Una nueva audiencia en el marco de la causa de los contratos truchos de la Legislatura se llevó a cabo este viernes. Fue para tratar la apelación a la prórroga a la prisión preventiva de dos contadores, a quienes la Fiscalía ubica como parte de la organización delictiva que habría sustraído del erario público, a través de contratos ficticios, alrededor de $2 mil millones, entre 2008 y 2018.

Los abogados defensores Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, que representan a Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores; y Leopoldo Cappa, defensor del contador Roberto Ariel Faure, solicitaron el fin de las prisiones preventivas de sus defendidos, que se encuentran alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Ante la vocal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, los letrados cuestionaron la resolución de la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, que el miércoles 20 acogió favorablemente una petición formulada por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y dispuso extender por 60 días la prisión preventiva de Pérez y Faure, quienes ya cumplieron 90 días en la Unidad Penal N° 1.

En primer lugar, Cappa planteó que “el Ministerio Público Fiscal no demostró concretamente cómo mi defendido va a obstaculizar el proceso”. Y pidió que se tenga en cuenta el fallo del la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que puso fin a la prisión preventiva de Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Flavia Beckman y Alfredo Bilbao.

Cappa insistió que la Fiscalía no probó que exista algún riesgo procesal, como entorpecimiento de la investigación o posibilidad de fuga y por ello solicitó la excarcelación de Faure.

Además, cuestionó que la Fiscalía fundó la medida coercitiva en la gravedad del hecho, en la magnitud de la operación, en el rol protagónico de los imputados, y que la jueza hizo lugar. Para el abogado, esos argumentos no alcanzan para probar una obstaculización de la investigación.

A su tiempo, el abogado Cullen, defensor del contador Pérez, sostuvo que el fallo de la jueza Marina Barbagelata, fue “auto-contradictorio”, puesto que por un lado comparte principios esgrimidos por la Sala Penal del STJ pero de todos modos extendió la prisión preventiva para los contadores.

Cullen, al igual que Cappa, sostuvo que la Fiscalía no demostró que exista un riesgo procesal actual, idóneo y serio. Señaló que sólo se mostraron mails de 2012 y 2016 y un mensaje de texto de septiembre de 2018 donde su defendido le consultaba a un imputado (Mena) cómo había salido el allanamiento que se realizó en su vivienda.

En otro momento, el letrado remarcó que la jueza Barbagelata “no puede apartarse graciosamente de lo resuelto por el Superior Tribunal. Y mucho menos puede apartarse diciendo que comparte los fundamentos fallando en contra. Ahí sí,  la falla de lógica y la esquizofrenia –de derecho penal- en la que estamos, es absoluta”.

Por su parte, los fiscales solicitaron a la jueza Castagno que confirme lo resuelto por Barbagelata, por entender que su fallo es “razonable y ajustado a derecho”.

El fiscal Aramberry afirmó que no se verificó una obstrucción a la investigación porque fue “efectiva la medida coercitiva” y que la conducta de entorpecimiento de la investigación es “esperable”, tratándose de dos imputados con una responsabilidad importante en la organización delictiva.

El acusador señaló que observaron una falta de valores por parte de Pérez, que llevó a romper las reglas e incluso a corromper a otros empleados del Senado, pagando un sobresueldo por “mantener la mecánica en secreto”.

Indicó que esos sobresueldos fueron probados pero que al momento de tomar testimoniales, los empelados negaron cobro de una suma de más. Ello, para la Fiscalía, demostraría la incidencia de Pérez.

En la misma tónica se expresó la fiscal Yedro, que remarcó que tanto Pérez como Faure tienen “vínculos, contactos y recursos para seguir obstaculizando la investigación”.

«Es inadmisible que Pérez no puede entorpecer la investigación”, dijo. En tanto, respecto de Faure, aseguró que estuvo contratado en la Cámara de Diputados hasta septiembre de 2018, y que en el lapso en el que estuvo libre pudo actuar para obstaculizar la investigación.

Tras escuchar a las partes, al jueza Castagno anunció que dará su resolución a las 13,30.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.