La defensa de los imputados en la denominada causa de los contratos truchos de la Legislatura y a los que se les aplicó el sábado 15 prisión preventiva por 90 días -Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso- apeló este miércoles la decisión de la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata.

Así lo anunció el abogado Miguel Cullen, codefensor de Aguilera, Almada y Cardoso, aunque reconoció que es pesimista respecto a lo que pueda resolver la jueza de juicio María Carolina Castagno, que en las últimas apelaciones ha confirmado lo resuelto en primera instancia. “Si sigue lo sistemático que ha venido pasando, seguramente lo rechazará -aseveró-. En ese caso, luego iremos a Casación y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Nosotros creemos que nos asiste la razón. Creemos que se ha violado la Constitución. Se ha tomado como regla la prisión preventiva, cuando debería ser la última de las decisiones, porque se priva de un derecho constitucional. Esperemos ser escuchados en algún estamento de la Justicia provincial”.

Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry habían pedido preventiva hasta que la causa de los contratos sea elevada a juicio, entre finales de marzo y principios de abril, según calcularon, pero finalmente Barbagelata sólo accedió a aplicarles 90 días de prisión en la Unidad Penal N° 1 a Aguilera y a Almada; en cambio, Cardoso tiene prisión domiciliaria, por ese mismo lapso.

Aguilera es considerado por el Ministerio Público Fiscal como “una de las cabezas” en la pirámide de mandos de la “organización criminal” que se dedicó, en la última década, a sustraer unos $2.000 millones de recursos de la Legislatura entrerriana mediante la confección de contratos laborales truchos, cuya administración estaba en poder de estudios contables externos al Estado, pero que reportan a hombres clave de la política. Se habló, no sin cierta malicia, a la existencia de “El Número 1”, a quien no se identificó.

En esa trama de responsables en la cúspide de la pirámide de mandos, también tienen un lugar de privilegio el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, y el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, empleado de Cardoso y cuñado de Aguilera. Estos dos últimos están involucrados, además, en la causa que lleva la Justicia Federal ante la presunta existencia de una mesa de dinero en el Senado entrerriano en la anterior gestión de gobierno. Almada, además, suma una segunda causa en el fuero federal luego de ser detenido, a comienzos de 2018, en un operativo sorpresa en el Acceso Norte a Paraná con casi $370 mil en efectivo cuya procedencia no pudo justificar.

Cullen está en contra de la postura que aplica la prisión preventiva como regla y no como excepción. “Entre Ríos ha sido una provincia que ha dado muestras de muchísima racionalidad y de respeto por los derechos humanos habitualmente en los fallos judiciales. Desgraciadamente hace algún tiempo que en algunas causas, no en todas,  estamos volviendo para atrás. Esto está pasando también a nivel nacional. Y esto no lo dice Miguel Cullen: lo dijo nada menos que el integrante de la Corte (Horacio) Rosatti. Hay una justicia para algunos, y otra justicia para otros. Eso lo dijo Rosatti, no lo dije yo, por las dudas después no se hagan los ofendidos”, ironizó.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el letrado se mostró sorprendido por la reacción que ha tenido en la Justicia algunos planteos, como la recusación de la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche. En particular, se refirió al pronunciamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, que anunció la creación de un observatorio para hacer un seguimiento de lo que se entiende como acciones que buscan la afectación de la independencia judicial. “Lo siento como una limitación al ejercicio al derecho de defensa -dijo Cullen-. Nosotros intentamos llevar adelante una acción que está legislada, que es la recusación, y nos sacaron tres comunicados, como que eso interfería. Las herramientas que tiene el Código parece que tampoco las podemos usar porque lo toman como si fuera un ataque, un agravio”.

Pero enseguida apuntó: “Esas son cuestiones accesorias. Acá lo importante es que tenemos personas privadas de su libertad, a quienes no se les está respetando, según la interpretación que hago yo, el principio de inocencia y del debido proceso legal. Entiendo que es un clima de época. Deberíamos leer bien lo que dijo el ministro de la Corte Rosatti. Y la Corte va a tener que hacer algo con esto. En causas de mucha notoriedad, la prisión preventiva se convierte en la regla y no en la excepción, y eso está mal”, subrayó.

De igual modo, auguró, “no creo que haya posibilidades de revertir esta posición. Tanto la jueza de Garantías como la jueza de apelación han demostrado en las prisiones preventivas que tienen una tendencia muy clara en sostener la posibilidad de entorpecimiento, que no lo hubo, y por eso van a sostener las preventivas. Hay una decisión tomada que va a ser muy difícil revertir. Tenemos muchísima fe en la Sala Penal, que siempre ha respetado los derechos. La solución va a venir desde el más alto tribunal”.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.