El Gobierno estableció una nueva normativa para la incorporación de personal al Estado bajo la modalidad de contrato de obra, y entre los requisitos que ahora se exigirán, figuran un certificado de buena conducta y también de antecedentes penales.

Además, el ordenamiento que ahora cobró vigencia ordena que “a la suscripción del contrato deberá exigirse la presentación por parte del contratista de la constancia vigente de inscripción” en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y en la Adminsitradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), “en la actividad para la cual se solicita ejecutar la obra y libre deuda”.

“En cualquiera de las etapas que se determine el incumplimiento de lo requerido en los puntos anteriores, se girarán las actuaciones al organismo iniciador para que disponga sin más trámite su archivo”, agrega.

Uno de los cambios más auspiciosos que observan desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) es el plazo más corto de renovación de los contratos.

¿Cuántos empleados bajo contrato de obra hay en el Estado? Oscar Muntes, titular de ATE, dice que según los números oficiales, son 1.300, pero estima que la cifra podría ser superior.

Según el decreto N° 4.526, del 21 de diciembre último, 30 días “corridos antes del vencimiento del plazo establecido en la cláusula anterior, ´El Contratista´ podrá solicitar fundadamente una prórroga del mismo, por un término que no podrá exceder la mitad del plazo originario. La prórroga deberá ser autorizada por ´El Comitente´ dentro de los 30 días corridos de solicitada. Dicha prórroga no dará derecho a retribución alguna
bajo ningún concepto”.

La normativa que regula los contratos de obra en el Estado data de 2008, durante la primera gobernación de Sergio Urribarri. Ahora, el gobierno de Gustavo Bordet -fruto de la negociación con los sindicatos del Estado en la mesa paritaria- buscó “modificar el reglamento vigente estableciendo una mayor rigurosidad en los recaudos de inicio de los trámites, alterando las instancias de control e intervención de los órganos técnicos durante la sustanciación del expediente que culmina con el dictado del acto administrativo de aprobación de los contratos, con el propósito de lograr mayor celeridad,  eficiencia y eficacia en el actuar de la Administración”.

Así, y “de acuerdo a la experiencia en la aplicación del reglamento que se reforma, se interesa disponer un procedimiento abreviado, bajo el cumplimiento de los recaudos que en el presente se establecen”, a lo cual se agrega que “con el objeto de simplificar el trámite administrativo, se delega en los señores Ministros Secretarios de Estado, en el Secretario General de la Gobernación y en los Secretarios de Ambiente y Producción, estos últimos en tanto dependen funcionalmente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, el dictado del acto administrativo que apruebe el contrato a suscribirse, siempre y cuando cuenten con la respectiva autorización previa del gasto del señor Gobernador de la Provincia”.

El texto del decreto fija que “se quiere dejar asentada la responsabilidad de los funcionarios intervinientes por l inobservancia del presente reglamento, considerándose además nulo todo lo actuado”.

Hasta ahora regía el decreto N° 3.722, dictado el 25 de junio de 2008, que estableció que para la formalización de los contratos de locación de obras el organismo “interesado” debía enviar una nota de slicitud al ministro o secretario de Estado del área respectiva; luego, el ministro o secretario de estado, “previa consideración de la oportunidad y conveniencia de la contratación interesada, dará intervención a la Dirección de Administración correspondiente” sobre disponibilidad de recursos.

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Con el informe sobre la disponibilidad de partidas, el trámite se elevaba al Poder Ejecutivo “para autorizar o no la continuidad del trámite”. En caso de resultado favorable, la actuación se remitía a la Dirección General de Personal, que debía emitir informe “si la persona que se propone contratar es beneficiaria de algún plan nacional u otro análogo que le impida percibir otro ingreso, y una vez cumplimentado con dicho control, procedará a remitir a la Asesoría Legal de la jurisdicción para su intervención”.

El informe de la Asesoría Legal iba luego al Servicio Administrativo Contable del ministerio respectivo para intervención del auditor contable. “Una vez cumplimentada con dicha intervención, y de no mediar objeciones por dicho servicio, se remitirá el trámite a la Dirección de Despacho Jurisdiccional para la redacción del instrumento pertinente”, decía la normativa.

La Dirección de Despacho era la encargada de suscribir el contrato. con el proyecto de decreto respectivo para su aprobación. Así, con el visto bueno del ministro o secretario de Estado del área, el trámite iba entonces a la Secretaría legal y Técnica de la Gobernación, “la que por intermedio de la Secretaría General y de Relaciones Institucionales de la Gobernación, pondrá las actuaciones a despacho del Señor Gobernador para su consideración”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.