La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso este viernes “la inmediata libertad, con restricciones” para Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso, quienes están imputados en el marco de la causa de los contratos truchos de la Legislatura, en el que se investiga una defraudación de $2 mil millones entre 2008 y 2018.

Aguilera es el cuñado de Urribarri, y se desempeñaba como secretario del bloque de senadores del PJ; Almada es empleado legislativo, que se desempeñaba en  la Dirección del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados; y Cardoso es el exDirector Administrativo Contable de la Cámara Baja.

Los tres pasaron esta semana por el Ministerio Público Fiscal en el marco de una convocatoria para ampliar su indagatoria. El lunes se abstuvieron de declarar Gustavo Pérez, exDirector del Servicio Administrativo Contable del Senado; y el contador Roberto Faure. En tanto que el martes se abstuvieron de declarar Aguilera y Almada; mientras que Cardoso se negó a declarar este jueves.

Atento a que este viernes vencía el plazo de las prisiones preventivas por 90 días dictadas el 15 de diciembre, en audiencia los fiscales Patricia Yedro e Igancio Aramberry solicitaron una prórroga de 37 días de prisión preventiva para los acusados. En el caso de Aguilera y Almada, a continuar bajo la modalidad de arresto en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná; y en la modalidad domiciliaria para Cardoso.

La Fiscalía buscó que se extienda el arresto hasta el 21 de abril. En tanto, que los abogados Marcos Rodríguez Allende –por Aguilera-, Guillermo Vartorelli –por Almada- y Emilio Fouces –de Cardoso- pidieron la inmediata libertad puesto que no se probó que los acusados hayan entorpecido la investigación penal preparatoria.

Tras escuchar a las partes, la jueza dispuso la “inmediata libertad, con restricciones”. Si bien los fundamentos de la resolución recién se conocerán a media mañana, se estima que las restricciones que pesarán ahora sobre los acusados tienen que ver con no tomar contacto con testigos de la causa o acercarse a las áreas de Gobierno en la que se desempeñaban.

Planteo de los fiscales

En primer lugar, el fiscal Ignacio Aramberry planteó que “estamos en presencia de una asociación ilícita enquistada en uno de los poderes del Estado, que aún sigue operando y no sabemos hasta dónde llega”.

El acusador destacó que aún están a la espera de documentación valiosa para la investigación. Refirió que faltan contratos de un periodo de 6 años de la Cámara de Senadores y de 4 años de la Cámara de Diputados. En el caso de la Cámara Alta, se precisó que se dispone con la información de 2016, 2017 y 2018, años en los que los contratos están informatizados, pero no así de períodos anteriores en los que aún se encuentran en papel.

Para fundamentar la prórroga de la prisión preventiva, el fiscal argumentó que la organización delictiva seguiría operando, y que ello se evidenciaría en la imposibilidad para acceder a información útil para la causa.

A su tiempo, la fiscal Patricia Yedro señaló que recientemente hallaron facturas que datan de 2012 y 2013, pero que se encuentran en muy buen estado de conservación, lo que les hace pensar que en realidad fueron confeccionadas recientemente. Es decir, que se elaboraron facturas y contratos antedatados.

“Son facturas impecables. Esta documentación está siendo confeccionada en este momento. Es imposible que haya sido archivada en estas condiciones”, dijo y aseguró que entrevistaron a nuevos contratados, que niegan haber firmado algún tipo de contrato.

Más adelante, planteó que se está ante una  investigación compleja en la que se les dificulta conseguir información valiosa. Y mencionó que uno de los funcionarios que debe remitir información es Jorge Lázzaro, actual Director del Servicio Administrativo Contable de Diputados, que también está bajo la lupa de la Fiscalía en la investigación.

Por otra parte, la fiscal también afirmó que el Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal corroboró que los teléfonos de Aguilera, Almada y Cardoso fueron adquiridos en octubre de 2018, cuando la investigación ya estaba en proceso. Por ello, sostuvo que “estos altos integrantes de la organización ocultaron información”.

Luego hizo una aclaración sobre los trascendidos respecto de la declaración de Cardoso, de que habría requerido a un grupo de diputados peronistas que firmen 10 contratos apócrifos. “La Fiscalía no desvirtuó los dichos de Cardoso”, remarcó Yedro.

En esta línea, refirió que en su declaración de mediados de febrero, Cardoso mencionó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y otros legisladores. Se trata de Leticia Angerosa, Juan Carlos Darrichón, Juan Reynaldo Navarro y Daniel Ruberto -, que luego sostuvieron que Cardoso les pidió que firmen los contratos bajo el argumento de que había personas que podían quedar sin trabajo.

Los fundamentos de los defensores

Por la defensa, primero habló Guillermo Vartorelli, abogado de Almada, quien consideró que la Fiscalía no logró probar que existe un riesgo procesal actual, como así tampoco en diciembre, cuando se dictó la medida coercitiva.

“La Fiscalía recurre a la despersonalización de las responsabilidades. Se habla de una organización delictiva, y que lo que hace uno debería repercutir en los otros acusados. Por ejemplo, citan que Pérez había pagado sobresueldos en el Senado, y ello repercute en el resto de los imputados”, señaló.

Por su parte, Marcos Rodríguez Allende, abogado de Aguilera, dijo que “no hay elementos nuevos para continuar con la prisión preventiva”. En ese marco, se refirió a dos fallos de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, en el que se indica que para solicitar una prisión preventiva se debe cumplir con tres principios: la excepcionalidad, necesidad y racionalidad.

Uno de los fallos mencionados es en un caso de homicidio, de fecha 7 de agosto de 2013, en el que el STJ dijo que “no se puede hacer conjeturas” para fundar una medida de este tipo. También recordó el reciente fallo de la misma Sala Penal en la causa contratos, que dispuso el cese de las preventivas para los primeros detenidos del caso: Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Sciolocomo y Alfredo Bilbao.

Sobre la documentación de la que aún no se ha podido hacer la Fiscalía, dijo: “No es culpa de Aguilera que falte la documentación. El Ministerio Público Fiscal nos dijo quiénes son los funcionarios que no cumplen. Pidan la prisión preventiva de esos funcionarios”, enfatizó.

Finalmente, Emilio Fouces, abogado de Cardoso, sostuvo que la Fiscalía fundamentó la prórroga de la preventiva de modo general, no hablando de hechos concretos que indiquen que su defendido haya entorpecido la investigación.

“Se acaba de decir que Cardoso tiene el poder para hacerle firmar contratos truchos contra su voluntad a Diputados con trayectoria política”, dijo y agregó que su defendido  no tiene el poder para doblegar a legisladores y mucho menos al presidente de la Cámara Baja, Sergio Urribarri.

También cuestionó que la Fiscalía haya introducido elementos que no hacen a la discusión de la prisión preventiva. A su vez, sostuvo que su cliente siempre tuvo una actitud “proactiva” para con la investigación y que siempre restó colaboración porque es consciente de su inocencia.

A su vez, citó el fallo de la Sala Penal del STJ, que dispuso el fin de las preventivas para Beckman y otros co-imputados en la misma causa, e hizo suyos los fundamentos que dio en su voto el vocal Daniel Omar Carubia.

Tras escuchar a las partes, la jueza Barbagelata dispuso la inmediata libertad, con restricciones, para los acusados. Cardoso, el único imputado presente en la sala, rompió en llanto al escuchar la decisión.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.