Alejandro Almada, funcionario del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, uno de los siete implicados enviados a la cárcel con prisión preventiva en el maro de la causa de los  contratos truchos, pidió ser beneficiado con el arresto domiciliario. Almada es cuñado de Juan Pablo Aguilera, este a su vez cuñado del exgobernador Sergio Urribarri,  imputado en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura como una de las cabezas de la “organización criminal” que se dedicó a sustraer  $2.000 millones de las arcas del Estado, según la acusación de la Fiscalía.

El tratamiento de esa petición, formulada por sus abogados defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, será en una audiencia pública en día insólito en Tribunales: este domingo  30, a las 11, ante la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata. Cullen y Vartorelli plantearon la necesidad de que Almada, que acaba de ser padre y gozó de 10 días de arresto domiciliario por esa razón, pero que este domingo debe ingresar a la Unidad Penal, entienden que su situación debe equiparse a la de los otros siete implicados en la causa de los contratos que, en base a un recurso de habeas corpus, pudieron abandonar la cárcel y gozar de arresto domiciliario con tobillera. Entre los beneficiarios, está el cuñado Aguilera.

Concluido el período de 10 días para cuidar a su hija recién nacida, Almada debería ingresar este domingo a la cárcel. Ante esa situación, sus defensores Cullen y Vartorelli pidieron a la jueza Barbagelata –que dispuso la prisión preventiva por 90 días el último sábado 15 de diciembre– peticionaron “que no se traslade a Alejandro  Almada a la Unidad Penal Nº 1 de esta ciudad. “El día 18 de diciembre del corriente año, se incoó un habeas corpus ante el Juez de Garantías Mauricio Mayer, por entender que no estaban dadas las condiciones para que Juan Pablo Aguilera (co-imputado de Almada) estuviera en Prisión Preventiva en la Unidad Penal, en base a un informe del Servicio Penitenciario que establecía la imposibilidad del alojamiento de Aguilera (y de todos los procesados) en las condiciones que V.S. había impuesto”, dice el escrito de los defensores de Almada.

Ante la decisión de la jueza de disponer el ingreso de Almada a la Unidad Penal desde las 9 de este domingo, “debiendo alojarse en pabellón separado de los condenados”, los defensores hicieron notar que el cuñado de Aguilera “se encuentra en la misma condición que motivaron el Habeas Corpus que se encuentra tratando en el S.T.J.E.R., y la única circunstancia por la que no se planteó el remedio en su nombre, fue porque en aquel momento se encontraba bajo
la modalidad de prisión domiciliaria por lo que no tenía la violación del derecho constitucional de manera actual”.

“Esta situación -agrega el escrito-, en mérito a lo que acaba de resolver la Señora Jueza de Garantías, varió sustancialmente por lo que estamos frente a una inminente afectación de los derechos constitucionales y convencionales, que impiden que exista un agravamiento en las
condiciones de detención dispuesta por S.S. Entendemos que esperar a que se efectivice el traslado para luego realizar un nuevo Habeas Corpus genera un dispendio jurisdiccional y
una exposición a riesgos absolutamente innecesaria”.

Luego, señalan que según la acusación de la Fiscalía, Almada, Aguilera y Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de Diputados -a los tres se les aplicó preventiva por 90 días el sábado 15- serían “la cúspide de una organización que habría sustraído 2000 millones de pesos (claro que sin ningún tipo de apoyatura probatoria, tal como lo reconoció la propia fiscalía) y pretender encerrarlos en lugares donde se encuentran personas condenadas, genera un riesgo innecesario, y que además se produce conculcando las garantías constitucionales básicas”.

Los defensores plantearon que “la Fiscalía generó un riesgo innecesario al sostener que Almada era parte de la cúpula de una asociación ilícita que habría sustraído más de 2000 millones de pesos y luego pretende encerrarlo en una unidad carcelaria donde convivirá con personas condenadas, muchos de ellos por delitos contra la propiedad”. En razón de esa situación, Cullen y Vartorelli pidieron a la jueza Barbagelata que “se mantenga la situación de prisión domiciliaria de Alejandro Luis Almada hasta que recaiga sentencia definitiva en el Habeas Corpus”.

“No existe ningún tipo de perjuicio para el progreso de la causa, suspender el traslado hasta que se resuelva el Habeas Corpus, y por el contrario no hacerlo implicaría que debamos plantear un nuevo remedio extraordinario con el desgaste jurisdiccional que ello implica”, añaden en el escrito, en el que hicieron notar que “desde su prisión domiciliaria, Alejandro Luis Almada cumplió y cumplirá con todas y cada una de las obligaciones que V.S. le impuso”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.