El juez de Garantías Elvio Garzón abrió este domingo un cuarto intermedio para resolver la situación procesal de Hugo Mena, considerado uno de los reclutadores en la causa de los contratos truchos de la Legislatura, una maniobra que, según la tesis de la Fiscalía, le habría producido un perjuicio al Estado del orden de los $2.000 millones y que tiene imputadas a 32 personas.

En primera instancia, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry pidieron que Mena, que fue detenido el viernes tras un allanamiento en su domicilio y en el que se incautó elementos clave para la causa, sea mantenido con prisión preventiva por 12 horas más, hasta que la jueza “natural” de la causa, Marina Barbagelata, pueda definir la extensión de la preventiva.

Además, señalaron que la Fiscalía tiene bajo custodia seis cajas que se secuestraron en el domicilio del imputado y pidieron que el lunes por la mañana sean abiertas con la presencia de los abogados defensores, que deben ejercer el control del procedimiento.

Por su parte,  los abogados de Mena, Humberto Franchi y José Velázquez, se opusieron a que la prisión preventiva deba resolverla mañana lunes la jueza Barbagelata y remarcaron que el juez Garzón está facultado para entender en el trámite.

Franchi, además, resaltó que su cliente no entorpeció la investigación. Refirió que en lo que va del proceso, la Fiscalía allanó en cuatro oportunidades a Mena y que el material secuestrado en esta oportunidad siempre estuvo en el hogar. “No puedo entender como jurista cuál sería el entorpecimiento de nuestro pupilo que tenía documental en su casa, que fue llevada en cuotas. Esta es el cuarto allanamiento: el primero fue después del 20 de septiembre de 2018; el segundo fue a los 10 días, donde fue detenido; el tercero se lo hicieron en noviembre y este es el cuarto. Mena y toda su familia le abrió la casa (a la Fiscalía), verificaron y llevaron otra documental que no llevaron en los otros allanamientos. ¿Dónde está el entorpecimiento?”, planteó Franchi.

Garzón coincidió con el planteo de la defensa y decidió que este domingo se resuelva la situación de Mena. Por ello, resolvió que se proceda a la apertura de las cajas y se informe a los demás abogados de los imputados para que se presenten en Tribunales o presten su consentimiento.

Tras un breve cuarto intermedio, la audiencia se reanudó a las 14. El juez Garzón informó que la Oficina de Gestión de Audiencias se comunicó con la mayoría de los abogados de los demás imputados, quienes dieron su consentimento para que las cajas secuestradas en la casa de Mena sean abiertas y analizadas por las partes presentes en la audiencia.

Se indicó que dieron su aprobación los abogados Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli, Marcos Rodríguez Allende, Emilio Fouces, Santiago Halle y otros. No obstante, se dejó asentado que el personal de Tribunales no pudo contactarse con los abogados Raúl Barrandeguy, José Candelario Pérez e Ignacio Díaz.

La documental secuestrada

La fiscal Patricia Yedro informó al juez que son seis las cajas con documentación que se secuestraron el viernes último en la casa de Mena. Especificó que una caja tiene la inscripción “Impuestos Pérez 2008-2009-2010”; y que en otras hay 189 folios con documentación impositiva; comprobantes de pago monotributos; 96 sobres manila con información impositiva; tres cuadernos espiralados con anotaciones; contratos de locación de obra y un listado con el título “Casos con problemas de clave fiscal”. Además, se secuestró un teléfono celular propiedad de Mena.

Tras ello, el juez Garzón, los fiscales y los abogados defensores se trasladaron al edificio del Ministerio Público Fiscal, ubicado sobre calle Santa Fe al 290, donde se procedió a la apertura de las cajas bajo custodia. Después de ese trámite, el magistrado dispuso un cuarto intermedio hasta las 19, donde se resolverá si Mena continúa en libertad o se le aplica la prisión preventiva.

 

El aporte


El abogado paranaense Milton Ramón Urrutia pasó a tener un papel clave en la megacausa penal que investiga los contratos truchos en la Legislatura -32 imputados, un perjuicio que se estima en los $2.000 millones-: esta semana presentó un escrito al Ministerio Público Fiscal y adjuntó documentación que llegó a su domicilio misteriosamente, dizque adentro de una caja de cartón de “Huevo Feliz”. La intervención de Urrutia motivó que este viernes se allanara la vivienda de Hugo Mena, considerado uno de los principales “reclutadores” de contratados lo que derivó en su detención.

Urrutia pidió a la Fiscalía agregar la documentación que le llegó al expediente caratulado “Beckman Flavia Marcela, Scialocomo Esteban Angel Alberto, Alvarez María Victoria s/Estefa”, que tramitan los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. En su escrito dijo que “vengo a acompañar evidencia sumamente cargosa que podría servir para la averiguación de los hechos investigados en el presente legajo”. Y propuso “diligencias y en caso de resultar certeza positiva se solicita se impute a cada uno de los titulares de los talonarios por la comisión del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio del erario provincial, y se los castigue al máximo de la pena prevista en la escala del Código Penal”.

Dijo el letrado –que fue querellante en la causa del cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años por abuso y corrupción de menores, y también defensor del cura Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 25 años por abuso y corrupción de menores- que “la evidencia que se acompaña ha llegado al suscripto de manera anónima, habiendo sido dejada en la puerta del inmueble donde habito siendo depositada en una caja de cartón color madera y amarilla, que en letras reza ´Huevo Feliz´”.

Dentro de esa caja, detalló, encontró 90 talonarios de imprenta Sur, de Gustavo Olechar;y  2 talonarios de imprenta Galvez, de Alfredo Caíno. Y detalla a quiénes corresponden esos talonarios.

No es la primera vez que Urrutia se inmiscuye en la causa contratos. En abril último se presentó en el Ministerio público Fiscal  con una denuncia para que se amplíe el alcance de los investigados en la sonada causa de los contratos apócrifos de la Legislatura.

En un escrito dirigido a la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, Urrutia denuncia la presunta comisión del delito de malversación de fondos públicos, previsto en el artículo 261 y 262 del Código Penal, contra José Eduardo Lauritto, José Orlando Cáceres, Adán Humberto Bahl y Raúl Taleb.

Laurito es el actual intendente de Concepción del Uruguay y fue presidente de la Cámara de Senadores en los periodos 2007 a 2011; el mismo cargo ocupó Cáceres entre 2011 y 2015; y desde 2015 ocupa Bahl. En tanto, respecto de Taleb, recuerda que fue vicepresidente primero del Senado en los periodos comprendidos entre 2007 a 2011.

Otros denunciados son Néstor Diez, subdirector de la Dirección General de Administración entre 2007 y 2011; Lautaro Schiavoni, prosecretario del Senado provincial entre 2011 y 2015; Maximiliano Argento, subdirector de la Dirección General de Administración entre 2015 a 2018; Emanuel Redondo, tesorero de la Dirección General de Administración entre 2015 a 2018; y Andrea Zoff, secretaria coordinadora entre 2015 2018, y actual precandidata a viceintendenta en fórmula con Bahl.

Mena, que ahora vuelve a la cárcel, ya ha había estado en la cárcel y fue liberado en febrero último tras cumplir prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná. Uno de sus defensores, José Velázquez, se mostró sorprendido con el allanamiento y la posterior detención de su pupilo. “No sé nada”, respondió ante la consulta de Entre Ríos Ahora.  En la Fiscalía aseveran que tras el allanamiento del viernes se halló en su poder documentación relevante para la causa que no había sido secuestrada en el primer procedimiento, en 2018.

 

La investigación


El hecho imputado hasta ahora por la Fiscalía dice que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

En ese sentido, se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (IAPSER) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.