Finalmente, la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, que tiene 7 personas con prisión preventiva domiciliaria, que según cálculos del Ministerio Público Fiscal le produjo un desfalco al Estado del orden de los $2.000 millones y que amagó con llevarse puesta a buena parte de la dirigencia política de la última década, llega para su tratamiento a la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ). De momento, esa máxima instancia sólo intervino de modo tangencial, cuando hizo lugar a un recurso de habeas corpus que, el lunes 24 de diciembre, derivó en el cambio de las modalidades de prisión preventiva que pesa sobre siete involucrados: fueron sacados de las unidades penales y enviados a sus viviendas, con tobillera electrónica.

Pero ahora, los defensores de cuatro de esos siete sindicatos con distinto grado de responsabilidad en la “organización criminal”, tal la denominación que utiliza el Ministerio Público Fiscal, dedicada a operar con los contratos truchos, llegaron a la Sala Penal con un pedido de excarcelación que ha venido cosechando rechazos en distintas instancias. Primero, fue la jueza de juicios María Carolina Castagno; luego, la Cámara de Casación Penal, que incluso rechazó también un recurso extraordinario por considerarlo indamisible

Por eso, ahora el planteo es un recurso de queja ante la Sala Penal, al que los defensores le imprimieron cierta prisa. “Entendemos que es indispensable por la inminente feria estival para que se habiliten días y horas inhábiles para el tratamiento del presente recurso por estar en juego la libertad de nuestros asistidos”, dice el escrito que, en forma separado presentaron los abogados José Velázquez y Humberto Franchi -defensores de Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo- y Damián Petenatti e Iván Vernengo -que representan a Alfredo Bilbao-, y agrega: “La violación constitucional que aquí se denuncia guarda relación directa e inmediata con lo decidido por el Tribunal de Casación, toda vez que se ha llegado mediante arbitrariedad a la conclusión de rechazar por inadmisible la excarcelación impetrada referenciada y violando las reglas de la sana crítica en la apreciación de los dichos y pruebas, no dando respuesta, ni en su mínima expresión, a todas los agravios formulados por la defensa, incurriendo en consecuencia en una fundamentación errónea y deficiente, por ende, aparente, omitiendo aplicar al caso la excarcelación o morigeración de la misma en pos del principio de inocencia que les corresponde a Beckman, Mena y Scialócomo en forma subsidiaria al menos por el principio del In Dubio Pro Reo, conforme se agraviara esta defensa, incumpliendo el deber de contralor, violando las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso que resultan irreparables, como así también el derecho a recurrir el fallo y a que éste sea revisado realmente por un Tribunal Superior”, plantea el texto que firman Velázquez y Franchi.

“Adicionalmente -agrega el escrito- debemos poner de resalto que el fallo criticado vulnera palmariamente otro de los principios incluidos en nuestra Carta Magna y tratados internacionales como lo es el de ser una sentencia contradictoria con la doctrina sentada en fallo anterior del mismo tribunal y del Superior Tribunal de Justicia sobre la misma cuestión, ya que sin lugar a dudas la resolución dictada resulta contradictoria con otras sentencias de la misma Sala 1 de la Cámara de Casación Penal y/o del Superior Tribunal de Justicia sobre los criterios fundantes de la prisión preventiva, por ello esta defensa entiende que en esta investigación penal preparatoria existen justiciables con resultados distintos en esos ámbitos comparativos, y que de no poder hacerlo contribuirían al desprestigio mayor de los tribunales involucrados, incrementando la desconfianza ciudadana en las decisiones judiciales”.

Son los primeros casos que llegan a la Sala Penal del STJ, por cuanto el resto de los implicados tienen dictada la prisíón preventiva, ahora con la modalidad domiciliaria, medida que se discute en tribunales inferiores y que de momento no ha llegado a Casación.

Giorgio, excusado


En forma separada, la Sala Penal está tratando un planteo derivado de un recurso de habeas corpus que el juez de Garantías Mauricio Mayer le dio trámite favorable el lunes 24 al disponer la prisión domiciliaria de siete implicados en la megacausa de los contratos que estaban en distintos unidades penales del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Esa decisión de Mayer fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, y ahora fue derivado a la Sala Penal del STJ. El miércoles 26  Mayer hizo lugar al recurso de apelación que presentaron los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry y la Procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, a la resolución del magistrado que el lunes 24 dispuso la prisión domiciliaria para siete implicados en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, entre ellos el  cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, que así pudo pasar Nochebuena junto a su familia.

Ahora, será la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que integran Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, la instancia que deberá resolver el entuerto. Un primer pronunciamiento, con el voto de Carubia y Mizawak y la disidencia de Giorgio, dio luz verde al habeas corpus que presentaron Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez, decisión que abrió la puerta para que los siete implicados en la causa de los contratos truchos pudieran irse a sus casas, con prisión preventiva domiciliaria.

Desde que la causa pena que investiga el delito de asociación ilícita se abrió, el 20 de septiembre último, ya se dispuso la prisión preventiva de 9 personas, medida de precaución adoptada para evitar que entorpezcan el trabajo de los fiscales. Dos están con domiciliaria: Alejandro Almada, cuñado de Aguilera, y funcionario de la Cámara de Diputados, quien goza de 10 días de domiciliaria por el nacimiento de su hija, pero luego debe volver a la Unidad Penal N° 1, y Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo de Diputados, a quien se le otorgó la domiciliaria por 90 días.

El resto -Aguilera, los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de Senadores, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure, y los “recaudadores” Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo-, estaban alojados, hasta el lunes, en las unidades penales N° 6 y N° 1. Ese día, el juez Mayer hizo lugar a un recurso de habeas corpus, que primero rechazó y después cambió posición en función de una orden que emanó de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y les cambió la preventiva en la cárcel por una domiciliaria.

En su resolución, Mayer entendió que no se cumplió con la disposición de la jueza de Garantías Marina Barbagelata, que dispuso que la prisión preventiva se debía cumplir en pabellones en forma separada de los internos penales con condena firme. Dijo que eso no se verificó, y en su lugar, advirtió un “agravamiento” de las condiciones de alojamiento en los penales. “Los argumentos vertidos por los señores defensores respecto del agravamiento de las condiciones de detención deben ser atendidos en la medida que, en la misma linea de los argumentos vertidos en el pronunciamiento del STJ, vienen a dar anclaje a la situación concreta que transitan sus asistidos en el proceso penal que los involucra. Así, en relación al peligro concreto que corren los detenidos por encontrarse alojados en ésta situación, estimo que resulta atendible lo narrado por el Sr. Defensor de Perez en ésta instancia, que manifestó que Pérez debe autocuidarse día y noche en el establecimiento carcelario ya que en el mismo, las personas alojadas muchos de ellos condenados por graves delitos, se encuentran convencidos por los medios de comunicación que son integrantes de una banda que tiene en su poder la suma de dos mil millones de pesos, lo que expone a cualquier persona en esa condición como blanco predilecto para cualquier tipo de ilícito sobre su persona y también fácil es imaginar que cuanto menos puede sentir pánico respecto de lo que ocurrirá con su vida”, señaló el magistrado.

Pero esa apelación de Fiscalía sobre la resolución de Mayer ya cuenta con una primera baja. El vocal Miguel Giorgio decidió excusarse de tratar el planteo de los fiscales. En su lugar, actuará el vocal Germán Carlomagno, según una resolución firmada por el presidente de la Sala Penal, Daniel Carubia.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.