Desde el 15 de diciembre de 2018, Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, se encontraba bajo prisión preventiva domiciliaria, es decir en su casa, porque la Justicia consideró que podía interferir en la investigación de los contratos truchos de la Legislatura.

En aquel entonces, la jueza de Garantías Marina Barbagelata también dispuso 90 días de prisión preventiva para Juan Pablo Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri; y Alejandro Almada, empleado de la repartición a cargo de Cardoso. Pero para ellos estableció que debían cumplirla en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Aguilera es considerado por el Ministerio Público Fiscal como “una de las cabezas” en la pirámide de mandos de la “organización criminal” que se dedicó, en la última década, a sustraer unos $2.000 millones de recursos de la Legislatura entrerriana mediante la confección de contratos truchos, cuya administración estaba en poder de estudios contables externos al Estado, pero que reportan a hombres clave de la política. Se habló, no sin cierta malicia, a la existencia de “El Número 1”, a quien todavía no se identificó.

En esa trama, Cardoso y Almada, cuñado de Aguilera, también tenían el rol de conseguir realizar contratos apócrifos para recaudar. En aquella audiencia de diciembre, la magistrada explicó por qué Cardoso debía cumplir la preventiva en su casa y no en la cárcel. Dijo que si bien el exfuncionarioestaba al tanto de las contrataciones truchas, no tuvo un rol central, sino que, a pesar de ser jefe de Almada, hubo un cambio de roles en la práctica: Almada estaba al mando y Cardoso era un subordinado suyo en las contrataciones.

Almada es una figura ya conocida en los medios que siguen diferentes causas por corrupción. Y es que ya está siendo investigado en una causa que lleva la Justicia Federal ante la presunta existencia de una mesa de dinero en el Senado entrerriano en la anterior gestión de gobierno. También suma una segunda causa en el fuero federal luego de ser detenido, a comienzos de 2018, en un operativo sorpresa en el Acceso Norte a Paraná con casi $370 mil en efectivo cuya procedencia no pudo justificar.

Este viernes, la jueza Barbagelata decidió rechazar el pedido de prórroga de las prisiones preventivas que formularon  los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. Hoy se cumplieron los 90 días dispuestos por la magistrada en diciembre, cuando consideró que había elementos de convicción de que los tres podían entorpecer de algún modo la investigación.

Todos buscaron la excarcelación desde diciembre a  esta parte. En dos oportunidades obtuvieron fallos adversos: primero de la camarista Carolina Castagno y, luego, por parte de la Cámara de Casación Penal de Paraná, que se manifestó con voto dividido: Marcela Badano y Marcela Davite votaron para que Aguilera y Almada sigan en la cárcel, y Cardoso con domiciliaria y monitoreado con tobillera electrónica. En tanto, sólo Hugo Perotti consideró que se podía morigerar la medida con un arresto preventivo domiciliario para todos.

El único imputado que estuvo en la sala de audiencias este viernes fue Cardoso, quien rompió en llanto cuando la División de Tribunales de la Policía le puso las esposas para llevarlo a terminar los papeles de rigor para su liberación. El llanto pareció revelador. Un momento de alivio para alguien que, según consideró la jueza Barbagelata en diciembre, sólo cumplía órdenes de Almada, cuñado de Aguilera.

Y es que el exfuncionario estuvo, al parecer, bajo presión en las últimas semanas. A mediados de febrero, según informó en la audiencia la fiscal Yedro, Cardoso mencionó en su declaración indagatoria a diputados peronistas  para los cuales habría hecho 10 contratos laborales, persumiblemente falsos; y también mencionó el nombre del presidente de la Cámara Baja, el exgobernador Sergio Urribarri.

Por sus dichos fueron convocados a una entrevista los diputados Leticia Angerosa, Juan Carlos Darrichón, Daniel Ruberto y Juan Reynaldo Navarro. Según la acusadora, todos dijeron que en realidad Cardoso les pidió firmar contratos porque de lo contrario varias personas se quedarían sin trabajo.

A raíz de esa declaración y de otros testimonios reunidos, el pasado 6 de marzo la Fiscalía, en el punto referido al acusado, lo reformuló del siguiente modo:  “En particular respecto de Sergio Cardoso, además de intervenir en la gestión de contratos falsos para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación, actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados Navarro, Darrichón y Ruberto la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los “contratistas”, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

El abogado de Cardoso, Emilio Fouces, planteó lo contrario a la acusación, y lo hizo a modo de pregunta: “¿Cómo se puede pensar que Cardoso obligó a diputados con trayectoria política a firmar contratos contra su voluntad? ¿Doblegó también al presidente de la Cámara?”, dijo en clara alusión a Urribarri.

La pregunta sigue, en tanto, sin responderse: ¿Quién ordenó la elaboración de contratos ficticios?

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.,