una denuncia por violencia de género contra el titular de la Secretaría de Medios, José Escobar.

La sesión de este lunes, convocada en forma extraordinaria por el Ejecutivo, no duró casi tres horas, sino poco más de una hora y media. El final lo anunció la presidenta del bloque de Cambiemos, Karina Llanes. “Nos vamos a retirar. No vamos a seguir escuchando los discursos electorales del Frente para la Victoria”, argumentó, tras escuchar las críticas hacia la política del intendente Sergio Varisco de parte de los concejales David Cáceres, Enrique Ríos y Stefanía Cora.

En realidad, la sesión había terminado mucho antes: previo a sentarse en sus bancas, los concejales habían acordado en la reunión de labor parlamentaria enviar el único proyecto a tratar, la iniciativa del Ejecutivo de aplicar un aumento del boleto de $14,85 a $22,80, a la Comisión de Servicios Públicos que preside Elsa Ermácora (Paraná de Pie).

De modo que se sabía de antemano que no habría discusión en el recinto sobre el proyecto de aumento de la tarifa. Pero la discusión igual se dio.

Así, el Concejo Deliberante decidió aplicar sus propios tiempos, y los que fija el marco regulatorio del transporte, para tratar el pedido de aumento de la tarifa de colectivos.

Y los tiempos pueden extenderse por un plazo indeterminado por cuanto los concejales de todos los bloques aceptaron recibir opiniones de la sociedad civil durante el debate en comisión del proyecto de ordenanza de aumento del boleto.

“Es una sesión difícil de resolver. Pero se agrava más esta situación por cuanto desde nuestro bloque no hemos podido juntarnos con el anteproyecto”, dijo Santiago Gaitán (Paraná de Pie) al inicio de la sesión, que tuvo dos ausencias: Cristina Sosa (Frente para la Victoria) y Silvina Fadel (Frente Renovador).

Fue el concejal Gaitán el que mocionó enviar el proyecto a comisión, propuesta que fue acompañada por todos los concejales.

El concejal Cáceres (FPV) reprochó que en la discusión del servicio del transporte todas las decisiones han apuntado a beneficiar a las empresas de colectivos. “Esta embestida de las empresas no es nueva. Desde que empezamos a tratar el marco regulatorio para los nuevos pliegos licitatorios, siempre se ha trabajado en beneficio de las empresas. Nosotros acompañamos el pase a comisión del proyecto, porque entendemos que no corresponde votar a libro cerrado”, afirmó.

Su par Enrique Ríos evaluó que un aumento por decreto “es una medida inconsulta. El transporte es caro e ineficiente y no cumple con las necesidades de los vecinos. Aunque Varisco ya expresó su voluntad política de aumentar el boleto. Y quedó plasmada en el decreto 101”, afirmó.

Eso es lo que podría ocurrir si el Concejo no se expide dentro de los próximos 20 días: el Ejecutivo puede aprobar el nuevo aumento del boleto por decreto.

Sanciones


La novedad en la sesión de este lunes fue el pedido que formularon al secretario de Servicios Públicos, Ricardo Frank, los concejales María Marta Zuiani y Emanuel Gainza (Cambiemos), integrantes del órgano de control del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU).

Zuiani y Gainza le pidieron a Frank, en su calidad de presidente del SITU, “iniciar las acciones legales correspondientes” comprendidas en los artículos 62, 63 y 65 de la ordenanza N° 9.546, que aprobó el pliego de bases y condiciones de la licitación del transporte urbano en Paraná.

El pedido de sanciones es para Buses Paraná, la concesionaria del servicio que integran Mariano Moreno y Ersa Urbano, y que entre lunes y miércoles de la última semana, decidieron retirar unidades del servicio, provocando un caos en el transporte en la ciudad. 

El artículo 62 fija: “Para el caso de que la concesionaria incumpla voluntariamente la prestación regular del servicio, cualquiera sea la forma que ésta asuma, se aplicará una sanción”.

Los ediles hicieron notar a Frank que la sanción debe aplicarse al tomar conocimiento de la “decisión unilateral de la empresa” de retirar unidades del servicio.

También le pidieron al funcionario que designe “un área o responsable específico dentro de la Secretaría que tiene a su cargo para prestar informe específico sobre frecuencia y cantidad de unidades en calle”.

Y que se afecte “un cuerpo específico de inspectores que se capaciten en las obligaciones que establece la concesión y además estén abocados de manera exclusiva al control de la prestación del servicio de nuestra ciudad”.

Además, Zuiani y Gainza anunciaron que presentarán un proyecto de ordenanza que prevé el aumento de los montos de las sanciones establecidas en el pliego de bases y condiciones “con la intención de que el Ejecutivo cuente con mayores herramientas para garantizar la prestación del servicio y proteger al usuario frente a decisiones unilaterales de la empresa”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.