La “mayor causa por corrupción de la provincia”, como definió el Ministerio Público Fiscal, seguirá, durante los próximos cuatro meses con cuatro único imputados en prisión preventiva -tres en la Unidad Penal N° 1, una en la Unidad Penal N° 6-. Este viernes, cerca de las 14, la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María Carolina Castagno, confirmó la medida que había dispuesto el 19 de octubre último la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelata y confirmó la prisión preventiva de los cuatro por cuatro meses.

Se trata de una causa que busca determinar de qué modo durante el plazo de diez años, entre 2008 y 2018, se sustrajeron de las arcas del Estado una suma estimada en $1.235 millones mediante operaciones de triangulación y utilización de gente necesitada a la que se le hacía un contrato con la Legislatura, pero a la que se le pagaba sólo una parte del mismo. El resto, quedaba en una caja negra y cuyo destino de momento no se sabe. De momento, entre los imputados hay dos senadores nacionales, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, y personajes muy conocidos en las causas por corrupción, como el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

Castagno rechazó los argumentos de los defensores de los imputados, y confirmó que hay riesgo procesal de entorpecimiento de la denominada causa de los contratos truchos en la Legislatura, que arrancó, de modo fortuito, el 20 de septiembre último, cuando un agente de policía detectó una maniobra sospechosa con el retiro de dinero de los cajeros de la sucursal del Nuevo Bersa de calle Alsina. De Inmediato, intervino la División Delitos Económicos, y fue el comienzo de una causa que, se dice, es de envergadura.

Los defensores de Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo y Hugo Mena, Humberto Franchi y José Velázquez, y los representantes de Alfredo Bilbao, Damián Petenatti e Iván Vernengo, pidieron a la jueza Castagno el fin de la prisión preventiva por cuatro meses, que se los deje en libertad o, como medida sustitutiva, se les aplique prisión preventiva domiciliaria, por un plazo no mayor a los 30 días.

El 19 de octubre último la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata había resuelto prorrogar por cuatro meses la prisión preventiva que pesaba sobre los cuatro detenidos en el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura que investiga la Justicia. Beckman cumple la medida en la Unidad Penal N° 6, mientras que Scialocomo, Mena y Bilbao, en la Unidad Penal N° 1.

La jueza Barbagelata, dijo Castagno, “analizó de forma correcta” el caso y actuó conforme a derecho al dictar la preventiva por cuatro meses. Y consideró que el plazo “es razonable”, por cuanto, en caso de variar las condiciones, “se puede revocar la prisión preventiva”. Habló de la “complejidad” de la investigación, todavía en curso, y dijo no advertir “afectación al principio de razonabilidad” en la extensión de la preventiva.

 

“Populismo punitivo”


El defensor Velázquez arrancó con fuertes cruestionamientos a la investigación judicial que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y habló de un “contexto de populismo punitivo discurso”, con un detrimento del garantismo. “Va a llegar el momento en el que que la palabra garantía se va a convertir en mala palabra, y ni los defensores la vamos a poder utilizarla. Mientras se debilitan las garantías, crecen otros conceptos, como el adelanto de punibilidad, juicio de probabilidad, el adelanto de pena”, dijo.

Y reprochó el argumento de “riesgo procesal” –eventualmente entorpecer la investigación- para mantener en la cárcel durante cuatro meses a Mena, Scialocomo y Beckman. “Ya la Fiscalía y la opinión pública los tienen condenados. ¿Qué pasa entonces con el estado de inocencia?”, se preguntó el defensor. Negó que existiera riesgo de fuga de parte de Mena y Beckman, quienes son pareja desde hace 16 años, y viven en la zona de División de los Andes y Provincias Unidas, que son comerciantes, y que además cuentan con sendos contratos con la Legislatura.

En tanto, recordó que Esteban Scialocomo, el tercer detenido, está en pareja  con una de las hijas de Flavia Beckman, María Victoria Álvarez”, esta última también imputada en la causa, aunque en libertad, con restricciones.

En todos los casos, adelantaron que ante una resolución adversa, irán en Casación, y, además, hicieron reserva del caso federal.

 

La punta del olvillo


Los defensores pusieron el acento en el hecho de que la Fiscalía identificó, imputó y detuvo sólo a cuatro personas, en tanto que hay otras 30 personas que fueron mencionadas pero que ni siquiera han sido citadas a declaración en la Justicia.

El defensor Humberto Franchi habló de “irregularidades” en el actual proceso investigativo. Y citó el hecho de que se dispuso una prisión

“Las irregularidades no son sólo procesales, sino de fondo. Se están investigando delitos gravísimo. Se está discutiendo asociación ilícita, defraudación al Estado y peculado. En la imputación de la Fiscalía, supuestamente hay más de 30 imputados o sospechados. No le queda claro a esta defensa el carácter de esos sospechados. No sé si son imputados o testigos. Lo que sí sé es que no se ha tomado declaración a esas personas. Se ha pedido a algunos funcionarios que designen abogado. Pero no se los citó a indagatoria. Allí tenemos un criterio diferenciado respecto de los que están en la cárcel”, apuntó.

Y agregó: “No entiendo por qué la actividad punitiva se enfoca en contra de estas tres personas, pero el amplio universo de imputados están en libertad. Me pregunto,  ¿esos no pueden entorpecer la investigación? Incluso, la jueza de Garantías, al fundamental la prisión preventiva por cuatro meses, habló de que en esta causa se ha producido un saqueo a las arcas del Estado. Pero extrañamente, cuando se le pide a un organismo del Estado –la Legislatura, NdelR- que aporte pruebas, se niega. ¿Eso no afecta la investigación?”.

Iván Vernengo, defensor de Bilbao, planteó el “desconocimiento” de los defensores de toda la prueba colectada por la Fiscalía, de que hubo prueba pericial sobre computadoras de las que no fueron participados. “No pedimos ver el contenido, no pedimos ver los indicios cargosos. Simplemente pedimos participar, notificarnos, bajo pena de nulidad. No tuvimos esa garantía”, aseguró.

Al contador Bilbao se le reprocha haber “vaciado” la oficina que ocupaba en el edificio de Córdoba y Alameda de la Federación y de haber borrado archivos de su computadora. Vernengo, sin embargo, dijo que “todas las personas entrevistadas por la Fiscalía, con contrato en la Legislatura, ninguna manifestó conocer a Bilbao”.

Y luego agregó: “En la imputación original, se mencionaba, y aún hoy se menciona, más de 30 personas. No pido que a todos los demás se les dé el mismo tratamiento -prisión preventiva-. Estoy pidiendo igualdad de trato. Bilbao no es funcionario público. Nunca pisó la Legislatura. El Ministerio Público Fiscal solicitó información mediante oficio y las autoridades de ambas Cámaras se la niegan. ¿Quién entorpece la investigación?”.

El defensor Petenatti negó riesgo de entorpecimiento de la investigación teniendo a su representado en libertad. Y condenó una apreciación de la jueza Barbagelata al confirmar la prisión preventiva por cuatro meses. “¿De donde sacó la jueza que Bilbao tendría interés de que funcionarios públicos no sean investigados en esta causa? ¿De donde sacó eso la magistrada? La magistrada se ha colocado de parte de la Fiscalía. Es evidente que esto hace de prueba en el quiebre de la imparcialidad de la jueza”.

Y apuntó: “Es descabellado pensar cómo un particular (Bilbao) le va a impedir al Ministerio Público Fiscal poder investigar esta supuesta vinculación con funcionarios públicos”.

“Dice el Ministerio Público Fiscal que esta la causa de corrupción más grande de la historia de Entre Ríos –observó luego-. No me voy a meter en eso. Pero si esto fuera así, y si estos contratos salían de las Cámaras, no se explica cómo los altos funcionarios que según la propia fiscalía están vinculados, con un enorme poder, no podrían obstruir el proceso, y Bilbao sí”.

 

Argumentos de Fiscalía


La fiscal Patricia Yedro contó de cómo arrancó la investigación y qué indicios fueron colectando a lo largo de la investigación que, señaló, está en marcha pero que no ha llegado a su fin. Y argumentó por qué debe sostenerse la prisión preventiva, y dio una serie de argumentaciones, que supondrían entorpecimiento de parte de los encarcelados si fueran puestos en libertad.

Habló de una “superestructura para sustraer dinero del Estado” , y que en ese entramado cada una de las personas tenía su rol asignado. Durante la audiencia ante la jueza Castagno, exhibieron 9 cuadernos con anotaciones de los pagos efectuados, planillas de Excel de la computadora de Bilbao y audios de whatsapp en los que aparece un misterioso “Nico”.

Luego, habló de la existencia de “entre 350 y 500 contratos”, de las entrevistas a “entre 30 y 40 personas”, y que “todos han sido coincidentes en cuanto a que eran engañados sobre el verdadero origen del dinero. Sostienen que les decían que era un subsidio”.

“Existe una trama de vínculos cruzados en la inversión del dinero”, añadió.

A su turno, el fiscal Aramberry habló de “una red de índole parental” que sostendría la organización de delictiva que se investiga, en la que todos tienen algún lazo familiar, a excepción de Bilbao. Igual entre los “beneficiarios”: “Se accedía a ser contratista trucho del Estado porque un hermano, hijo, hija lo era. Se iba corriendo la bola, y se iban suscribiendo, iban siendo captados por Beckman y Mena”.

Habló de la sospecha de que los imputados se hayan enterado antes de los allanamientos, de los beneficios que tendrían en la cárcel por relaciones de parentesco con algún penitenciario, y calificó a Scialocomo “como un verdadero chico de los mandados de Beckman y Mena”.

 

“No sabemos a lo que nos enfrentamos”, señaló al pedir la confirmación de la prisión preventiva,  y rechazó la posibilidad de la domiciliaria, “porque no confiamos” en una medida de ese tipo. “Bilbao manejaba la información negra, la información sucia sobre la entrega de dinero”, calificó más adelante. “No está en los organismos públicos esa información. En los organismos públicos hay información falsa”, agregó.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.