En el tercer día del juicio al extitular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Jorge Rodríguez,  el Tribunal oyó el testimonio de nueve testigos, algunos de los cuales aportaron datos sobre cómo fueron los trámites para la creación de la Escuela Privada N°235 Heraclia Ruiz Díaz, la contratación del personal docente y no docente y la tardía constitución de la Asociación Civil Los Viales, que administra la institución.

La tesis de los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro es que los imputados Jorge Rodríguez (extitular de Vialidad), Néstor Kemerer y Mario Heyde, desviaron fondos del organismo para la creación de la escuela, violando la Ley de Vialidad, Nº 2.936. Reprochan que para tal fin se hayan usado $3 millones para el pago de sueldos docentes y $1 millón para obras de refacción. En tanto, los abogados defensores sostienen que no existe delito, ya que el proyecto contó desde el inicio con el aval del Consejo General de Educación (CGE), órgano encargado de las instituciones educativas de la provincia.

Antes de iniciar las testimoniales, la Fiscalía advirtió a los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta sobre la nota presentada este martes por la directora de la escuela, Graciela Bergna, en el cual se preguntaba al Tribunal de Cuentas  si la Asociación Civil Los Viales debía devolver a Vialidad dinero que se usó para el pago de haberes.

El fiscal Alejandro Cánepa señaló que la nota no fue elevada por la asociación al organismo de control sino que es una respuesta a un oficio y por ello solicitó que se requiera al Tribunal de Cuentas que envíe el expediente completo N° 111719, fechado el 18 de septiembre de 2015. Los jueces hicieron lugar al pedido y  ordenaron emitir un oficio al organismo que preside Federico Tomas para que en el plazo de 48 horas remita el expediente en el cual se encuentra el informe de Humberto Tano, auditor permanente del Tribunal de Cuentas en la DPV.

Qué hizo el CGE


La primera de las testigos de la jornada fue Soledad Gabas, profesional que integró el equipo técnico en formación inicial de la Dirección de Escuelas Privadas del CGE, que dependía de Patricia Palleiro de Todoni. La testigo refirió  que su tarea es orientar a los interesados en fundar instituciones educativas en el tedioso trámite que conlleva cumplimentar los requisitos que exige el organismo rector de la educación provincial.

Indicó que el expediente sobre la Escuela Heraclia Ruiz Díaz se inició mediante una solicitud firmada por Jorge Rodríguez y Néstor Kemerer, apoderado de la escuela y director de la Dirección de Mantenimiento y Suministro Vialidad. Y que su papel fue revisar si cumplían con el capítulo 2 de la resolución N° 240, del CGE, en el cual se especifica qué requisitos deben completarse para que una institución sea reconocida.

Gabas mencionó que dicha normativa detalla qué agentes pueden solicitar el reconocimiento de una institución de enseñanza y la documentación que deben presentar, entre los cuales se exige un informe sobre factibilidad económica, proyecto educativo, cantidad de niños a matricular, planos de la escuela, más las habilitaciones municipales correspondientes.

La testigo contó que en el único informe que elaboró señaló que a la escuela le faltaba presentar “la documentación de la entidad propietaria y que no estaba claro el estudio de factibilidad económica”. Además, detalló que en los primeros días de puesta en marcha de la escuela se reunió con los docente a fin de ajustar algunas cuestiones pedagógicas.

En un momento de su comparecencia, la testigo aclaró ante una pregunta de la Fiscalía que “la resolución 240 es clara en cuanto a que la incorporación de una escuela no implica que el Consejo de Educación se haga cargo del pago de sueldos” y que en el caso en cuestión “faltaba la constitución de una entidad propietaria”.

Al ser preguntada por Fiscalía si una entidad estatal, que no sea el CGE, podía crear una escuela, Gabas respondió que no y resaltó que por ello marcaron que faltaba una asociación propietaria.  Luego contó que, tras emitir su informe, en diálogo con los docentes, se enteró que el organismo que presidía Rodríguez pagaba los sueldos.

“Eso lo supe en el transitar de la escuela, simplemente por comentario de los maestros”, sostuvo, y agregó que no fue tema del que debió ocuparse ya que “las contrataciones quedan en el ámbito privado, entre los empleadores y docentes”.

Más tarde, la empleada del CGE sostuvo que las escuelas de gestión privada “deben iniciarse de forma independiente a los fondos provinciales” y que “generalmente las escuelas empiezan a desempeñarse sin aportes del CGE, por lo tanto tienen que mostrar solvencia económica hasta tanto la Dirección de Privada pueda atender esos sueldos”.

El abogado Miguel Ángel Cullen, que defiende a Rodríguez, preguntó si se objetó que Vialidad sea propietaria de la escuela, a lo que Gabas respondió que “no explícitamente, pero sí en el punto que falta la constitución de la sociedad propietaria”.

Por último, el letrado le exhibió un documento firmado por la Directora de Educación Privada del CGE, Patricia Pellerio de Todoni, en el que sostenía que la escuela de Vialidad contaba con solvencia económica para funcionar.

Luego testificó Claudia Céspedes, otra integrante del equipo técnico de la Dirección de Enseñanza  Privada, quien no realizó un aporte significativo, más que confirmar que la habilitación de la escuela fue peticionada por las autoridades de Vialidad.

Más tarde declararon dos empleadas de maestranza de la escuela de Vialidad que ingresaron en 2014. Ambas confirmaron que firmaron un contrato con el organismo, aunque, en el caso de una de ellas, hubo una diferencia notoria que la Fiscalía subrayó.

Una de las empleadas contó que entró a trabajar el 8 de abril de ese año, sin embargo, la Fiscalía advirtió que existe un contrato firmado con la Asociación Civil Los Viales fechado el 7 de febrero de 2014. Sin decirlo, los representantes del Ministerio Público Fiscal pusieron en evidencia la imposibilidad de que ello haya sido posible, ya que la entidad se creó el 4 agosto de ese año.

Qué hizo Vialidad


Más tarde declaró el jefe de Despacho de Vialidad, Héctor Milocco, el hombre ante quien firmaron los contratos las docentes de la escuela de Vialidad y que dieron cuenta de ello en la audiencia de este martes. Ante la pregunta de Fiscalía, el veterano empleado con 46 años de antiguedad confirmó que los contratos se realizaban por orden de Rodríguez y que su trabajo se limitaba a preguntar nombre, apellido y domicilio de los beneficiados.

-Alguna vez usted hizo algún contrato para la escuela Heraclia Ruiz Díaz –preguntó la fiscal Yedro.

-No, todo para la Dirección Provincial de Vialidad-contestó Milocco.

Minutos después ingresó a la sala María Victoria Bournisent, quien en 2014 era segunda jefa de Recursos Humanos de Vialidad. La mujer sostuvo que puso en conocimiento de Milocco que observó incompatibilidad horaria en dos docentes contratadas, y especificó que el auditor Humberto Tano, del Tribunal de Cuentas, tenía acceso a toda la información.

Luego fue el turno de Néstor Hernández, quien también dio precisiones sobre su trabajo en la Dirección de Despacho, y cuyo jefe era Milocco. El empleado afirmó que su superior “nos entregaba los contratos ya firmados por las personas” y que su tarea sólo era procesarlas.

Los últimos dos testigos revelaron cómo nació la Asociación Civil Los Viales, conformada para administrar la escuela del organismo.

En primer lugar, Oscar Anciliotti, de la Dirección de Mantenimiento y Suministros, dijo que trabajaba “a metros” de uno de los acusados, Néstor Kemerer, y que fue éste quien lo invitó a conformar la Asociación Civil Los Viales porque “era una exigencia indispensable del Consejo General de Educación”.

Precisó que la entidad se formó el 4 de agosto de 2014 y que el acta de constitución se firmó en la oficina del Director, en presencia de Rodríguez, Kemerer y otros. Desde entonces, dijo, la asociación no se reunió ni una sola vez.

Por último testificó Alfredo Larrosa, un empleado de la Dirección de Mantenimiento y Suministros que también forma parte de la Asociación Civil Los Viales y que lo hizo por invitación de Kemerer, es decir, su jefe. “Nos llamó a su oficina y nos comentó que el Consejo estaba solicitando este requisito”, contó.

Luego sostuvo que, desde aquella conformación, la asociación nunca se reunió, que no sabe si al día de hoy “fue dado de baja” y que no sabía que dentro de esa organización había sido designado como vocal titular.

El juicio continuará este jueves con seis nuevos testimonios.

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora