La Cámara de Casación de Paraná rechazó el recurso que había presentado la defensa del empresario Ricardo Barreiro, mediáticamente conocido como el “Jardinero K” y confirmó la sentencia a un año y medio de prisión condicional, dictada el 22 de mayo de 2017 por el vocal de Juicio y Apelaciones de Paraná Pablo Vírgala.

El tribunal, compuesto por los vocales Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano, desestimó los agravios planteados por los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, quienes ejercieron la defensa técnica de Barreiro.  Al emitir su voto, Perotti rechazó por inconsistente el primero de los agravios planteados por Barreiro, que a través de sus defensores argumentó desconocer su condición de funcionario público al momento de inscribirse como proveedor del Estado provincial.

Para desestimar ese planteo el camarista recordó el dictado del decreto 2.693/12, del 12 de agosto de 2012, a través del cual se designó a Barreiro como coordinador ad honorem de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos.

Respecto de la falsedad ideológica, el segundo agravio puesto en consideración, Perotti consideró que estaba acreditado, ya que participó con su firma RP Transportes en la Licitación Pública Nº 30/12 y resultó adjudicado, percibiendo 220.000 pesos por sus servicios.

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“De tal modo, y en definitiva, coincido con el Juzgador en cuanto a que en la conducta del inculpado concurren, efectivamente, tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo propio de la figura penal escogida (art. 293 del CP), razón por la cual cabe rechazar la impugnación presentada por los Defensores y confirmar la sentencia condenatoria, lo que así propicio”, precisó Perotti al fundamentar su voto, que contó con las adhesiones de las vocales Davite y Badano.

El Jardinero K había llegado a Casación en junio de 2017. Entonces,  Barreiro interpuso un recurso de casación contra la sentencia del juez Pablo Vírgala que el  23 de mayo del año último lo condenó a la pena de un año y medio de prisión condicional, más el doble del tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y a cumplir tareas comunitarias al hallarlo culpable del delito de falsificación de documento público.

La causa se disparó tras la denuncia que se hizo en su contra por haber introducido, el 1° de octubre de 2012, la aseveración de que no era funcionario provincial en una declaración jurada ante el Registro de Proveedores de Entre Ríos, a pesar de que existía un decreto por el cual se lo designó como coordinador, ad honorem, de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales (Ceicer), que estuvo a cargo de su amigo de militancia, Sebastián Lorenzo.

Tal falsedad le permitió ser incorporado en el listado de proveedores del Estado, presentarse en una licitación pública del Ministerio de Turismo, que –al ser único oferente- le adjudicó el contrato de transporte por treinta días para llevar alumnos a Tecnópolis por un total de $220.000.

Sin embargo, los abogados de Barreiro, Raúl Barrandeguy y su socio Candelario Pérez, interpusieron el viernes último el recurso de casación afirmando que no quedó probado que su cliente tuviera conocimiento de que era funcionario público al momento de firmar la declaración jurada del Registro de Proveedores del Estado.

No es la única complicación judicial que tiene el Jardinero K.  Desde finales de septiembre último quedó detenido, involucrado en la mega causa de los cuadernos de la coima, que investiga el juez federal Claudio Bonadío.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.